El Gobierno estudia emergencia económica por crisis en La Guajira

El Gobierno estudia emergencia económica por crisis en La Guajira

Ejecutivo evalúa vías para aliviar la dura situación alimentaria, financiera y política.

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La desnutrición ha afectado, especialmente, a niños y adolescentes de la comunidad indígena wayú, a quienes tutelaron sus derechos.

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Archivo particular

13 de febrero 2017 , 08:15 a.m.

El Gobierno evalúa la declaratoria de un estado de emergencia económica y social ante la dura crisis social que atraviesa el departamento de La Guajira.

Así lo pudo establecer EL TIEMPO con fuentes del alto Gobierno, las cuales manifestaron que todavía no hay una decisión final al respecto, pero que el tema se encuentra en estudio desde hace varias semanas.

En los últimos meses, diferentes sectores han cerrado filas en torno a las difíciles condiciones alimentarias, económicas y políticas del departamento, en el cual existe una alta presencia de la comunidad indígenas wayú.

La desnutrición –especialmente en los niños– y la corrupción que se advierte en varias instancias de la administración de La Guajira son solo dos de los problemas que ha tenido que cargar esta región del país.

Aunque varias entidades del Gobierno Nacional y diferentes ministerios han tratado de atacar estas problemáticas, las soluciones parecen escasas ante la gravedad de la situación.

Ante esto, el Ejecutivo estudia la declaratoria de una emergencia económica, que permita tomar medidas más de fondo para atender a los habitantes de este departamento.

Cambios económicos

La emergencia económica está contemplada en el artículo 215 de la Constitución Política y se decreta cuando haya hechos que “perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico”.

En medio de este estado de excepción, el Presidente podría “dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos”.

Entre las medidas que menciona la Carta Política y que se podrían tomar en La Guajira, en caso de que el Gobierno se decida a declarar la emergencia económica y social, están, “en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes”.

Igualmente, se podrían establecer otras medidas de orden económico que ayuden a superar la crisis que se ha producido.

Orden del Tribunal

El tema tuvo un nuevo desarrollo el viernes pasado, cuando el Tribunal Superior de Bogotá se pronunció sobre la situación de La Guajira.

El pronunciamiento se dio luego de que la abogada Carolina Sáchica, quien representa a las comunidades indígenas de ese departamento, señaló que desde hace varios meses se viene insistiendo al Gobierno para que declare un estado de excepción en La Guajira, teniendo en cuenta la situación social, económica y ambiental que enfrenta el pueblo wayú.

Ante la petición, el Tribunal Superior de Bogotá tuteló los derechos fundamentales de esas comunidades y dio un plazo de 48 horas para que la Presidencia respondiera a la petición de declaratoria de un estado de excepción.

La instancia judicial también determinó que se cumpla con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a los niños y adolescentes wayús.

Sáchica señaló que las medidas adoptadas por el Gobierno, hasta ahora, no son suficientes para enfrentar la difícil situación “que ha causado en la comunidad años de abandono e indiferencia estatal”.

“El estado de excepción se muestra como una facultad extraordinaria que tiene exclusivamente el Presidente de la República para intervenir con rigor una situación de gravedad social, económica y ecológica que se le ha salido de las manos al Estado y que hoy requiere una verdadera intervención”, señaló la abogada.

Fuentes del alto Gobierno indicaron que, pese a la decisión judicial, la declaratoria del estado de emergencia económica se venía estudiando desde hace varios meses.

Desde que se instituyó en la Constitución este estado de excepción, todos los presidentes han acudido a él en algún momento de sus mandatos.

Son recordados los casos del expresidente Álvaro Uribe, cuando intentó conjurar el impacto de las llamadas ‘pirámides’ en la economía nacional y, más recientemente, el del presidente Juan Manuel Santos, en el 2015, cuando acudió a esta figura para aliviar las consecuencias del cierre de la frontera con Venezuela y la expulsión de colombianos del país vecino.

'Por aquí no se puede hablar mucho'

Cuatro días antes de ser elegido el actual gobernador de La Guajira, Wilmer González Brito, a su campaña habrían ingresado 2.000 millones de pesos en efectivo que no fueron declarados al Consejo Electoral.

“Compadre, ya hay dos mil barras para presentar a esta gente; ¿oyó?, lo que pasa es que hubo mucha vaina aquí en Barranquilla; viajamos el lunes, pero ya la vuelta está lista. Juanca se va mañana conmigo con el efectivo, ¿oyó?”, se escucha en una de las grabaciones en poder de la Fiscalía y que fue destapada durante la imputación de cargos contra González Brito por los delitos de cohecho y corrupción al sufragante. En la grabación se escucha al mandatario: “Por aquí no, por aquí no se puede hablar mucho”.

En otros de los audios de la Fiscalía para demostrar los pagos que se hicieron por votos se escucha a la concejal de Maicao, Silbelly Solano, hablando con el entonces candidato: “Yo no estuve, ¿se acuerda?, en el arreglo, en la reunión que usted sostuvo con los demás concejales”, y luego dice que ya se puso de acuerdo con la esposa del mandatario para que le dieran 10 millones como a los demás concejales.

Los enredos judiciales de los gobernadores de los últimos trece años

Ante jueces por caso de corrupción y amenaza

La exgobernadora Oneida Pinto (enero a junio de 2016), cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado, está citada a imputación de cargos por presuntas irregularidades en un contrato para reducir la mortalidad infantil en Albania (La Guajira).

También está citada para responder por amenazas contra el superintendente de Notariado y gobernador encargado, Jorge Enrique Vélez.

Con varias excusas, la exmandataria ha logrado evitar que se realicen esas imputaciones.

Citado por convenio para investigar el dengue

El exgobernador José María ‘Chemita’ Ballesteros (2014-2015) será llevado ante la justicia por las irregularidades en un convenio por 17.000 millones de pesos para la investigación sobre las causas del dengue en La Guajira. Según la investigación, el convenio fue entregado a la Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud, que no tenía la experiencia ni capacidad económica o administrativa para cumplirlo. Igualmente, se detectó que 360 millones se gastaron en ítems diferentes a los del convenio.

Condena de 55 años por triple homicidio

El exgobernador Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar (2012-2013) cumple una pena de 55 años de cárcel como determinador del homicidio de la alcaldesa de Barrancas (La Guajira), Yandra Brito, su esposo Henry Ustariz y el escolta Wilfrido Fonseca. El homicidio fue perpetrado en el 2008 por hombres del señalado narcotraficante ‘Marquitos’ Figueroa. El exgobernador está a la espera de la decisión de otro juez por el crimen de concejal Luis G. López y los campesinos Alejandro Rodríguez y Rosa Cabrera.

Irregularidades en obra para megacolegios

El exgobernador Jorge Eduardo Pérez Bernier (2008-2011) fue capturado en noviembre del año pasado por presuntas irregularidades en contratos para la construcción de 42 megacolegios. La Fiscalía halló sobrecostos y facturación falsa en los anticipos que generaron un detrimento por 22.000 millones de pesos. EL TIEMPO reveló que la Fiscalía tenía evidencias de que el exmandatario podía afectar la investigación, al encontrar que estaría recibiendo información confidencial del caso y presionando testigos.

Ocho años de cárcel por contrato con abogado

El exgobernador José Luis González Crespo (2004-2007) fue condenado por la Corte Suprema a 8 años de cárcel por peculado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En el 2011, González Crespo aceptó su responsabilidad en el contrato firmado con el abogado Osvaldo Rogelio Díaz por cinco millones de pesos para que recaudara el dinero que no se le había pagado al departamento por el recaudo de estampillas. El abogado recaudó más de dos mil millones de pesos, de los cuales se apropió.

POLÍTICA Y JUSTICIA

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