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Congreso

El impedimento de Uribe y de otros 11 senadores que no votaron la JEP

En su impedimento, Álvaro Uribe dijo que quería participar en los debates, pero que le tocaba apartarse.

En su impedimento, Álvaro Uribe dijo que quería participar en los debates, pero que le tocaba apartarse.

Foto:Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

No a todos los familiares de ‘parapolíticos’ les aceptaron la inhabilidad.

Juan Carlos Rojas
Uno de los obstáculos que sorteó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para su aprobación fueron las inhabilidades de casi la mitad del Senado: 44 de sus miembros dijeron tener impedimentos judiciales, de los cuales se aceptaron 12.

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Entre ellos hay desde parientes de condenados por el proceso 8.000 hasta herederos de ‘parapolíticos’, como Teresita García, hermana de Álvaro García Romero, condenado por sus nexos con las Auc, quien intentó sin suerte que se le revisara su sentencia a 40 años y que incluso barajó la posibilidad de acogerse a la JEP.
Casi todos los congresistas a quienes les aceptaron el impedimento tienen familiares condenados. Es el caso de los senadores y hermanos María del Rosario y Antonio Guerra de la Espriella; ella, precandidata a la presidencia por el Centro Democrático y él, mencionado dentro del escándalo de Odebrecht. A este último le aparece el sello de negado y de aprobado en el mismo impedimento. Ambos argumentaron tener vínculos de consaguinidad con personas a las que les podrían aplicar la ley. Según confirmaron en la UTL de la senadora, se refiere a su primo, Miguel de la Espriella, sentenciado por ‘parapolítica’.
Otro de los impedimentos aprobados es el de Nadia Blel, quien argumentó que “un pariente en primer grado de consanguinidad fue condenado injustamente por la Corte”, aludiendo a su padre Vicente Blel.
Otro de los inhabilitados por nexos familiares es Andrés Felipe García, vicepresidente del Senado: su madre, Piedad Zuccardi, es investigada por ‘parapolítica’ y él es sobrino de Álvaro García.
Es un caso similar al de Mauricio Aguilar, hijo del condenado Hugo Aguilar; al de Yamina Pestana, hermana de Pedro Pestana, y al de Olga Lucía Suárez, cuyo hermano Óscar fue condenado por aliarse con los ‘paras’ y hoy es fugitivo. Ella también tiene abierto un proceso en la Corte por el testimonio de un desmovilizado.
Pero no a todos los senadores con familiares sentenciados les aceptaron su impedimento. Sandra Villadiego, esposa de Miguel Rangel; Arleth Casado, pareja de Juan Manuel López; José Alfredo Gnecco, sobrino de ‘Pepe’ Gnecco Cerchar, y Doris Vega, esposa de Luis Alberto Gil, sí pudieron votar la ley.
Fichero

El manuscrito de Uribe

El expresidente y senador Álvaro Uribe también quedó por fuera de la votación. En una carta escrita de su puño y letra explicó que no quería inhabilitarse porque le hubiera gustado decir en la plenaria lo mismo que ha dicho en la calle sobre el tema.
Fichero
Sin embargo, aseguró que debía acudir a esa figura porque es una víctima del conflicto, por el asesinato de su padre, el cual se les atribuye a las Farc.
Además, Uribe también atacó en su carta a los magistrados de la JEP, pues dijo que ellos ya han fijado un criterio contra él. Y argumentó: “Ostento la calidad de expresidente de la República, quienes tienen mención especial en el proyecto”, punto que la Corte Constitucional ya eliminó.
Por último, indicó que contra él y su hermano cursan investigaciones. En efecto, a él le han compulsado copias por supuestos nexos con paramilitares, mientras que Santiago enfrenta un juicio por un homicidio y presuntos nexos con ‘los 12 Apóstoles’.
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EL TIEMPO también estableció que ocho impedimentos fueron hechos a mano por la misma persona, pero los firmaron Álvaro Ashton, Manuel Mora, José Name, Arleth Casado, Antonio Correa, Honorio Henríquez, Julio Guerra y Daniel Cabrales.
En este grupo de congresistas que usaron un mismo formato aparecen tres investigados por la Corte Suprema por ‘parapolítica’ y otros tres con familiares condenados por nexos con ‘paras’. De ellos, a Henríquez y a Guerra se los aceptaron.
La avalancha de inhabilidades se podría repetir en la Cámara de Representantes, donde la ponencia de la JEP será radicada en los próximos días: allí hay 11 congresistas investigados por ‘parapolítica’, familiares de condenados y hasta víctimas de las Farc, como la liberal Clara Rojas.
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Juan Carlos Rojas
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