En el limbo, ley que eliminaba cobro por reconexión de servicios

En el limbo, ley que eliminaba cobro por reconexión de servicios

Por vicios de 'inconveniencia', el Gobierno objetó el proyecto que perdonaba pago por reinstalación.

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El presidente Juan Manuel Santos objetó el proyecto.

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ETCE

02 de enero 2017 , 08:38 p.m.

Los colombianos van a tener que seguir pagando los costos de reconexión de los servicios públicos domiciliarios, porque el presidente Juan Manuel Santos objetó una ley que perdonaba esa erogación a los hogares de los estratos uno y dos cuando la causa de la sanción fuera la mora en el pago de la factura.

Adicionalmente, el proyecto planteaba que el servicio debía ser restablecido en las 24 horas siguientes al pago de la obligación por parte del usuario.

La iniciativa superó todo su trámite en el Congreso para convertirse en ley y solo le faltaba la firma del mandatario, quien decidió no avalarla al considerar que tiene vicios de “inconveniencia” e “inconstitucionalidad”.

“Estoy tristemente sorprendido con la decisión del Presidente, pues esta medida no afecta de ninguna manera al Gobierno, sino que únicamente pone en cintura a las empresas prestadoras del servicio”, aseguró el senador liberal Mario Fernández Alcocer, ponente de la iniciativa en el Senado.

Sin embargo, el Ejecutivo consideró que, a diferencia de lo sostenido en el trámite legislativo, “las empresas de servicios públicos domiciliarios sí incurren en costos cuando, en razón de la mora en el pago de las facturas por parte del usuario o suscriptor, deben realizar la reconexión o la reinstalación del servicio como consecuencia del corte o la suspensión de este”.

De acuerdo con el documento firmado por Santos, al exonerar a los usuarios morosos de cargo por concepto de reconexión y reinstalación, se vulnera el artículo 367 de la Constitución, el cual hace referencia al régimen tarifario de los servicios públicos.

Otra de las objeciones del jefe de Estado es que si el costo de la reconexión no es asumido por la empresa prestadora del servicio, este deberá ser cargado al Estado o a todos los usuarios, por lo que necesariamente se aumentarán de manera general las tarifas del servicio.

“Esto significa que tendrán que incrementarse también las tarifas a las personas beneficiarias de la medida que establece el proyecto de ley, es decir, a los usuarios de los estratos uno y dos que pagan oportunamente sus facturas”, indica el documento.

De esta manera, el Gobierno sugiere que se precise quién y con cuáles recursos se pagarán los costos en que incurren las empresas para realizar la reconexión y la reinstalación.

Los caminos

Actualmente, el proyecto se encuentra a la espera de iniciar dos caminos. Uno para el trámite de las objeciones por inconstitucionalidad y otro para las de inconveniencia. Esto será a partir del 16 de marzo, cuando inician las sesiones ordinarias del Congreso.

Según indica la Ley 5.ª de 1994, la cual contiene el reglamento del Congreso, cuando existen objeciones por inconstitucionalidad, el Legislativo deberá decidir si admite o no estos reparos. De admitirlos, la iniciativa será archivada, pero si no los acepta, el proyecto pasará a la Corte Constitucional.

El alto tribunal tendrá seis días para declarar si la iniciativa es exequible, en cuyo caso el Presidente estará obligado a sancionarla; o si es inexequible, caso en el cual será archivada.

Otra posibilidad es que la Corte determine que el proyecto tiene “vicios de procedimiento subsanables”, por lo cual lo enviará de nuevo al Congreso para que haga los ajustes respectivos.

Para el caso de las objeciones por inconveniencia, el proyecto debe regresar al Congreso para su estudio. “Si el Legislativo declara fundadas las objeciones, la iniciativa deberá archivarse; pero si las declara infundadas, el Presidente estará obligado a sancionarla”, explicó el constitucionalista Darío Martínez.

En caso de que el jefe de Estado no sancione el proyecto, este procedimiento podrá ser realizado por el presidente del Congreso. Superar los dos tipos de objeción es un desafío bastante difícil para esta ley.

POLÍTICA

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