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Hasta la oposición se une al Gobierno para defender reforma del Estado

Partidos se reúnen en Congreso para trabajar el tema. Gobierno planea encuentro con Rama Judicial.

EL TIEMPO
El Gobierno y el Congreso conformaron un bloque para evitar que las duras críticas de la Rama Judicial a la reforma del equilibrio de poderes golpeen su trámite en el Legislativo.
Por un lado, los jefes de los partidos políticos –incluidos el Polo y el Centro Democrático, ambos de oposición– se reunirán este martes en la mañana para dejar en claro que el Congreso es el escenario natural para dar este tipo de debates y así evitar que las críticas se conviertan en una especie de presión sobre sus bancadas.
Este encuentro es significativo, porque une a todos los espectros políticos que tienen asiento en el Congreso en torno a la defensa de una de las prioridades legislativas del Gobierno, a la que solo le restan dos debates para culminar su curso en el Capitolio.
De hecho ya está confirmada la presencia del senador del Polo Jorge Enrique Robledo y del director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, y por supuesto de delegados de los partidos de ‘la U’, Liberal, Conservador, Alianza Verde y Cambio Radical.
Y, por otro lado, el Gobierno también confirmó este lunes que se está planeando un encuentro con la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial –que pidió el hundimiento de la reforma del Estado y planteó, en su lugar, convocar a una asamblea constituyente–, con el fin de que sus posturas sobre la iniciativa legislativa sean escuchadas.
En principio, se pretende que sus representantes, incluido el fiscal General, Eduardo Montealegre, acudan a una audiencia pública que se realiza este martes sobre el proyecto en la Cámara de Representantes, pero también está la intención –de acuerdo con las agendas de ambos lados– de tener una cita bilateral este miércoles.
El propio presidente Juan Manuel Santos reiteró este lunes la instrucción a tres de sus ministros para que tiendan puentes entre los poderes Judicial y Legislativo, con el objetivo de evitar un choque que deslegitime la institucionalidad.
“No quiero que se confronten los poderes Legislativo y Judicial; eso no le hace bien al país”, precisó Santos, quien enfatizó que los planteamientos que se tengan deben hacerse de forma “respetuosa y constructiva”. Y reiteró que estos sectores “tienen derecho a opinar sobre los temas que les conciernen”.
Los ministros encargados de construir estos puentes son el de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez; el del Interior, Juan Fernando Cristo; y el de Justicia, Yesid Reyes. De hecho, este lunes temprano Santos los citó a su despacho para insistir en este tema.
“El proyecto no se va a echar para atrás, su trámite continúa y espero que el Congreso lo apruebe”, precisó Santos, quien –sin embargo– reconoció que “esta no es la gran reforma, pero se hicieron una serie de propuestas para ir mejorando el sistema de justicia”.
Esta fue la respuesta tácita al fiscal Montealegre, quien en entrevista con EL TIEMPO afirmó que si la reforma de equilibrio de poderes continúa su trámite, él la demandará por inconstitucional. Incluso, la calificó de inconveniente y añadió que su discusión en el Congreso está viciada.
Este punto, en particular, también fue defendido por el ministro Cristo, quien desde la cartera del Interior ha liderado el debate que se da en el Congreso.
“En lo que el Gobierno no va a caer de ninguna manera, como lo quisieran algunos, es en la confrontación de poderes públicos. Invitamos al diálogo sereno. Invitamos al diálogo a las cortes, al Congreso y al propio Gobierno para hacer un análisis del proyecto y poder entregar una reforma de equilibrio de poderes que le sirva al país”, enfatizó Cristo.
En este mismo sentido se pronunció el ministro Reyes, quien puntualizó que no se puede permitir que se salte al Congreso para dar estos debates, pues ese es el escenario natural para discutir reformas constitucionales como esta.
Reyes enfatizó que “vamos a insistir en tramitar la reforma constitucional abiertos, como hemos estado hasta ahora, a escuchar opiniones”, con la intención –según añadió– de “buscar la mejor solución para cada tema”.
Este bloque entre el Ejecutivo y el Congreso para defender la reforma se precipitó por la entrevista de Montealegre con este diario y la petición de la semana pasada de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial de hundir el proyecto de enmienda constitucional.
Uno de los dardos más fuertes lo lanzó el Fiscal al advertir –en su entrevista con EL TIEMPO– que el Gobierno, “so pretexto de querer sacar adelante la reforma del equilibrio de poderes, se montó en el barco de que había que deslegitimar a la justicia”.
Esta reforma tiene como pilar la eliminación de la reelección presidencial, al igual que la de otros funcionarios públicos, pero también se abordaron temas que tocan con el funcionamiento de la Rama Judicial que han despertado inquietud en este sector.
Sin embargo, el propio Ejecutivo informó que son por lo menos siete las sugerencias de las altas cortes que se han incluido en el trámite del proyecto, como que los primeros magistrados del tribunal de aforados no sean elegidos por el presidente.
El debate no es fácil, pero no son pocos quienes creen que este es el momento para que el Congreso demuestre independencia.
Los partidos políticos defienden su facultad para reformar la Constitución
El Congreso de la República dejó claro este lunes que tiene las facultades para reformar la Constitución a través de la reforma de equilibrio de poderes. Tras las críticas del fiscal General, Eduardo Montealegre, a este proyecto, los distintos sectores políticos reiteraron su apoyo a la iniciativa del Gobierno.
Desde el Partido de ‘la U’, el senador Roy Barreras afirmó que en el discurso del Fiscal “sobran los adjetivos y epítetos contra el Congreso”, e invitó a restablecer la comunicación entre las ramas del poder público.
“Sugiero al Gobierno tener la iniciativa de restablecer comunicación institucional y amable Fiscal-Gobierno-Congreso”, agregó Barreras.
Un llamado en el mismo sentido hizo el codirector del Partido Liberal, el senador Horacio Serpa, quien agregó que las cortes, el Gobierno y el Congreso deben encontrar las soluciones más apropiadas para este choque. También defendió la manera como los congresistas han discutido este proyecto y aseguró que el Legislativo “viene obrado correctamente”, tramitando una reforma con “seriedad y dentro de su independencia”.
De una manera más contundente la exfiscal y senadora del Partido Liberal, Viviane Morales, sostuvo que “las cortes han asumido poderes que no les competen” y que los congresistas están “a la merced de estas instituciones”.
En las polémicas declaraciones registradas por EL TIEMPO, el fiscal Montealegre arremetió contra el debate que le han dado los congresistas al proyecto en el Congreso y se refirió específicamente al hoy senador Álvaro Uribe Vélez, diciendo que cuando fue presidente el exmandatario “politizó la justicia”.
Desde su cuenta de Twitter, Uribe le contestó diciendo que estas aseveraciones rompen “la imparcialidad y el garantismo del Sistema Penal Acusatorio”.
Una de las más críticas hacía el Fiscal fue la senadora de la Alianza Verde Claudia López, quien lideró en la reforma la eliminación de la Comisión de Acusación y la creación de un tribunal de aforados que los investigue y los juzgue.
López dijo que Montealegre “no es el emperador que le dice al Presidente qué leyes puede presentar, al Congreso cómo aprobarlas y a la Corte Constitucional cómo fallarlas”.
Pese a las críticas que ha suscitado, el proyecto sigue su curso. Este lunes, los coordinadores ponentes se reunieron para construir la ponencia del séptimo debate –que será radicada a finales de esta semana en la Cámara de Representantes–. La discusión iniciará en la Comisión Primera de esa corporación el próximo martes 19 de abril.
Comisión no habló de Asamblea
Este lunes, sin la presencia del fiscal Eduardo Montealegre y del presidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial no insistió en el tema de la constituyente para la reforma de la justicia.
En la reunión del pasado miércoles, la cúpula de la justicia pidió el hundimiento de la reforma de Equilibrio de poderes y planteó una constituyente focalizada en el tema judicial. Esa propuesta recibió duras críticas desde varios sectores, incluidas las propias cortes.
En la sesión de este lunes la Comisión no autorizó recursos para 690 nombramientos que fueron solicitados por la Sala Administrativa de la Judicatura y que en su momento fueron cuestionados por el propio presidente Juan Manuel Santos, quien aseguró que corresponderían a burocracia.
Los presidentes de la Corte Suprema y de los Consejos de Estado y de la Judicatura estarán este martes en la Comisión Primera de Cámara para insistir en su llamado a hundir la iniciativa legislativa. La Corte Constitucional, que debe revisar la exequibilidad de la reforma, no puede pronunciarse sobre su trámite en el Congreso.
El proyecto, además de crear una instancia de control en reemplazo de la cuestionada Comisión de Acusación, establece restricciones expresas frente a conductas que hoy son usuales en las cortes. Así, por ejemplo, eleva a rango constitucional la práctica del ‘yo te elijo, tú me eliges’, que, aunque ya se condenó en un fallo del Consejo de Estado, no existe en normas legales.
Esa prohibición se atravesaría en las pretensiones de un sector que ha promovido al actual presidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, como reemplazo de Eduardo Montealegre. Esto, porque el órgano encargado de la elección del Fiscal, el próximo año, es la misma Corte Suprema.
Audiencia en Cámara
La Comisión Primera de la Cámara citó para este martes, a las 9 de la mañana, una audiencia pública para discutir los temas que aún generan polémica en torno a la reforma del equilibrio de poderes, que precisamente tiene que surtir su séptimo debate en esa célula legislativa.
A esta cita están invitados, entre otros, los magistrados de las altas cortes, el fiscal General, Eduardo Montealegre, y el procurador Alejandro Maya.
De acuerdo con sus directivas, esta audiencia pública tiene como objetivo escuchar las posturas de quienes quieran participar. Jaime Buenahora, presidente de esa comisión, aseguró que “todos los asistentes tendrán garantías”.
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