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Congreso

Con una ley se busca proteger las especies amenazadas del país

El oso de anteojos es uno de los mamíferos en peligro de extinción en el país.

El oso de anteojos es uno de los mamíferos en peligro de extinción en el país.

Foto:Juan B. Díaz

En Colombia hay 1.203 especies en riesgo de extinción. De ellas, 173 están en peligro crítico.

Con el fin de asegurar la supervivencia de las especies con mayor riesgo de desaparecer en el país, este miércoles radicaron ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley para la protección de especies como el oso de anteojos y el sapo arlequín.
El proyecto de ley, que fue elaborado por el senador Mauricio Aguilar Hurtado y los representantes María Eugenia Triana y Ciro Fernández, contempla la creación de un comité nacional de especies amenazadas, el cual estaría adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo conformarían representantes de los ministerios de Minas, Ambiente, Hacienda y Agricultura; representantes del Senado y la Cámara, los institutos de investigación Asocars, instituciones académicas, ONG y un observador de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Este comité materializaría la intención de la ley, que es proteger a los animales y plantas en riesgo de desaparecer en el territorio nacional, incluso si existen poblaciones en otros países. De acuerdo con datos del Fondo Mundial para la Naturaleza, hay 1.203 especies en riesgo en el país entre plantas y animales. De ellas, 173 están en peligro crítico.
Entre las funciones de este organismo estaría la formulación del portafolio de hábitats críticos y áreas prioritarias, el cual definiría geográficamente las zonas críticas para asegurar a las especies amenazadas. Además, contempla establecer salvaguardas ambientales como incentivos económicos y negocios verdes, para proteger los hábitats.
Otro de los aspectos llamativos de la iniciativa es que se podrá hacer uso de los recursos del fondo Colombia en Paz durante el posconflicto, para la protección de las especies.
“Se incluyen también regalías asignadas a ciencia y tecnología, que no están siendo utilizadas –en teoría–, y podrían ser utilizadas por la ley”, asegura José Fernando González, director de ProCAT, ONG que acompañó la parte técnica de la iniciativa.
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