La reforma política no tiene proyecto, pero ya genera polémica

La reforma política no tiene proyecto, pero ya genera polémica

El ministro Cristo dice que los partidos la ven bien, el presidente del Senado tiene dudas.

Sistema electoral

La posición de algunos congresistas es que las reformas al sistema electoral se empiecen a aplicar en los comicios de 2019.

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Jaime Moreno - Archivo / EL TIEMPO

22 de abril 2017 , 10:27 p.m.

La reforma política y electoral que anunció el Gobierno aún no ha sido presentada al Congreso y ya generó inquietudes en algunos sectores políticos.

El debate surgió esta semana, luego de que la Misión Especial Electoral (MEE) entregó al Gobierno las recomendaciones para realizar transformaciones al sistema político y electoral en Colombia.

La inquietud surgió alrededor de dos temas: el trámite de la reforma por la vía rápida o ‘fast track’, sin que haya previamente un consenso, y la creación de una ‘supercorte’ que asumiría las funciones electorales de la Sección Quinta del Consejo de Estado, encargada de resolver temas como la pérdida de investidura de los funcionarios de elección popular.

El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, expresó que una propuesta de tal magnitud, que generaría cambios sustanciales en el sistema electoral, necesita de una discusión profunda en el Congreso y no puede ser tramitada sin un consenso.

“Sería un error político y estratégico presentar esto vía ‘fast track’ hasta tanto no haya un verdadero consenso nacional sobre el tema, porque si no, sería un fracaso”, manifestó Lizcano.

Precisamente para buscar ese consenso, según reveló el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el Gobierno viene dialogando con los partidos políticos. Ya ha habido reuniones con ‘la U’, el Partido Conservador y Cambio Radical.

“Ha habido un ánimo positivo de los partidos y vamos a concertar lo más que se pueda”, dijo Cristo.

Búsqueda de consenso

‘La U’ anunció que va a tomar la bandera en la construcción de la reforma electoral y para ello hará un ‘cónclave’ en el Hotel JW Marriott de Bogotá, al que asistirán un senador y un representante de esa colectividad por cada una de las comisiones que hay en el Congreso.

Algunos legisladores del partido aseguraron que no saldrán de allá hasta llegar a acuerdos.

En gran medida, la preocupación que hay dentro de los partidos es que las propuestas de la misión, algunas de las cuales tomaría en cuenta el Gobierno para construir la reforma, podrían cambiarles las reglas de juego en plena época de campaña para las elecciones de 2018.

Por ello se ha propuesto que varias de las modificaciones entren en vigencia a partir del 2019 y no en las elecciones del próximo año.

Nadie debe cambiar las reglas de juego a ocho meses de las elecciones; acompañaremos la idea de las listas cerradas con unas reformas transitorias a partir del 2019”, aseguró el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade.

Otras críticas han surgido desde el poder judicial. El Consejo de Estado, por medio de un comunicado, rechazó la creación de la ‘supercorte’ enfatizando que en el acuerdo de La Habana se contempla una reforma electoral, no de la Rama Judicial.

“La creación de una costosísima alta corte con tribunales y funcionarios que se requerirían solo para épocas electorales no tiene relación de conexidad alguna con el acuerdo de paz”, indicó el alto tribunal.

Al respecto, Cristo mencionó que esta es una posición respetable, pero “no es la de la mayoría del Congreso” y, de todos modos, “el Gobierno no está casado con ninguna propuesta en particular; por eso queremos evaluar este tema con todos los partidos para analizar su conveniencia”.

Según lo hizo saber la semana pasada el ministro Cristo, el Gobierno tiene entre sus planes prorrogar el ‘fast track’ “algunos meses más” para tramitar la reforma político-electoral y el desarrollo de los proyectos agrarios.

Pero si el Gobierno quiere pasar las reformas tendrá que superar otro obstáculo: la campaña política electoral en marcha.

Generalmente, el último año de su periodo los congresistas se dedican a definir qué alianzas van a hacer y cuál será su estrategia de campaña. A partir del 20 de julio, luego del receso de mitad de año, los legisladores estarán más tiempo dedicados a estar en sus regiones buscando votos para 2018 que pensando en sacar adelante una reforma electoral.

Listas cerradas

Un tema que ha sido bien recibido entre los partidos es el de la implementación de las listas cerradas, pero si estas entran en vigencia a partir del 2019.

Actualmente, con las listas abiertas, las colectividades presentan a los electores sus candidatos y es el votante el que determina para quién de ellos irá el voto. Por el contrario, con las listas cerradas, el ciudadano vota por la lista de un partido político, no por un candidato en específico.

“La lista cerrada es la forma de acabar el clientelismo, de que haya una unidad ideológica dentro del partido. Como están las cosas actualmente, a un senador con tal de sacar 50.000 votos no le importa la ideología ni los principios”, manifestó Armando Benedetti, copresidente de ‘la U’.

En el mismo sentido se pronunció el senador por Alianza Verde Antonio Navarro, quien indicó que con esto se podría empezar a “disminuir el gasto exagerado de las campañas”.

Si bien la discusión ha girado apenas en torno a las propuestas de la Misión Electoral, que en todo caso no son de obligatorio acatamiento, el debate ya empieza a tomar forma y desde ahora deja ver que el trámite de la reforma electoral no tendrá el camino tan expedito en el Congreso.

Propuestas de la misiónLas nuevas instituciones electorales del país

La organización electoral quedaría conformada por tres instituciones. La Registraduría seguirá adelantando las funciones que hoy ejerce. Y junto a ella quedarían dos instituciones más: una autoridad que es el Consejo Electoral Colombiano (CEC) y la Corte Electoral.

El CEC reemplazaría al Consejo Nacional Electoral. Este sería conformado por un cuerpo colegiado de siete miembros y sería el encargado de reglamentar el proceso electoral y controlar las organizaciones políticas.

La Corte Electoral reemplazaría las funciones de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Esta sería la máxima autoridad jurisdiccional en lo electoral y se encargaría de atender las demandas de nulidad de elecciones, resolvería la pérdida de investidura y sanciones disciplinarias y definiría temas como la declaración de pérdida y suspensión de la personería jurídica.

Curules en Cámara

En el caso de Cámara, la idea es que los electores escojan dos clases de representantes: unos departamentales y otros por distritos uninominales (municipios que tengan afinidades culturales o territoriales). Con este nuevo sistema serían elegidos en total 173 representantes (siete más de los actuales). “Por ejemplo, en el Tolima se eligen seis representantes. Tres irían por listas departamentales que presentarían los partidos y que serían cerradas; y los otros tres, por tres grupos que se llamarían distritos uninominales”, explicó Juan Carlos Rodríguez, integrante de la Misión que hizo las propuestas.

Listas cerradas

La Misión Electoral planteó que se continúe con 100 senadores más las circunscripciones especiales, pero que su elección se haga con lista cerrada, así como en los demás órganos (excepto la Cámara).

La lista abierta o voto preferente permite que el sufragante elija el candidato de su preferencia. En ese caso deberá marcar el logo del partido y el número correspondiente al aspirante.

La propuesta de la misión es adoptar las listas cerradas; en esta modalidad, el ciudadano vota directamente por la lista de la colectividad, no por un candidato en específico.

POLÍTICA

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