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Condenados, pero con pensiones millonarias

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Más de 30 excongresistas culpables de delitos graves reciben cerca de 18 millones de pesos al mes.

El escándalo por las pensiones de las que gozan antiguos servidores públicos no se limita a los altos costos de las mismas. También hay quienes, a pesar de estar condenados -y en algunos casos todavía en la cárcel-, reciben mesadas superiores a las de la gran mayoría de colombianos. (Casos de algunos  condenados con pensiones millonarias).

Más de 30 excongresistas condenados por graves delitos, algunos relacionados con la afectación del erario, reciben pensiones mensuales que sobrepasan los 18 millones de pesos. Por ejemplo, Alberto Santofimio, condenado a 24 años de prisión por ser el coautor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Luis Carlos Galán, recibe una pensión mensual de 20'920.804 pesos. Y Mario Uribe, hallado culpable de alianzas con paramilitares, tiene una pensión de 18'650.042 de pesos mensuales. (Lea: Así se inflaron mesadas de los excongresistas).

A ellos se suman nombres como Miguel Pinedo Vidal (21'198.184 mensuales), Teodolindo Avendaño (19'235.504), Ciro Ramírez Pinzón (18'791.491), Eduardo Mestre (21'330.309) y Vicente Blel (18'487.801). Este último recibió su jubilación mientras estaba tras las rejas.

Ellos y más de 20 de sus colegas surtieron todos los procedimientos para acceder al pago de las mesadas. Y es que, por paradójico que parezca, que un político condenado por la justicia reciba una pensión, no es ilegal.

"Mientras no haya una disposición legal que establezca que quien cometa delitos de cualquier naturaleza pierde el derecho a la pensión, ellos la van a seguir recibiendo", comentó Clara Inés Vargas, exmagistrada de la Corte Constitucional.

Francisco Ramírez, director del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon), explicó que, según lo dispuesto, basta con "que se cumpla la edad y los aportes correspondientes", pues "la ley no toca el aspecto ético".

Esto contrasta con lo que señalaba la hoy desaparecida Ley 50 de 1886, según la cual solo tendrían "derecho a pensión de jubilación" los servidores que hubiesen desempeñado sus labores con "inteligencia y pureza" y pudiesen comprobar que no habían "sufrido alcance ni remoción por mal manejo".

De momento no parece haber en el Congreso ambiente para tramitar una norma que le ponga freno a esta situación. Pero ya hay voces que piden cambios. "Una persona sentenciada por parapolítica, guerrilla o narcotráfico nunca más debería recibir un peso del Estado", dijo Armando Benedetti, senador de 'la U'.

REDACCIÓN POLÍTICA

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