Jaime Castro hace la propuesta para salir de la crisis por la hundida reforma de la justicia.

El Congreso lo hizo bien cuando expidió las reformas de 1936, 1945 y 1968. Últimamente no lo ha hecho en debida forma. En 1977 aceptó que no podía realizar los cambios que requerían la justicia y la administración departamental y municipal. Por eso convocó la "pequeña constituyente" que la Corte Suprema tumbó.

Decidió, entonces, hacer él mismo la reforma. Expidió el acto legislativo 1 de 1979, que también murió en manos de la Corte. En los años 85 y 86 solo logró aprobarla en 6 de los 8 debates reglamentarios. En el 88, el gobierno pidió hundir el proyecto oficial porque le colgaron 'mico' que ordenaba referendo sobre la extradición.

Estos cuatro ensayos revelaron que el sistema se había bloqueado y le abrieron las puertas a la Asamblea Constituyente del 91, que expidió la Carta vigente y que el Congreso ha reformado mediante 36 actos legislativos que la convirtieron en colcha de retazos, porque descompusieron su unidad y coherencia iniciales y desmontaron algunas de sus piezas e instituciones sin darse cuenta que el cambio de una sola produce un inevitable "dominó constitucional".

Aunque algunas de tales reformas rompen vértebras de la Carta del 91 -reelección presidencial inmediata, extradición de colombianos por nacimiento, desaceleración de la participación de las entidades territoriales en los ingresos de la Nación y manejo centralizado de las regalías-, la mayoría regulan materias que hubieran podido tratarse mediante leyes o actos administrativos.
También han servido para dejar sin efectos sentencias de la Corte Constitucional y para disponer que los congresistas pudieran crear partidos sin los requisitos de ley, cambiar de partido sin renunciar a la curul ni incurrir en causal de doble militancia y "acomodar" a favor suyo las normas sobre silla vacía. La ley 1359 de 2009 (segunda reelección) intentó sustituir la Constitución. Por todo ello, la Corte ha tumbado cuatro actos legislativos completos y varios artículos, incisos, parágrafos, frases y expresiones de otros siete.

El Congreso tampoco tiene autoridad para reformar la Constitución por los abusos cometidos. Recientes determinaciones suyas produjeron indignación nacional. El año pasado aprobó el acto legislativo que permite a senadores y representantes participar en el trámite y votación de cualquier reforma constitucional, aunque estén cobijados por conflictos de intereses que los obliguen a declararse impedidos. Ese acto propició la mal llamada reforma judicial, que blindó las investigaciones penales y pérdidas de investidura de los parlamentarios que la tramitaron y votaron.

El Congreso también es ilegítimo por su origen y comportamiento. Buen número de curules son espurias (fraude electoral y apoyo de actores ilegales del conflicto) y muchas de sus decisiones tienen las características antes resumidas. La crisis, en grado distinto, abarca los otros poderes y para salir de ella se requiere una reforma constitucional que las Cámaras no podrán acometer, pues cuando caiga el acto legislativo 1 de 2011 lloverán impedimentos y recusaciones. Esa reforma tendrá que ocuparse de temas como los siguientes:

El Congreso no debe seguir ejerciendo funciones jurisdiccionales en relación con nadie ni designando la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Esto último creó el cordón umbilical clase política-administración de justicia que hay que romper para volver a la separación orgánica entre las ramas del poder. La reforma política territorial -el capítulo más importante de la reforma política nacional- tiene que rescatar los municipios y departamentos, que cayeron en manos de mafias políticas y clanes familiares. Con el mismo fin se deben reestructurar las CAR.

Urge organizar una instancia independiente que sancione la responsabilidad disciplinaria y penal de altos dignatarios del Estado, incluidos senadores y representantes. El Congreso no debe nombrar el Consejo Electoral, porque lo convierte en apéndice suyo. Conviene ponerle término en el tiempo a las campañas electorales, porque tenemos las más largas del mundo y, en parte por ello, las más costosas. Conviene también enmendar los errores cometidos por el Congreso, porque "la del 91 ya no es Constitución reformada, sino deformada".

¿Quién debe hacer esa gran reforma? Como no puede ni debe hacerla el Congreso, es forzoso acudir a lo que dispone la norma vigente: la Constitución "podrá ser reformada por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo". La asamblea constituyente de 1910 reordenó lo que había desbaratado el Quinquenio de Reyes y nacionalizó las instituciones partidistas de 1886. La de 1991 expidió la Carta que nos rige. Las de 1905 y 1953 no vale la pena tenerlas en cuenta porque fueron constituyentes de bolsillo designadas por los gobiernos de esos años.

El referendo que se aprobó en 1957 con el nombre de Plebiscito le devolvió al país la normalidad institucional perdida y terminó una cruenta lucha partidista de años. El del 2003 no reunió los requisitos de ley, porque en vez de la reforma política ofrecida proponía modesto plan de ajuste fiscal y se votó con censo electoral inflado, que aún no hemos castigado. Quienes lo proponen para revocar el mandato de senadores y representantes deben entender que cambios de verdad solo se lograrán si se ordenan, por ejemplo, congreso unicameral y circunscripciones uninominales.

Como constituyente y referendo requieren ser convocados por ley y es dable pensar que el Congreso no la apruebe fácilmente, porque no querrá renunciar a su poder constituyente, conviene recordar que el Presidente de la República puede "consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional", y con base en ello pedirle a la ciudadanía que escoja entre la constituyente y el referendo. La decisión de las urnas obliga a las Cámaras a dictar la correspondiente ley.

En 1901, Churchill dijo: "Vivimos época de grandes acontecimientos y pequeños hombres. Si no queremos convertirnos en esclavos de nuestros propios sistemas, (...) (debemos) hacer vigorosos esfuerzos de originalidad". Nosotros también atravesamos una época de graves acontecimientos: las instituciones pierden cada día legitimidad, la politiquería y la corrupción van de la mano; Colombia, más que un país, parece un juzgado que no administra pronta y cumplida justicia.

Afortunadamente no vivimos época de pequeños hombres, porque hay quienes pueden ejercer el liderazgo que la coyuntura reclama.
En primer lugar, el presidente Santos debe sacar a la Nación de la crisis político-institucional, que puede comprometer el proceso de crecimiento y de cambio que ha vivido el país. La reforma debe servir también para que la Carta del 91, después de la de 1886, sea la que más tiempo nos gobierne.