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Casa por cárcel para cabeza de Fidupetrol

Confesión de abogado Pacheco es el 'as' de la Fiscalía contra el empresario Helbert Otero.

JUSTICIA
El testimonio del abogado Víctor Pacheco Restrepo, hoy preso y pieza clave en el escándalo de supuesta corrupción en la Corte Constitucional, es la ‘prueba reina’ de la Fiscalía contra el empresario Helbert Otero, accionista de Fidupetrol capturado el jueves por el caso y a quien este viernes en la noche un juez le dictó prisión domiciliaria.
Pacheco asegura que fue Otero quien mostró interés en los “contactos y amistades” que él tenía en la Corte. Y este viernes, ante un juez de Paloquemao, la Fiscalía señaló al inversionista como el determinador del delito de tráfico de influencias para favorecer a su empresa con la selección y fallo de una tutela con la que Fidupetrol pretendía evitar el pago de una multa de 22.000 millones de pesos.
El fiscal del caso sostuvo que Otero tenía el control de Fidupetrol y de su junta directiva, pues a través de su empresa Tecfin tenía el 49 por ciento de las acciones de la fiduciaria. También dijo que fue él quien buscó a Pacheco, reconocido por su capacidad de cabildeo y por su amistad con el magistrado Jorge Pretelt, otro de los salpicados por el escándalo.
Según la investigación, la junta directiva de Fidupetrol encargó a Otero de conseguir el abogado. El 4 de abril del 2013, Otero informó, a través de un correo electrónico, que había estudiado la hoja de vida de los abogados Jaime Córdoba Triviño y de Víctor Pacheco y que había decidido que el último asumiera el caso. “Otero eligió a Pacheco por sus contactos en la Corte”, insistió el fiscal del caso. Cuestionó que fue elegido a pesar de que sus servicios eran más costosos y de que tenía mucho menos prestigio que Córdoba Triviño –quien además había sido presidente de la Corte Constitucional–, sumado al hecho de que el abogado residiera en Barranquilla y no en Bogotá, donde se adelantaba el proceso.
Pacheco le dijo a la Fiscalía que Otero lo llamó a su teléfono y luego se reunieron en su oficina privada en Bogotá, en donde “se afinaron los detalles del trabajo y los honorarios”. Fue con Otero con quien se acordó el otrosí por 152 millones de pesos que, según la Fiscalía, enmascaró el pago por lograr que la tutela fuera seleccionada por la Corte.
Agregó que se reunió en varias ocasiones con Otero para informarle sobre los avances de su trabajo: “Él sabía que yo tenía información interna sobre el trámite de la tutela”, dijo Pacheco a los investigadores tras indicar que obtenía información por medio de Natalia Huertas, funcionaria del despacho de Pretelt.
El abogado aseguró que habló con Otero antes de firmar el otrosí y que le dijo que se acababa de reunir con el magistrado Alberto Rojas Ríos, cuyo nombre también aparece cuestionado en el expediente por supuesta corrupción en el tribunal constitucional.
La Fiscalía señaló que Otero tenía “poderosas razones” para realizar las maniobras, dado que en la fiduciaria había activos de 8.000 millones de pesos que estaban en riesgo de embargo, de los cuales 4.000 eran de su patrimonio: “Vio la necesidad de ir sobre seguro en el trámite (de la tutela) y vio en Pacheco una tabla de salvación”, sostuvo el fiscal. Igualmente, señaló que Pacheco “cumplió la actividad para la que había sido contactado y se reunió con Natalia Huertas y Alberto Rojas”.
La Fiscalía indicó que hubo “una injerencia indebida para torcer un fallo en la Corte Constitucional” y que Otero era plenamente consciente de eso. Esa supuesta intención de interferir con la justicia constitucional fue una de las razones para pedir la cárcel para el empresario. Finalmente, el juez del caso dictó casa por cárcel.
Aunque Otero habló durante varios minutos con el fiscal del caso sobre la posibilidad de una aceptación de cargos y la viabilidad de que no le dictaran medida de aseguramiento en centro carcelario, finalmente no aceptó el delito de tráfico de influencias, por el que podría pagar una pena de entre 4 y 8 años en caso de ser condenado.
El ‘hombre fuerte’ de Fidupetrol ya sonó en otros casos
Helbert Otero Pacheco, además de ser el principal accionista de Fidupetrol (con el 49 por ciento), es amigo personal y ha tenido negocios con otro polémico personaje: Juan Carlos Ortiz, socio de Interbolsa y cerebro de Premium, hoy preso en La Picota por estafa y concierto para delinquir, entre otros delitos.
En este caso, la Fiscalía tiene probado que entre las firmas que se vieron beneficiadas con la captación irregular de Premium está Tecfín S. A., firma de Otero. Premium aparece desembolsándole a Tecfín 7 millones de dólares. La mitad corresponde a un préstamo directo y el resto, a una garantía de un desembolso hecho a la empresa Agrored. En esta última figuran familiares de Otero, que siempre permaneció a la sombra de Ortiz.
Pero hay más rastros sobre sus negocios. Ambos eran socios en Proyectar Valores, la comisionista de bolsa intervenida por el Estado en el 2011, luego de tener entre sus clientes a personajes como los primos Nule y a la EPS Saludcoop.
Otero no es el único accionista de Fidupetrol que tendrá que dar explicaciones a la justicia. El empresario pastuso Eduardo de Praga Benavides Guerrero, dueño del 8,8 por ciento de Fidupetrol y quien participó directamente en la contratación de Pacheco, está bajo lupa. Además, de Fidupetrol, Benavides aparece implicado en el saqueo a la Dirección de Estupefacientes. Las denuncias hechas por este diario, en el 2011, sobre sus nexos con Carlos Albornoz, exdirector de Estupefacientes, y con una finca de alias ‘Miky Ramírez’, socio de Pablo Escobar, fueron confirmadas por la Fiscalía.
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