El centralismo en las altas cortes

El centralismo en las altas cortes

Hasta 2013 más del 70 % de los magistrados de la Corte Suprema provenían de universidades bogotanas.

Corte Constitucional

Un vistazo a la Corte Constitucional muestra que la gran mayoría de sus integrantes han sido oriundos de la capital del país.

Foto:

Carlos Ortega / Archivo EL TIEMPO

22 de junio 2017 , 12:31 p.m.

Este año se renovará casi la mitad de la Corte Constitucional y resurgen los debates sobre los mejores perfiles y las condiciones que deberían reunir quienes tendrán la delicada tarea de garantizar los derechos de las personas y la vigencia plena de la Constitución.

Algunos sectores proponen –con justicia– más magistradas, otros insisten en la necesidad de una mayor representación de la academia, unos más se inclinan por juristas con experiencia profesional (preferiblemente de las grandes firmas de abogados capitalinas).

Sin duda, en lo que sí parecen coincidir muchas voces ciudadanas y expertas es en que el tribunal no debería caer en manos de los políticos.

Pero hay otro aspecto de la selección de esas magistraturas que ha pasado inadvertida y es la representación de las regiones en la composición de los altos tribunales del país.

En efecto, aunque muchos resaltan algunos avances de la Constitución de 1991 en materia de descentralización, esto no quiere decir que hayamos superado el centralismo como criterio o factor que define quiénes ocupan gran parte de los altos cargos nacionales.

Es así como a las altas cortes llegan en su mayoría juristas que han nacido o viven en la capital del país. Como diría alguien: “Por los de Bogotá o por gente de las regiones que se bogotanizó”.

Y tal vez no le falte razón a quien lanza semejante afirmación, que cobra sentido cuando recuerdo esto que le oímos en público a un exmagistrado de una alta Corte, oriundo del suroccidente del país, cuando hace poco mencionaba que él había decidido irse a vivir a Bogotá una década antes de su elección en ese tribunal, pues todo aspirante a esos cargos tenía que “hacer carrera”, ser “visible” y tener contactos en la capital si quería llegar a “cualquier alto tribunal”; es decir que le tocó “bogotanizarse”.

Pero esto no siempre fue así y, como paradoja, bajo la hoy sepultada y centralista Constitución de 1886, encontramos varios momentos en los que las regiones tuvieron un peso importante en la configuración de esa alta burocracia nacional, en todas las ramas del poder público. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, que por entonces era el máximo tribunal de justicia del país, que además de ser tribunal de casación era juez constitucional, en tiempos en que el Presidente de la República postulaba las ternas de candidatos y la elección de los magistrados se surtía en el Congreso (1910-1957), el Ejecutivo trataba de lograr un fino equilibrio entre la representación de los partidos políticos y de las regiones; incluso hay evidencias de que tal comportamiento se mantuvo cuando el país vivía con mayor intensidad las hegemonías liberal o conservadora.

Una mirada a la historia de la Corte Suprema bajo la Carta de 1886 también nos muestra a decenas de juristas de las regiones, que vivían en ellas, y eran convocados por el propio Presidente de la República para ocupar las magistraturas. Eran abogados que, prácticamente, hacían trasteo hasta Bogotá para posesionarse en el alto tribunal. Por ejemplo, cuando el presidente Eduardo Santos en 1940 postuló ante el Congreso a los candidatos a magistrados que debían suceder a los de la Corte Admirable o Corte liberal de Alfonso López Pumarejo, luego de recibir las recomendaciones de los directorios políticos de los diferentes rincones del país así como de la comunidad de juristas, con su puño y letra “balanceó” sus ternas para intentar garantizar esa polifonía partidista y regional. También esa trayectoria de la Corte nos muestra las alianzas regionales interpartidistas para defender a candidatos de sus departamentos. Es así como en varias ocasiones las bancadas regionales, que no de partidos, se retiraron del Congreso en protesta porque sus regiones habían quedado con baja o nula representación en alguna elección para el alto tribunal. Esas prácticas, por cierto, tendrían que analizarse con mayor rigor para matizar la lectura que hoy tenemos sobre las hegemonías y el bipartidismo colombiano.

Más adelante, en la coyuntura de cambio del Frente Nacional, cuando en 1958 el Congreso eligió a los magistrados de la Corte Suprema antes de que iniciara en firme el sistema de selección por cooptación que operó hasta 1991, la composición regional del tribunal fue un factor que influyó tanto en la conformación de las ternas como en la elección final. Incluso bajo el mecanismo de la cooptación podría afirmarse que se mantuvo una importante representación regional en esa corporación judicial, junto a las cuotas liberales y conservadoras.

Según la Constitución de 1991, a los magistrados de la Corte Constitucional los elige el Senado, mientras que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se conforman por las propias corporaciones judiciales con el mecanismo de “cooptación indirecta”. Un vistazo rápido a la composición de la Corte Constitucional nos muestra que la gran mayoría de sus magistrados y magistradas han sido oriundos de la capital del país o que, aunque provienen de fuera de Bogotá, han hecho sus carreras en ella. En el caso de la Corte Suprema, entre 1991 y el 2011 el 20 % de los magistrados del tribunal eran bogotanos, mientras que 16,4 %, antioqueños y el 11 % de cuatro departamentos de la región Caribe.

Estas cifras también hay que analizarlas en conjunto con los datos de la participación de las universidades de donde se gradúan los magistrados: hasta el 2013 más del 70 % de ellos eran abogados egresados de instituciones de educación superior bogotanas.

Tal vez la pérdida de importancia de muchas regiones del país, antes claves en la toma de decisiones nacionales, no solo se deba a la crisis económica, social y política que por décadas las han agobiado, sino también a la mirada del centro hacia la periferia, a esa que hay que “bogotanizar” hasta en su burocracia.

La asimetría del centro frente a la periferia no solo tiene que ver con la distribución de competencias en el territorio, la disponibilidad de recursos económicos o la capacidad institucional de las regiones.

Ahora, cuando el Presidente de la República puede proponer al menos tres de las nueve ternas para conformar la Corte Constitucional, valdría la pena volver la mirada a las regiones. ¿Cuántos departamentos nunca han tenido una representación en esa corporación? ¿Qué posibilidades tienen los juristas de las regiones de llegar a ese tribunal si no estudian, ‘hacen carrera’ o viven en Bogotá? La Constitución, como la Corte Constitucional, es nacional. Que el país –y el centro– escuche a las regiones.

MARIO ALBERTO CAJAS SARRIA*
* Jefe del Departamento de Estudios Jurídicos, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la Universidad Icesi.
​*Obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad de los Andes con la tesis ‘La Corte Suprema de Justicia de Colombia’.

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