'No se debe descartar la aplicación de Carta Democrática a Venezuela'

'No se debe descartar la aplicación de Carta Democrática a Venezuela'

Así lo aseguró el presidente Juan Manuel Santos en Cartagena, por la crisis en el país vecino.

Santos endurece posición frente a Nicolás Maduro

El presidente Juan Manuel Santos, en Cartagena, durante su pronunciamiento sobre la situación en Venezuela.

Foto:

EFE / Juan David Tena

31 de marzo 2017 , 08:44 p.m.

El agravamiento de la crisis institucional en Venezuela llevó este viernes al gobierno de Juan Manuel Santos a endurecer su posición frente a Caracas.

Muy temprano, Santos, quien hasta ahora había sido muy diplomático en el manejo del tema, admitió que “no se puede descartar la aplicación de la Carta Democrática” como sanción a ese gobierno ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y unas horas más tarde resolvió dejar en Bogotá al embajador Ricardo Lozano, “en consultas”, a la espera de que la situación evolucione.

La aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, planteada este viernes por primera vez por Santos de manera expresa, podría llevar, inclusive, a la suspensión de Venezuela de la OEA.

Y el llamado de su embajador a “consultas” representa también un acto de protesta por lo ocurrido con la “ruptura” institucional que se dio esta semana en el país de Nicolás Maduro.

El pronunciamiento de Santos es uno de los más duros que se le han conocido en los últimos años sobre Venezuela, país con el que ha mantenido prudencia.

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“Anular con una decisión arbitraria el Poder Legislativo es inaceptable. Esto claramente destruye el pilar más importante de cualquier democracia: la representación popular”, dijo el mandatario nacional.

Y en este sentido, les pidió a los organismos internacionales, como la OEA y las mismas Naciones Unidas, abocar la situación y proponer salidas. “La aplicación de la Carta Democrática no se puede descartar”, puntualizó.

Carta Democrática

La aplicación de ese recurso (la Carta Democrática de la OEA) puede ser considerada una de las sanciones más severas a nivel diplomático para un país cuando se conspira contra la democracia.

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El artículo 20 de este documento indica que en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración que afecte gravemente el orden democrático, se podrá “solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes”.

Buenas relaciones

El gobierno Santos siempre ha tratado de proceder con mucha discreción sobre lo que sucede al otro lado de la frontera.

Una de las primeras actuaciones del jefe de Estado, al llegar a la Presidencia, en el 2010, fue restablecer las relaciones con el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez.

Con la llegada de Nicolás Maduro al poder, la relación siguió siendo fluida, a pesar de los altibajos.

Había muchas razones para que Santos procediera con tino: no solo es el país con el que Colombia tiene la mayor frontera (2.200 kilómetros), fue por años el segundo socio comercial y su papel en la búsqueda de la paz con las Farc también fue decisivo.

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De hecho, todavía apoya las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (Eln); allí se instaló el proceso.

Sin embargo, la “provocación”, como la calificó la canciller María Ángela Holguín, de ese país al enviar a más de 60 soldados para intentar controlar una pequeña área del territorio colombiano, la semana pasada, marcó al parecer una inflexión en las relaciones.

Pocos días antes de esta acción, Colombia, junto con otros 13 países del hemisferio, firmó un documento en el que hicieron tres peticiones concretas al gobierno de Maduro: “La liberación de presos políticos”, que se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional y que “se establezca un calendario electoral”.

Colombia insiste en el diálogo, pero ya pasó a medidas diplomáticas, pues, como dijo Santos, Colombia es la que más gana o la que más pierde con lo que pase allá.

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