'No hay mentira más grande que rendición de cuentas de las campañas'

'No hay mentira más grande que rendición de cuentas de las campañas'

El contralor, Edgardo Maya, pidió más sanción social frente a los casos de corrupción en el país.

Contralor Edgardo Maya en foro anticorrupción de EL TIEMPO

El contralor general, Edgardo Maya Villazón, en el foro anticorrupción de EL TIEMPO.

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Claudia Rubio / EL TIEMPO

05 de abril 2017 , 11:39 a.m.

El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, dijo este miércoles durante su intervención en el foro sobre anticorrupción de EL TIEMPO, que “si nosotros no destruimos la corrupción, la corrupción destruye nuestro estado de derecho”.

“Como ya está demostrado, el tema de la corrupción es totalmente estructural”, dijo el Contralor, quien fue Procurador entre 2001 y 2009.

Maya recordó que la póliza de 500 millones de dólares que amparaba el contrato de la Ruta del Sol, durante el gobierno de Ernesto Samper, “era falsa”, y que más de 20 años después el proyecto continúa y se proyecta para terminarse en 2022, pese a que la Procuraduría decretó la caducidad del contrato.

También recordó que, como jefe del Ministerio Público, visitó el hospital San Francisco de Asís, en el Chocó, en 2003. “En el 2016 volví y está en las mismas condiciones”, pese a haber sido intervenido en varias ocasiones. Esto demuestra –aseguró el Contralor– que hay una permanencia y reiteración de conductas corruptas, que no solo son un problema estructural sino también “crónico dentro de las instituciones del país”.

Por otro lado, Maya aseguró que el crecimiento de la corrupción es “totalmente proporcional” al crecimiento de los recursos públicos. “En la medida que crecen los recursos, crece la corrupción”, y como ejemplo usó el caso de las regalías, en particular en lo concerniente a los rubros de ciencia y tecnología.

“¿Dónde estaban las universidades colombianas?”, se preguntó el Contralor tras decir que cerca del 70 % de esos contratos han sido manejados irregularmente, y que han sido adjudicados a personas y entidades “que ni siquiera estaban registrados en Colciencias”.

El sector salud fue otro ejemplo que utilizó el Contralor. En Córdoba, se cobraron 49.000 millones de pesos por tratamientos para la hemofilia, pero no se encontraron a los hemofílicos. Asimismo, en Sucre, se gastaron 5.000 millones de pesos en tratamientos para enfermos mentales que, a la hora de revisar, no existían, recapituló Maya Villazón.

El Contralor también dijo que no hay que perder de vista que la corrupción es de doble vía. “La única conducta en que el servidor público actúa en solitario es cuando se apropia de los recursos públicos”, dijo. En los demás, necesita de la participación del sector privado: “Alguien tiene que proponer y alguien tiene que disponer”.

No obstante, para Maya no es suficiente con que los órganos de control actúen en conjunto, ni con que existan las leyes. “Necesitamos algo más importante, que es la actitud, la decisión, para hacer un levantamiento contra los malos manejos de los recursos públicos para que esto se estremezca. Hay que estremecer las columnas. Que todo se derrumbe para poder levantar algo”, fue el llamado del Contralor.

El jefe del ente de control fiscal planteó otras críticas específicas, algunas que ya ha formulado en otros escenarios. Reiteró que no está de acuerdo con que el país tenga 63 contralorías, sumando la nacional, las regionales y las locales.

Criticó también la figura de carrera administrativa en la función pública, en la que “ninguna institución del Estado puede retirar del servicio por malas calificaciones a un funcionario de carrera administrativa”.

Planteó, además, que ya no tiene sentido la prohibición de que los funcionarios públicos intervengan en política, porque “no hay mentira más grande”, así como “no hay mentira más grande que la rendición de cuentas de las campañas electorales”.

En la misma línea, Maya criticó el costo de las campañas electorales, y planteó una propuesta “elemental”, como él mismo la calificó: “Que los servidores públicos cumplan con sus deberes”. Si los servidores hacen lo que deben en los procesos de contratación pública, no suceden hechos de corrupción, aseguró.

Y, aunque sus palabras no sugieren que todos los colombianos ni los servidores son corruptos, llamó la atención sobre la consecuencia principal de la corrupción: la deslegitimación de la democracia y el debilitamiento de las estructuras del Estado. En consecuencia, dijo que no es suficiente con el actuar institucional, sino que hace falta mayor sanción social.

ELTIEMPO.COM

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