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Eln tuvo política de exterminio contra periodistas, asegura Fiscalía

Ente acusador imputará tres secuestros y seis homicidios de comunicadores a esa guerrilla.

JUSTICIA
Más de 23 años después del asesinato del director del diario La Opinión, de Cúcuta, José Eustorgio Colmenares, no hay ni una sola persona pagando por el crimen, y los dos únicos detenidos fueron absueltos en el 2001.
El asesinato del reconocido periodista, que enlutó al departamento de Norte de Santander y generó rechazo nacional, fue reconocido en su momento por la Unión Camilista del Eln.
La Fiscalía asegura que ese crimen hizo parte de un ataque sistemático para silenciar comunicadores que no accedieron a presiones de esa guerrilla.
Así quedó establecido en la decisión que tomó el ente investigador en marzo del 2013 al declarar el crimen como un delito de lesa humanidad, justo un día antes de que se cumplieran los 20 años para que prescribiera el caso.
Este, junto a otras ocho acciones violentas –seis homicidios y tres secuestros– contra periodistas, que le serán imputados a la cúpula del Eln están en la impunidad; de hecho, tres de los asesinatos ya prescribieron sin que nadie fuera judicializado.
El 5 de enero de 1996, cuando se desplazaba entre Fortul y Tame (Arauca), fue abaleado el periodista y abogado Alfredo Antonio Matiz, director de La voz de Cinaruco, una de las emisoras más reconocidas del departamento. La investigación por su muerte fue archivada en febrero del 2000 y su caso prescribió a principios de este año.
Lo mismo sucedió con el homicidio de Danilo Alfonso Baquero, quien trabajaba en la Emisora Bolivariana Primero y quien luego de permanecer secuestrado dos días por integrantes del frente Domingo Laín apareció muerto el 25 de diciembre de 1993 en Tame. Su caso fue archivado en octubre de 1996 y prescribió hace casi tres años.
El extenso expediente que prepara la Dirección de Contexto de la Fiscalía contra los cinco integrantes del Comando Central del Eln señala que los atentados contra los periodistas permiten creer que el Coce tuvo una política de exterminio contra quienes no “colaboraban con su causa” o eran considerados “auxiliadores del enemigo”.
La mayoría de los hechos habrían sido cometidos por hombres del frente Oriental o de la fuerza ‘ABC’, que actúa en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, que hoy está bajo el mando de Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, el más reciente integrante del Coce.
De hecho, ‘Pablito’ tiene una orden de extradición vigente por parte de Estados Unidos por el secuestro de tres periodistas extranjeros. Matthew Aaron Burchell, secuestrado en 1999; y Scott Dalton y Alison Ruth Morris, secuestrados durante 12 días en enero del 2003.
En Arauca también fue asesinado Iván Darío Pelayo, director de la emisora Llanorámica Estéreo en Puerto Rondón. El 17 de agosto de 1995, guerrilleros dispararon contra él dentro de la cabina de la emisora y al salir dejaron volantes que lo acusaban de ser enemigo de su causa. El asesinato de Pelayo significó la desaparición definitiva de esta emisora. El proceso prescribió en el 2015 en medio de total impunidad.
De todos los casos, el homicidio de Bernabé Cortés, reportero judicial del Noticiero CVN de Cali, es el único que ha tenido una condena. El 2 de mayo del 2002, Julio César Ospina Chavarro fue encontrado responsable material del asesinato ocurrido el 20 de mayo de 1998 y condenado a cuarenta años de prisión. Sin embargo, solo hasta ahora la Fiscalía señala a los integrantes del Coce como autores intelectuales del crimen.
Finalmente, y aunque en su momento se dijo que la periodista María Elena Salinas Gallego había muerto en un supuesto combate con el Ejército y su cuerpo fue presentado como NN en San Carlos (Antioquia), en los primeros días del 2000, la Fiscalía asegura que el Eln habría sido el responsable del crimen.
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