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Gobierno

El futuro de los acuerdos de paz, en el maletín político de Iván Duque

Juan Manuel Santos e Iván Duque en la Casa de Nariño.

Juan Manuel Santos e Iván Duque en la Casa de Nariño.

Foto:Nelsón Cárdenas - Presidencia de la República

Tendrá que consolidar las mayorías en el Congreso para los ‘ajustes’ que propone sobre el pacto.

El maletín de propuestas políticas con el que Iván Duque llegará a la presidencia tiene en su interior un tema pendiente que, sin duda, seguirá teniendo la atención del país en los próximos meses: el futuro de la implementación del acuerdo de paz con las Farc y, en especial, el modelo de juzgamiento para los exintegrantes de ese grupo.
El desarrollo de los puntos acordados con la exguerrilla de las Farc ha sido uno de los temas que más polarización han generado entre los partidos políticos el último año y medio en el Congreso.
Asuntos como la participación en política de los exintegrantes de esta organización y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tensionaron las sesiones del Legislativo en los últimos meses y provocaron más de una pelea en el Capitolio.
Con la llegada de un nuevo gobierno se comenzaron a gestar unas nuevas mayorías alrededor de Duque, las cuales están lideradas por su partido, el Centro Democrático, y en las que están los partidos Conservador, Cambio Radical y un amplio sector de ‘la U’.
El nuevo mapa político permite inferir que los “ajustes” a la implementación del acuerdo de paz que el nuevo presidente anunció como candidato prometen abrirse camino en el Legislativo.

JEP, la prioridad

La principal apuesta de Duque y el nuevo bloque es, sin duda, la JEP, la jurisdicción especial a la que deberán acudir excombatientes y militares acusados de delitos atroces en medio del conflicto.
Este modelo de juzgamiento, conciliado entre delegados del gobierno saliente y de las propias Farc, ya fue creado mediante una reforma constitucional y tiene una ley estatutaria que sienta sus bases, la cual está pendiente de un aval de la Corte Constitucional para entrar en vigor.
Pero el esquema también necesita un código de procedimiento que está siendo tramitado por estos días en el Capitolio y es la primera meta que se han fijado los partidos de la nueva coalición de gobierno para comenzar a hacer los “ajustes” que se proponen.
Durante toda esta semana, esas nuevas mayorías partidistas han logrado frenar el trámite de la iniciativa en el Senado y tienen al gobierno saliente tratando de salvar la norma, vital para que los magistrados de la JEP tengan las herramientas para actuar a plenitud.
El jueves, la Corte Constitucional publicó un comunicado en el que asegura que el trámite legislativo de esta ley de procedimiento “no depende del control de constitucionalidad” que el alto tribunal está haciendo de la ley estatutaria de administración de la JEP.
El mensaje de la Corte iba para el presidente electo, Iván Duque, quien pidió al Congreso frenar la creación del procedimiento de la JEP hasta que la ley estatutaria sea avalada constitucionalmente.

Uno de los puntos que defenderán los partidos políticos afectos a Duque es el ingreso a la política de los excombatientes sin que se haya surtido el proceso completo de juzgamiento en la JEP

La Corte afirmó que la ley de procedimiento no depende de que la ley estatutaria tenga luz verde, ya que “los códigos de procedimiento de las distintas jurisdicciones no dependen de la ley estatutaria de la administración de justicia”.
Incluso, ese mismo día, en una reunión entre las cabezas de la justicia e Iván Duque, el magistrado Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional, le dijo personalmente al nuevo mandatario que este pronunciamiento “no es prerrequisito” para la votación de la ley de procedimiento.
Participantes en ese encuentro afirmaron que Duque respondió que, tal y como se hizo con el plebiscito, la bancada del Centro Democrático quiere reunirse con el ministro del Interior para discutir algunos aspectos de ese proyecto. 

Participación política

Aunque la Corte Constitucional ya rebatió ese argumento jurídico que tenían las nuevas mayorías, algunos puntos del contenido del proyecto serán la excusa perfecta para que el nuevo bloque se haga oír y la administración actual tenga que entrar en una negociación con estos partidos políticos.
Uno de los principales puntos que defenderán los partidos políticos afectos a Duque es el ingreso a la política de los excombatientes sin que se haya surtido el proceso completo de juzgamiento en la justicia especial de paz.
Esto significa, como lo advirtió la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia, “hasta que cumplan las penas que le imponga la JEP”.
Además, en una reunión de Duque con la bancada de su partido, el Centro Democrático, trascendió que otro objetivo es incluir un capítulo especial para el tratamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas en esta justicia transicional con el fin de darles “garantías”.

Narcotráfico

La otra punta de lanza que se plantea para ajustar la JEP será que el narcotráfico no sea un delito conexo al delito político y que este quede cobijado bajos las normas ordinarias.
En varias ocasiones, los uribistas –y varios de los partidos que los acompañan ahora en el Congreso– han reclamado que las Farc entreguen la totalidad de cultivos, rutas y bienes provenientes de esta actividad ilegal. Y también han dicho de manera puntual que el narcotráfico no puede justificarse como razón para el sostenimiento de la lucha armada, como lo contempla la justicia especial de paz.
Ante estas inquietudes, el presidente Santos aprovechó un encuentro con víctimas, el viernes pasado, para contestarlas.
Santos dijo que la “sala especial” que pide Duque para los militares es rechazada por los mismos uniformados “porque los expone ante la Corte Penal Internacional”.
“Quiere (el presidente electo) cambiar las reglas de juego frente a la participación política de quienes están acusados y pueden ser condenados por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Yo le dije: tiene todo el derecho a tener esas dudas (...) , pero esos temas requerirían una reforma constitucional para cambiarlos”, aseguró Santos.
Esta semana se espera que la artillería política de los partidos afectos a Duque retorne al Senado, donde las nuevas mayorías ya han dado muestra del poder que tienen, el cual, seguramente, les alcanzará para intentar cambiar el rumbo que Santos le traía al desarrollo de este proceso.

El martes vuelve la JEP al Senado

En medio de sesiones extras, el próximo martes la plenaria del Senado retomará el debate sobre el proyecto de ley que crea el procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La iniciativa da el reglamento para que los magistrados de esta justicia especial de paz actúen y, como lo han manifestado varios sectores en el Capitolio, no sigan dándose su propio reglamento.
La mesa directiva del Senado conformó una subcomisión de todos los partidos políticos para que se reúna con el gobierno saliente y le plantee todos los reparos e inquietudes alrededor de la norma.
Varios congresistas de la nueva coalición de gobierno están convencidos de que solamente un “acuerdo político” entre la actual administración y las colectividades que apoyan al presidente electo, Iván Duque, destrabará la suerte de la iniciativa, la cual ya fue aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes.
POLÍTICA
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