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Venganza o hurto tras el asesinato de familiar del Contralor

La Policía tiene dos hipótesis sobre homicidio en Valledupar del médico Ángel Maya.

JUSTICIA
En las imágenes captadas por tres cámaras de seguridad del barrio Casa Blanca de Valledupar quedaron registrados los dos asesinos de Ángel Eleison Maya Daza, medio hermano del actual contralor general, Edgardo Maya Villazón. Esa es una de las pruebas que una comisión especial de la Dijín de la Policía y del CTI ha recaudado para aclarar el crimen.
Luego de tomar las versiones de testigos, entre ellos la de la esposa del médico Maya –a quien los paramilitares llamaban el ‘Kiri’–, de analizar el arma usada y de reconstruir el crimen, ocurrido el sábado 10 de octubre, las autoridades plantearon dos hipótesis: un posible hurto ocasional y una acción de sicariato por retaliación.
Sobre la primera, si bien el alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás, la descartó, la posibilidad de un robo sigue siendo válida para los investigadores aunque ni a Maya ni a su esposa, que presenció el ataque, les hurtaron sus pertenencias.
El general Rodolfo Palomino, director de la Policía, dice que aunque no se aferran a una sola teoría, “el modus operandi no nos indicaría que fuera un homicidio por encargo porque estas personas utilizan un arma de mejor condición que un revólver. Es probable que se haya asustado y disparado por inexperiencia”.
El arma usada era un revólver calibre 38, que no es común entre sicarios. Tampoco la moto empleada, de bajo cilindraje. Uno de los investigadores dice que llama la atención que el médico “tenía una rutina que habría podido ser aprovechada por los sicarios”: Todas las mañanas, a eso de las 4:30 a. m., salía a correr solo.
Esa era una costumbre que había adquirido desde que recuperó la libertad, el pasado primero de octubre del 2013. Ese día terminó de pagar la condena de seis años de cárcel por haber puesto al hospital Rosario Pumarejo de López, del que era gerente, al servicio de los paramilitares del frente Mártires del Cacique Upar, cuyo comandante era Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’.
Esos vínculos también le valieron la destitución impuesta por la Procuraduría, que documentó que Maya Daza entregó, entre diciembre del 2005 y agosto del 2007, millonarios contratos a la firma Dismed Ltda. para traspasarles fondos de la ESE (del centro médico) a las autodefensas.
En el proceso penal la Fiscalía lo acusó incluso de haber puesto al servicio del grupo ilegal las ambulancias del hospital para trasladar paramilitares heridos y material de intendencia. En su contra hubo decenas de versiones que lo describían como un paramilitar más, que hasta para asistir a las reuniones en fincas con jefes de las Auc se ponía uniforme camuflado. “ ‘Kiri’ se la pasaba con dos pistolas, ellos llegaban vestidos de civil y se ponían uniformes”, citó la Procuraduría en el fallo del 2012.
Una vez salió en libertad, cambió de residencia y llegó al barrio Casa Blanca. Maya Daza había retomado su actividad como médico especialista. Tenía contratos con dos conocidos centros médicos de la ciudad y con hospitales en los municipios de San Juan y Fonseca. También había montado su consultorio privado.
El día del homicidio, según contó la esposa, optaron por salir caída la tarde. Cuando Maya se disponía a cerrar el garaje, dos hombres en moto se parquearon frente a la casa. Uno se abalanzó sobre Maya y el otro esperó con la moto encendida. Desde la camioneta, la esposa del médico pudo ver el rostro de este hombre, y esa descripción permitió que el CTI elaborara un retrato hablado. La mujer narró que el sicario disparó cuando el médico bajó su mano al bolsillo. “Él tenía 100.000 pesos, quizás pensaba entregárselos al sicario, que pudo haber creído que su víctima estaba armada”.
¿Retaliación?
La otra hipótesis tiene que ver con un posible caso de sicariato por retaliación o una venganza personal. El CTI y la Dijín analizan la credibilidad de una última información que señala que sería una retaliación por la investigación fiscal que la Contraloría General (en cabeza de su hermanastro) ha hecho sobre las finanzas y contrataciones en el Cesar.
Los investigadores, en todo caso, no descartan que estén frente a falsas pistas, pues luego del ofrecimiento de los 100 millones de pesos de recompensa hubo avalancha de informantes. “Hemos tenido que contener mercaderes de información”, dice el general Palomino.
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