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Este sería el prófugo Víctor Maldonado en un restaurante de Madrid

La Fiscalía pidió a Interpol que se expida circular roja contra el empresario por caso Interbolsa.

JUSTICIA
El reconocido empresario Víctor Maldonado se convirtió este miércoles en prófugo de la justicia por negarse a asistir a la audiencia en la que la Fiscalía le imputaría cargos por las irregularidades en el Fondo Premium, cuyo descalabro, según los investigadores, supera los 300.000 millones de pesos.
Una juez de Bogotá avaló la petición de orden de captura de Maldonado hecha por los fiscales del caso Interbolsa y con ese documento el ente acusador ya notificó a Interpol para que se expida una circular roja, con lo que se garantizaría su detención en el exterior.
Foto: Archivo particular
Lo último que se supo del empresario es que se encontraba viviendo en un lujoso apartamento en Miami (Estados Unidos). Sin embargo, fuentes le entregaron a EL TIEMPO una imagen en la que aparecería el prófugo empresario en un reconocido restaurante de Madrid, capital española.
El fiscal general, Eduardo Montealegre, dijo que Maldonado “eludió injustificadamente la acción de la justicia y se ha mostrado renuente a comparecer a la audiencia de imputación”.
Agregó que la orden de captura se pidió para que Maldonado “le ponga la cara a la justicia y a las víctimas”.
El empresario estaba citado la semana pasada a una audiencia en los juzgados de Paloquemao en la que se le imputarían los cargos de concierto para delinquir, captación, no reintegro y estafa; sin embargo, no se presentó y a través de su abogado, Iván Cancino, propuso asistir a la diligencia por videoconferencia.
El juez 78, a quien le correspondió el caso, no aceptó la petición y al final de la diligencia fueron enviados a prisión los seis investigados que se presentaron, entre ellos los inversionistas y socios de Maldonado, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo.
Según la Fiscalía, Maldonado, que era uno de los principales accionistas, estaba enterado de las maniobras ilegales en el Fondo Premium y, desde 2009, recibió créditos de las empresas que manejaron plata de los inversionistas y la desviaron a firmas en Colombia.
En el expediente dice que con esas maniobras el dinero de los inversionistas, que debía ir a un fondo de bajo riesgo en Curazao, terminó siendo entregado a empresas como Tres Palmas y Helados Modernos de Colombia, propiedad de Maldonado. La Fiscalía dice que tanto Maldonado como el cuestionado inversionista Alexandro Corridori, detenido por el descalabro de Interbolsa, sabían que no iban a devolver esos millonarios préstamos.
“Ese dinero se le entregó a Maldonado y Corridori sin prendas reales de garantías”, señaló uno de los investigadores.
Iván Cancino, abogado de Maldonado, dijo que su cliente no tiene garantías en Colombia y que él está dispuesto a devolver el dinero que recibió, por lo que ya se han realizado varias reuniones para avanzar en ese proceso. Agregó que Maldonado quiere avanzar en una negociación para obtener beneficios judiciales y que no ha sido posible llegar a un acuerdo con los investigadores.
Suspenden sanción a exjefe de la Superfinanciera
La Procuraduría decidió modificar las sanciones que el 27 de noviembre de 2013 les impuso a varios funcionarios de la Superintendencia Financiera, entre ellos, a Gerardo Alfredo Hernández Correa, quien fuera el jefe de ese organismo, relacionado con la investigación por el caso Interbolsa.
La decisión se da tras atender varios recursos de reposición que interpuso Hernández.
El Ministerio Público lo absolvió de la inhabilidad por 12 años para ocupar cargos públicos que le había impuesto. La sanción la cambió por 10 meses de suspensión.
La Procuraduría suspendió su inhabilidad porque encontró que incurrió en un “error invencible” por omitir una denuncia ante las autoridades por el caso de Interbolsa. El error, según la Procuraduría, se dio porque en mayo del 2009 la Dirección Jurídica de la Superfinanciera dispuso que se denunciaría ante una autoridad competente la presunta comisión de un delito cuando se agotara en esa entidad todo el trámite para determinar una posible sanción, no al principio. Esa fue la razón por la que el Superintendente Financiero no alertó penalmente a las autoridades.
Determinó, además, que la falla que cometió Hernández “pudo haber sido superada con un simple ejercicio juicioso y diligente respecto de los elementos con los que contaba”.
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