¿Quién los autoriza a enviar publicidad política a mi celular?

¿Quién los autoriza a enviar publicidad política a mi celular?

Los atropellos contra la privacidad, con el uso ilegal de datos personales, no tienen límite.

¿Quién los autoriza a enviar publicidad política a mi celular?
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Ilustración: Alejandro Giraldo

24 de mayo 2018 , 11:29 p.m.

Me parece que ha llegado la hora de hablar claro. ¿O es que en Colombia nadie respeta el derecho que tiene la gente para mantener en reserva sus datos personales? A cada minuto le mandan a uno avisos o le hacen una llamada para ofrecer productos sin que le hayan solicitado previamente su permiso, como lo manda la ley.

¿Quién les da nuestro número o la dirección electrónica? ¿Es que las empresas que prestan esos servicios no se han dado cuenta del terrible problema en que se metió Facebook –nada menos– por entregar los datos de sus clientes en Inglaterra? Y en Rusia ya no caben en las calles las manifestaciones de protesta contra el gobierno de Putin por el mismo motivo.

Para volver al caso colombiano, en esta época electoral, el asunto empeora y la gente ya no resiste más. Hace apenas unas cuantas semanas, el domingo 11 de marzo, mientras se celebraban las elecciones parlamentarias, recibí la protesta de incontables colombianos porque los tenían asediados en sus teléfonos móviles y sus computadores. Partidos y candidatos les mandaban avisos, les exigían que votaran por ellos y hasta les decían en qué mesa tenían que hacerlo.

—No solo están violando la protección de datos –me dijo un muchacho que es músico– sino que, además, el día de elecciones está prohibido hacer propaganda política.

En seguida respondió él, al mismo remitente, exigiendo respeto a su intimidad y protestando contra ese atropello. Le contestaron de inmediato que él no está autorizado para llamar a ese número.

—¿Ah, no? –replicó–. ¿Pero ustedes sí están autorizados para meterse en el mío?
Imagínense ustedes cómo estará la cosa en este momento, cuando solo faltan pocas horas para la primera vuelta presidencial. Uno tiene que preguntarse quién es el que les suministra los datos de sus usuarios sin que ellos lo sepan. Porque la gente ya no aguanta más abusos. Qué tal el timbrazo del celular o la campanada del computador, a mitad de la noche, que despierta a cualquiera muerto del susto, pensando que le pasó algo a su hijo.

Y el propio día de las elecciones la cosa se va a poner peor.

La venta de privacidad

Es ley universal que los datos personales son propiedad exclusiva de sus usuarios y solo ellos pueden suministrarlos a quien deseen. Pero en Colombia hemos llegado a tales extremos que, según me confirmaron varios investigadores, ya se ha detectado que hasta de oficinas públicas mandan publicidad política el día de elecciones. Incluso lo hacen altos funcionarios del Estado.

Le transmito todas estas inquietudes a una auténtica especialista en estos menesteres, la abogada María Claudia Caviedes Mejía, delegada para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde trabaja desde hace diecisiete años.

—La circulación de datos personales –me explica ella– está reconocida por las leyes, pero tiene que ser autorizada por el titular antes de que sean usados por terceros. Además, el usuario tiene derecho a saber quiénes son esos terceros y para qué van a utilizar sus datos.

El mercado de datos

Hasta ahora, los colombianos creíamos que nuestros datos personales, como el número del celular, solo los vendían a escondidas las mismas empresas de tecnología en donde compramos esos aparatos.

Pero ahora ha venido a saberse, para asombro y pasmo, que ese mercado ilegal es gigantesco. Funcionarios y empleados de bancos, instituciones financieras, tarjetas de crédito, supermercados y de los llamados call centers también forman parte de ese descomunal mercado.

Lo más grave es que, apenas pasan las elecciones, terminan esos datos en manos de comerciantes, de los vendedores de cuanto cachivache mandó Dios al mundo y, por último, acaban también en poder de estafadores y extorsionistas y hasta de ladrones de celulares que le hacen seguimiento al dueño para robárselo.

Lo peor de todo es que estos atropellos contra la privacidad ajena no tienen límite. Hasta las personalidades más importantes del mundo caen en eso. En su momento, la campaña presidencial de Barack Obama fue acusada de hacerlo sin ninguna clase de límites.

Las multas millonarias

María Claudia Caviedes me explica que “si una empresa quiere compartir o vender su base de datos a un tercero, cualquiera que sea, debe tener autorización para hacerlo. Y quien la adquiere solo puede utilizarla para los fines que autorizó el mismo usuario”.

En este momento se están haciendo promociones en medios de comunicación, foros, congresos, cartillas para que el ciudadano conozca sus derechos y sepa lo que tiene que hacer si se los violan.

—Aunque todavía es muy pequeño, el número de quejas es cada vez mayor–dice la señora Caviedes–. Con decirle que, en los cuatro años que van del 2014 al 2018, nuestra superintendencia ha impuesto sanciones por más de 14.000 millones de pesos por violación a las normas de datos personales.

Sin embargo, muchas de esas empresas no han podido ser multadas porque no se sabe dónde quedan o porque les avisan que los van a castigar y se liquidan antes de la sanción.

Si una empresa quiere compartir
o vender su base de datos a un tercero,
debe tener autorización para hacerlo

Pocas denuncias

Sin embargo, como suele ocurrir en numerosas circunstancias de nuestra vida diaria, los colombianos nos quejamos y protestamos, pero no hacemos la denuncia formal ante las autoridades.

—En el año 2017 –revela la delegada Caviedes– se recibieron 112 quejas de personas que denunciaron una vulneración de su derecho a la privacidad por empresas que les enviaban publicidad o los contactaban directamente sin contar con su autorización.

Y en lo que va corrido del 2018 se han presentado ante la superintendencia 64 quejas en el mismo sentido. En épocas como la actual, “cercanas a elecciones, se nos presentan casos relacionados con el envío de mensajes políticos. Este año hemos recibido doce quejas por el envío de publicidad política sin la autorización previa del destinatario”.

Doce, apenas doce. Vea usted…

Le dicen cómo votar

Como la verdad hay que decirla completa, también es cierto que muchas veces la culpa es del propio usuario. No solo porque se queja mucho pero nunca lo hace ante las autoridades, sino porque, inclusive, a veces es cómplice de su propia violación.

Espere y me explico. Una autoridad del sistema electoral me cuenta que en recientes elecciones se han descubierto numerosos casos de ciudadanos que, al momento de votar, llevan el teléfono celular para que desde afuera les vayan diciendo cómo hacerlo.

En cuanto hace al caso de quienes reciben publicidad no autorizada por ellos, ni deseada, la doctora Caviedes me recuerda que “esas personas tienen derecho, primero que todo, a solicitarle al remitente que elimine su información personal y no vuelva a remitirle ningún mensaje”.

Pero es que eso fue lo que le pasó a nuestro amigo músico el día de las elecciones parlamentarias, cuando llamó a protestar y se negaron a oírlo, y hasta lo regañaron, contestándole frescamente que él no estaba autorizado para marcar a ese número.

—En ese caso –explica la delegada–, el ciudadano debe presentar su queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que investigue si violaron la ley y le vulneraron sus derechos.

Hasta en universidades

El problema del abuso de los datos personales con propósitos electorales se está explayando por todos los rincones. Hace tres meses, los estudiantes de una universidad bogotana protestaron públicamente, a través de las redes sociales, porque a sus celulares llegaban mensajes pidiéndoles, con su nombre propio, que votaran para el Senado por la esposa del rector.

Lo mismo está pasando ya en fábricas y negocios de diversa índole. En Cali y Medellín, los gerentes de dos empresas industriales usaron los celulares y computadores de sus trabajadores para presionarlos a votar por sus hijos.

El fenómeno, aunque es más reciente en Colombia, se ha extendido ya por toda América Latina. Incluso, en México, varias campañas electorales mintieron al afirmar que tenían autorización de los usuarios para enviarles su propaganda. Y en Argentina ha ocurrido algo peor: a través del celular se envían amenazas a quienes no voten por determinado candidato.

¿Más votos o menos?

Una acuciosa investigadora, que me pide la reserva de su nombre, está haciendo desde hace varios años un trabajo meticuloso para establecer si mandar avisos sin autorización a los celulares ayuda a conseguir votos o, más bien, hace perderlos por la indignación que provocan en el usuario. “Hasta ahora –comenta ella– no hemos podido saber cuál de las dos es la respuesta correcta”. Por lo menos queda la duda.

La delegada Caviedes me cuenta, finalmente, que el mes entrante, la Superintendencia de Industria y Comercio, institución encargada de controlar estas actividades, va a celebrar en Santa Marta el sexto congreso internacional de protección de datos personales.

Ojalá que a partir de ahora, la gente se decida a presentar sus quejas formalmente ante la autoridad, porque hay que hacer algo, en vez de andar renegando en las redes sociales y criticando en reuniones de amigos.

Epílogo

Como todo tiene su parte cómica en esta vida, déjenme terminar contándoles una anécdota que demuestra que todo el que se las da de astuto para abusar de los demás termina pagando las consecuencias. No se imaginan ustedes a cuántos candidatos, que enloquecen el celular ajeno mandando frenéticamente su propaganda sin autorización, les llega también la de sus contendores a su propio celular. Y tienen la cara dura de protestar contra ellos. Son víctimas de su propio invento. Como el alacrán, que acaba mordiéndose su propia cola.

JUAN GOSSAIN

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