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¿Qué fue realmente lo que se firmó con las Farc en el tema agrario?

El exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo explica qué se acordó sobre el futuro del campo.

Próximamente publicará un libro contando qué fue exactamente lo que se negoció con las Farc en el tema agrario…
El editor es Mondadori, y si no le cambian el título, se llamará: 'Tierra y paz, bases del posconflicto rural'. Lo escribo con Andrés Bernal, uno de los tres delegados del Ministerio en el tema. El punto uno de la agenda, el agrario, está cerrado, y firmado por ambas partes.
Pero como nada está acordado hasta que todo esté acordado…
Puede ser que en la discusión final las Farc saquen algunas cosas, y eso es lo propio de un proceso de negociación. Pero el 98 por ciento de los temas agrarios están acordados. Es inconcebible que se esté utilizando como caballito de batalla que allá hay unas cosas miedosísimas, para no hablar de la SAC, que ya revisó su posición.
Para acabar con tanto cuento, explíquenos el acuerdo…
Básicamente es un gran programa de desarrollo rural para el posconflicto. La gran tarea consistirá, primero, en un proceso de dotación de tierras.
¿Por dotación de tierras debemos entender tierra para las Farc?
Ese es otro estribillo: que le van a dar unas cosas a la guerrilla. Por el contrario, a la guerrilla se le vienen quitando en este gobierno Santos muchas tierras, cerca de 150.000 hectáreas, de las que el ‘Mono Jojoy’ se había apropiado indebidamente por los lados de La Uribe. Nada es para la guerrilla. Todo es para la población campesina. Las Farc, que al comienzo tenían un discurso delirante en materia agraria, se han venido ajustando en sus pretensiones a la Constitución y a la ley. Acordamos construir un banco de tierras, que se utilizará para fines de reforma agraria, que involucrará cerca de 3 millones de hectáreas.
¿En qué consistirá ese banco de tierras?
La idea no es darles tierras peladas a los campesinos, como se decía en la época del antiguo Incora. Sino dotadas de bienes y servicios asociados al desarrollo rural. Riego y drenaje, asistencia técnica, vías, el texto entra inclusive a enunciar cuál va a ser el camino para educación, salud, porque en el fondo de lo que se trata es de que al final del posconflicto, la calidad de vida no solo haya mejorado, sino que se acerque a los indicadores de las ciudades.
¿Debemos prepararnos para una nueva reforma agraria en Colombia?
Sí, pero nada que ver con la que hizo América Latina y la misma Colombia en la segunda mitad del siglo XX, cuando se creó una entidad que aquí llamamos Incora. Que de acuerdo con sus apropiaciones presupuestales, salía a comprar tierras, muy pocas. También podrá el Incoder comprar algunas, pero no será lo fundamental.
¿Entonces, cómo nutrirá el banco de tierras?
En Colombia hay una cantidad ingente de tierras, que están en la órbita del Estado pero que hay que desafectar, facilitarlas jurídicamente para que puedan dedicarse a cumplir su función social, que es proveer tierras para los campesinos que hoy carecen de ella, y que se calculan en unas 250.000 familias. Primero, tenemos unas tierras muy importantes que pueden ser del orden de 1 millón de hectáreas, que el Estado tiene que recuperar, las cuales son baldíos adjudicados y apropiados indebidamente por avivatos. Para ese efecto, este gobierno ha reactivado 1.700 procesos agrarios que dormían el sueño de la indolencia, sobre todo cuando estuvieron cooptados por intereses paramilitares. Hoy es muy claro que no solo hubo campesinos despojados de sus tierras, y muchos, sino que otro gran despojado fue el Estado en las décadas pasadas. Recuperando esas tierras tenemos cantidades muy importantes. El Estado colombiano se metió a incautar tierras de los narcos, entre otras las mejores del país en los valles del Magdalena y del Cauca. Esas tierras, no menos de 500.000 hectáreas, han sufrido la suerte de los aviones en el triángulo de las Bermudas: entraron a la oficina de estupefacientes y de ahí no han vuelto a salir por mil problemas jurídicos.
¿Para dotar el banco de tierras habrá expropiación?
Esa figura está prevista en la Constitución y en la ley desde hace décadas. Podrá ser un mecanismo, pero no será el fundamental. Desde los tiempos del doctor Alberto Lleras se dictó la Ley 2 de 1959, que declara reserva forestal millones de hectáreas, en muchas de las cuales hoy están construidas ciudades enteras como Valledupar. Allí donde ya no hay reserva que cuidar también hay que hacer un proceso de desafectación de esas tierras para titularlas y llevarlas a este banco de tierras. Y desde luego, otra parte de todas estas políticas es formalizar la propiedad agraria. Por eso hemos venido trabajando en una tarea muy grande que infortunadamente está bastante paralizada en los últimos meses en el Incoder.
¿Ese es un vainazo contra el Ministro de Agricultura actual?
Más adelante le hablo de eso, que está asociado con la mermelada. Pero sigo: la formalización de la propiedad agraria es uno de los temas fundamentales, y por eso otro de los puntos que se recogen en la Habana es actualizar el catastro rural, que tiene un atraso de cerca del 50 por ciento.
¿En lo convenido en La Habana, cabe el esquema de grandes inversiones y de grandes propietarios de tierra en el campo?
Siempre y cuando las grandes empresas, los grandes empresarios, los grandes emprendimientos agrícolas hayan adquirido sus tierras en debida forma, absolutamente nada tienen que temer de lo que se ha acordado en La Habana.
¿Para hacer esa diferenciación, el año de 1994 es definitivo?
Sí. En ese año se expidió la Ley 160, que dijo en términos muy simples: nadie que adquiera una propiedad que venga de un proceso de reforma agraria podrá aglutinar o conglomerar más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF). Parte de los escándalos que se han presentado tienen que ver con este caso. Se dieron constelaciones de sociedades que compraron mucho más de una UAF para hacer una gran extensión. La tesis del Gobierno, como yo lo registré a su nombre en un proyecto de ley que dejé presentado en el Congreso, era que se abría la puerta a la inversión extranjera bien hecha y seria, pero que los procesos de acumulación de tierras posteriores a la vigencia de la Ley 160 de 1994 contravinieron la ley agraria, en caso de que alguien, directamente o por interpuesta persona, hubiera comprado más de una UAF. Esto tendrá que ser objeto de las acciones de nulidad.
¿O sea que desde 1994 no puede haber en Colombia propietarios de grandes extensiones de tierras?
Claro que sí. Solo que esas tierras no deben ser provenientes de parcelaciones agrarias. Si yo compro tierra proveniente del sector privado, no de adjudicatarios de la reforma agraria, no tengo límite en la legislación colombiana para hacer economías de escala y unidades productivas de más de una UAF.
Hablemos de las zonas de reserva campesina. La gente le tiene susto a que el país se inunde de eso…
Es un buen ejemplo de cómo lo que se pactó en La Habana es un tema serio y con gran sindéresis jurídica. ¿Cómo se desarrolla el escenario de conversaciones en La Habana? De 8 a 12 del día hay la negociación propiamente dicha, donde no hay grabadoras ni periodistas. A partir de la 1 de la tarde salen las Farc a hablar de lo divino y lo humano, para superar su atraso mediático después de tantos años en el monte. En una de esas ruedas de prensa dijeron que querían negociar zonas de reserva campesina en 9 millones de hectáreas, con cuasiautonomía jurídica, presupuestal, judicial. Como Ministro les respondí que no aceptaría convertir al país en una suma de “republiquetas”.
¿Entonces, qué fue lo que finalmente se acordó?
Que las zonas de reserva campesina pueden ser un instrumento idóneo para utilizar en el conflicto, pero de acuerdo con la ley que ya existe. Compare eso con el discurso original de Iván Márquez el día de la inauguración de las conversaciones en Oslo, que cayó como un balde de agua fría. Ha habido mucha evolución de lo retórico y rimbombante a cosas muy concretas que aparecen en el texto firmado. El Gobierno llegó a La Habana muy estudiado; no llegamos a improvisar, como sucedió en buena parte en El Caguán. Y le voy a decir algo muy claro: el programa agrario, de desarrollo rural que está previsto, de todas maneras debe hacerlo el país por consideraciones de ética pública y de responsabilidad para con el campesino colombiano, aun si fracasa lo de La Habana.
Hay amago de nuevos paros agrarios. ¿Cómo cree que se puedan manejar en plena campaña presidencial?
Es evidente que hay fuerzas con un alto contenido político que le quieren hacer un nuevo paro agrario al Presidente, antes de las elecciones, porque perciben que eso tiene mucha incidencia en ese proceso. Ojalá, si estos paros se dan, que el Gobierno guarde la calma y la sindéresis y no vaya como loco a entregar esta vida y la otra, como podría ser por ejemplo una condonación general de créditos, que desvirtuaría todo el proceso financiero y la cultura del pago en Colombia.
Los paros se paran con promesas…
Nosotros todavía en este gobierno venimos recibiendo vales que firmaron Horacio Serpa en el gobierno Samper y Fabio Valencia en el de Uribe, para desactivar todo paro y marcha, lo cual es facilísimo. Pero después le revienta al gobierno que viene. Hay hasta un cuento muy simpático: en los tiempos de Samper hubo unas marchas y paros campesinos muy complicados en el Putumayo. El país estaba asombrado de la capacidad negociadora de Serpa, que viajaba en una avioneta, y en cada berma de cada carretera firmaba un acuerdo y se desactivaba el paro. Pues desde una de esas marchas mandaron un telegrama célebre a Palacio que decía así: “Exigimos inmediata presencia del Ministro del Interior. En último caso, que nos manden al Presidente…” (Risas). Ojalá que no le vaya a pasar eso al ministro Iragorri.
Me dijo que me iba a hablar del Ministro de Agricultura y de la mermelada…
Antes del Ministro le hablo de mí mismo. Mis desencuentros con el Partido Conservador vinieron de que en un momento dado ellos pretendieron que yo los embadurnara de mermelada, cosa a la que me negué radicalmente. Entonces, mi partido fue a decirle al Presidente que yo no lo representaba porque no les había dado gusto en eso. Infortunadamente, en estos últimos meses, las cosas han cambiado y la mermelada ha fluido a rodos en las entidades del sector agropecuario, léase Incoder, Banco Agrario, ICA. Espero que el Partido Conservador reflexione, por Dios. Tiene que cambiar de dieta. Reducir su afición por la mermelada y su afición por los colesteroles burocráticos, para consumir más proteínas del pensamiento y de los planteamientos, cosa que no está haciendo.
MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO
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