El balance en el Gobierno de Juan Manuel Santos

El balance en el Gobierno de Juan Manuel Santos

El presidente da a conocer los avances en materia de salud, educación, medioambiente y otros.

Un gobierno de derechos

El gobierno destaca que, por primera vez en la historia, la educación recibió más recursos que cualquier otro rubro.

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Jaime Moreno / EL TIEMPO

28 de mayo 2018 , 08:24 p.m.

El momento histórico de la expedición de la Constitución de 1991 nos dio a los colombianos una nueva esperanza. La nueva Carta trajo dos promesas esenciales: (i) la paz y (ii) la protección y garantía de nuestros derechos fundamentales. Desde entonces, Colombia ha avanzado en la construcción de estos dos objetivos, pero ha sido durante los últimos 8 años en los que hemos visto el mayor progreso.

Este gobierno multiplicó casi por 8 el número de leyes estatutarias presentadas y promulgadas a través de las cuales se desarrollan los derechos fundamentales, en comparación con el periodo presidencial anterior. Se desarrollaron los derechos a la salud, igualdad, no discriminación, libertad de cultos, ejercicio y control del poder político, participación ciudadana, protección de datos personales, acceso a información pública y medioambiente. Han sido decenas de leyes y decretos los que ha expedido el Gobierno Nacional para garantizar que esas promesas del 91 sean efectivamente gozadas por todos y todas.

Inclusión y no discriminación

Los colombianos contamos de manera real con múltiples políticas públicas que nos permiten hacer más exigibles nuestros derechos, sin necesidad de acudir a instancias judiciales.

Asegurar que todos los ciudadanos, sin importar su género, raza, creencias u orientación sexual, gocemos de los mismos derechos y seamos respetados en medio de la diversidad e incluidos plenamente dentro de la sociedad es simplemente la materialización de los derechos a la igualdad, libre desarrollo de la personalidad y no discriminación.

A través del Decreto 762 de 2018 se creó la política pública para los derechos de las personas LGBTI, basándose en el reconocimiento de la dignidad e implementando mecanismos que garanticen el ejercicio de sus derechos fundamentales, como la vida, libertad, integridad y seguridad.

Por su parte, mediante el Decreto 437 de 2018 se estableció la Política Pública de Libertad de Cultos, en la cual se promueve la no discriminación, la tolerancia y la no estigmatización por motivos religiosos, reconociendo el aporte a la resolución de conflictos y a la convivencia pacífica en la familia y la sociedad que las entidades religiosas desarrollan.

La inclusión debe ser para todos, por eso, el gobierno promovió y promulgó una ley estatutaria para garantizar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad. La Ley 1618 de 2013 estableció, entre otras, la obligación para que todas las políticas, planes y programas estatales garanticen el ejercicio total de los derechos de las personas con discapacidad, así como el acompañamiento permanente a los niños y niñas y sus familias.

La implementación de estas políticas son un hito histórico para las libertades individuales y la inclusión en el país.

Protección de nuestras comunidades indígenas

Este gobierno –como ningún otro– ha adelantado un escenario de diálogo permanente con nuestras comunidades indígenas, desarrollando y respetando sus derechos ancestrales, sus costumbres, tradiciones y la consulta previa.

A través de los decretos 2333 de 2014 y 1071 de 2015, establecimos los mecanismos para que los pueblos indígenas puedan ejercer de manera efectiva el ejercicio a la protección y seguridad jurídica de sus territorios. El Decreto Ley 1953 de 2014 ha permitido desarrollar, bajo un régimen especial, el funcionamiento de los territorios indígenas. Además, recientemente se establecieron normas especiales a los territorios de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés para el relacionamiento con sus gobiernos propios.

El gobierno ha llevado a cabo un sinnúmero de consultas previas frente a normas que hemos desarrollado, particularmente aquellas en relación con la implementación del Acuerdo Final.

Medioambiente

Uno de los mayores retos en el futuro de la humanidad es la protección de nuestros recursos naturales. Por primera vez, un gobierno ha dedicado todos los esfuerzos para delimitar más de dos millones de hectáreas para la preservación de las reservas hídricas y bosques en el país.

Hace tan solo 4 años, Colombia no tenía ni un solo páramo delimitado. Hoy ya hemos delimitado 30 y para finalizar el gobierno esperamos haber llegado a 37. Esta delimitación permite una mejor protección de nuestros recursos y limita la explotación industrial de estos territorios.

Participación ciudadana

De otro lado, uno de los mayores avances durante el gobierno ha sido empoderar a la ciudadanía. Los mecanismos de participación ciudadana, más allá del voto, siempre fueron un asunto que requería mayor promoción entre la población.

Se adelantó una reforma estatutaria para la protección del derecho a la participación ciudadana que culminó con la expedición de la Ley 1757 de 2015. Ahora, los mecanismos de participación están más cerca de los ciudadanos. En este contexto, los jóvenes son un grupo indispensable para el crecimiento de nuestra democracia. A través de la Ley 1622 de 2013, recientemente modificada por la Ley 1885 de 2018, creamos el Estatuto de la Ciudadanía Juvenil con el objetivo de garantizar que los y las jóvenes ejerzan plenamente sus derechos. La creación de la política de juventud permite que existan las herramientas de inclusión e implementación de los consejos territoriales de juventud para que sean un mecanismo de interlocución con las administraciones locales.

La participación ciudadana es base fundamental para la construcción de una paz estable; por eso, invitamos a que los ciudadanos conozcan y se apropien de todas estas iniciativas.

Educación

Por su parte, la educación es un elemento esencial para el crecimiento de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por primera vez en la historia, el presupuesto nacional para la educación recibe más recursos que cualquier otro rubro. La terminación del conflicto nos ha permitido concentrarnos en nuestro objetivo de ser el país más educado de la región.

Nuestros niñas y niños siempre han sido nuestra prioridad y desde el principio entendimos que la primera infancia es absolutamente esencial en su formación. La estrategia de Cero a Siempre ha sido un éxito que ha permitido que nuestros niños y niñas tengan una mejor nutrición, salud, protección y educación en el momento inicial de su vida.

Adicionalmente, haber conseguido la gratuidad total en la educación escolar es un logro sin precedentes. Las actuales generaciones, son –sin duda– las más educadas de nuestra historia. Esta labor la completamos con los avances logrados en la implementación de la jornada única escolar para que nuestros hijos y nietos tengan una educación de calidad. Hoy no hay excusa para que ningún niño o niña del país no asista al colegio.

Por último, es necesario mencionar la importancia del programa Ser Pilo Paga, que ha permitido que más 40.000 jóvenes colombianos con escasos recursos estudien la carrera universitaria que deseen en las mejores universidades del país completamente gratis. Esto no solo ha sido una enorme oportunidad para el futuro de estos jóvenes, sino que también se ha convertido en una herramienta inmejorable para el cierre de brechas sociales y desigualdad.

Salud

En el ámbito del derecho a la salud, durante los últimos 8 años se dieron los mayores avances en términos de cobertura y calidad. Con el compromiso del Gobierno Nacional se impulsó la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que definió la salud como un derecho fundamental. En esta se establecieron los principios que rigen la prestación del servicio, las obligaciones del Estado y los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas.

Hoy no existe un solo colombiano que no sea atendido por el sistema de salud; pero no solo eso, no existen colombianos de primera o segunda clase. Acabamos con la diferencia en la prestación del servicio que dependía de si la persona era parte del régimen contributivo o del subsidiado. Hemos dado una lucha sin antecedentes para bajar los precios de los medicamentos de alto costo y se ha reformado el sistema para que cada vez sea más sostenible económicamente.

Derechos de las víctimas y protección de la vida

Por último, quisiéramos subrayar que la consecución de la paz a través de la terminación de un conflicto con más de 50 años de historia y que dejó más de 8 millones de víctimas en el país es el mayor éxito y fin último de la Constitución Política.

Si bien existen críticas a la firma del Acuerdo Final, no es posible desconocer que haber silenciado las armas para siempre ha evitado la muerte de más de 3.000 colombianos y colombianas. Esta no es una cifra del gobierno, sino del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), quien a solo un año después de la suscripción del Acuerdo realizó un estudio en el que señaló que en comparación con el año 2002, donde las muertes por el conflicto superaban las 3.000 personas, en 2017 esta cifra llegó a cero. La mejor manera de proteger el derecho fundamental a la vida es con la terminación del conflicto.

En este contexto, la promulgación de la Ley de víctimas (1448/11) impulsada por este gobierno representó un momento histórico en el reconocimiento de sus derechos. La verdad, la justicia y la reparación han sido posibles en miles de víctimas que han sido indemnizadas. Todavía hay mucho camino por recorrer y para eso creamos la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de la Verdad, quienes tienen como fin último la protección y garantía de todos y cada uno de los derechos de las víctimas en Colombia.

Es importante hacer énfasis en que la protección de los defensores de derechos humanos es una absoluta prioridad para el Gobierno Nacional, y así hemos venido trabajando siempre. Las autoridades de protección no descasan en su labor de brindar la mayor protección a toda la ciudadanía. Sin embargo, las medidas no se pueden limitar únicamente a una protección individual, por eso, recientemente, hemos expedido el Decreto 660 de 2018, en el cual buscamos brindar una protección integral a todas las comunidades con el apoyo y en coordinación de las entidades territoriales.

Este ha sido un gobierno al que lo ha movido la protección y promoción de los derechos fundamentales. La terminación del conflicto era un paso indispensable para avanzar y hemos ido mucho más allá. En esta breve referencia a las normas, se nos quedan por fuera algunas de la mayor relevancia, como la Ley 1581 de 2012, sobre protección de datos personales, y la Ley 1712 de 2014, sobre acceso a información pública.

La labor debe continuar, pero a pocos meses de terminar el gobierno podemos decir con orgullo que esas promesas de la Constitución de 1991 están cada vez más cerca gracias al trabajo de estos últimos 8 años.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN Y GUILLERMO RIVERA FLÓREZ
Presidente y Ministro del Interior

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