Actos discriminatorios contra los afros podrían ser castigados con penas de 1 a 3 años.

Episodios de discriminación como el ocurrido a Johana Luz Acosta, una joven a la que en el 2005 le negaron el ingreso a dos discotecas en Cartagena por ser negra, podrían dejar de quedar en la impunidad.

Un proyecto de ley que cursa en el Congreso y que busca la protección de las comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizales, propone castigar con cárcel y fuertes sanciones económicas los actos de discriminación y racismo contra estos grupos.

La iniciativa, que está lista para recibir su segundo debate en la plenaria del Senado, pretende condenar entre 1 y 3 años a quien mediante "actos inequívocos promueva, provoque o incite al odio o a la violencia contra la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, por razón de su raza, color de piel u origen étnico". También instaura multas de hasta 15 salarios mínimos (7'725.000 pesos) a los establecimientos públicos que no permitan el ingreso a los negros e inhabilidades de 2 a 6 años para ejercer cargos públicos a los funcionarios que los discriminen.

El autor de la iniciativa, el senador del Mira Carlos Alberto Baena, calificó la situación actual de las negritudes como "preocupante".

De acuerdo con un informe de la Comisión Intersectorial Afrocolombiana, el 80 por ciento de las negritudes vive por debajo de la línea de pobreza absoluta, y el 75 por ciento recibe salarios inferiores al mínimo legal. Estas cifras, según Baena, demuestran que la falta de oportunidades y las precarias condiciones de vida de la mayoría de los negros los "sumen más y más en la pobreza".

"Se intentó combatir el racismo a través de la cultura pero no funcionó. Si seguimos así estas comunidades seguirán siendo pobres toda la vida. Por eso, si se manda el mensaje de que se va a penalizar, la sociedad va a reaccionar", aseguró.

Según el censo del 2005, el 10,5 por ciento de los colombianos se autorreconoció como negro, mulato o afrodescendiente.

El director de Fundesarrollo Afro, Luis Ernesto Olave, resaltó la necesidad de legislar en contra de actos discriminatorios y racistas. Afirmó que este tipo de proyectos "los estaba pidiendo la población afrocolombiana desde hacía muchísimo tiempo".

Sin embargo, lamentó que las sanciones económicas que contempla la iniciativa sean tan bajas -de hasta 15 salarios mínimos-. A su juicio, estas deberían ser mayores porque es en los establecimientos comerciales donde "más se discrimina" y por eso las multas deberían "sentirse más, para que estos lugares se abstengan de ser racistas".

De acuerdo con Olave, esta iniciativa contribuiría a "sensiblizar a los colombianos, a poner un precedente en la sociedad y a dejar de manifiesto que las comunidades afro hacen parte del país".