Multar a clientes de la prostitución: ¿retroceso o solución?

Multar a clientes de la prostitución: ¿retroceso o solución?

Activistas, académicos y prostitutas dicen que el proyecto de ley de Clara Rojas es un salto atrás.

Multas para quienes paguen por servicios sexuales

La propuesta cayó mal entre trabajadoras sexuales organizadas, activistas y académicos.

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Robin Utrecht / AFP - 123rf

12 de agosto 2017 , 10:29 p.m.

“Me ha pasado varias veces. El cliente y yo hacemos un acuerdo verbal. Fijamos un precio, un tiempo, unas reglas. Sí: el servicio que consciente y decididamente presto con mi cuerpo tiene condiciones. El tipo acepta, pero luego se pone como un monstruo y quiere hacer cosas que desbordan mis límites. La cosa, a veces, se pone violenta. ¿Llamar a la Policía? ¡Ni de fundas! No hay ley que soporte las reglas que por ahora yo misma defino y a la autoridad no le cabe en la cabeza que la criminal no soy yo.

A varias las han llevado a la UPJ. Les dan bolillo, les quitan los papeles. La razón: andar por la calle con la libertad con la que, por derecho, podemos andar. En el papel mi oficio es legal, pero en la sociedad y en el Congreso pesa más la idea de que es un crimen que hay que abolir con castigos. Se equivocan. Mi trabajo es eso: un trabajo”.

La que habla es Laura Alarcón, trabajadora sexual y activista. La suya es solo una de las muchas voces que han expresado su rechazo al proyecto de ley radicado esta semana en el Congreso de la República por la representante a la cámara Clara Rojas, el cual propone que se sancione con multas de hasta 23 millones de pesos a quienes paguen por servicios sexuales.

Su proyecto busca proteger a personas en situación de prostitución, reducir los actos de violencia contra las personas que la ejercen

Rojas (Partido Liberal) explicó en diversos medios que su proyecto busca “proteger a personas en situación de prostitución”, “reducir los actos de violencia contra las personas que la ejercen”, evitar que “Colombia se convierta en un destino de sexo, drogas y trata de personas” y “desincentivar la explotación sexual, los feminicidios y el proxenetismo”. Añadió que el dinero recolectado a través de esas sanciones iría a un Fondo Nacional de Atención y Apoyo a personas ligadas a la prostitución, una actividad que, en entrevista con este diario, la congresista calificó como una “labor de explotación que atenta contra los derechos humanos”.

La propuesta cayó mal entre trabajadoras sexuales organizadas, activistas y académicos que la rechazan por ir en contravía de los logros sociales y jurídicos que han permitido avanzar en la reglamentación del trabajo sexual en Colombia. Y según pudo establecer EL TIEMPO, son al menos cuatro los principales motivos de su preocupación.

Retroceso en derechos

“Al igualar el trabajo sexual con delitos como la explotación sexual, la trata de personas y el proxenetismo este proyecto contribuye a alimentar el estigma que existe alrededor del oficio, a profundizar la discriminación y a perpetuar las miradas criminalizantes hacia quienes lo ejercen”, dice el abogado, investigador y defensor de los derechos humanos Alejandro Lanz Sánchez.

Para Lanz, el proyecto de Clara Rojas niega una serie de acumulados legales que han establecido la diferencia entre trabajo sexual y delitos como la explotación sexual, logros que han sido producto de “arduas batallas políticas lideradas por personas que ejercen la prostitución voluntariamente y que reivindican la prestación de sus servicios sexuales como un modo de vida y un trabajo tan digno de regulación estatal como cualquier otro”.

Cuatro sentencias de la Corte Constitucional han resultado claves en ese camino. En el 2010, ese tribunal estableció, a través de la Sentencia T-629 del 2010, que los trabajadores sexuales tienen los mismos derechos de las personas que cumplen cualquier otra labor. En ese sentido, reconoció el trabajo sexual como un oficio digno y, en consecuencia, le concedió la protección legal y constitucional que hasta entonces el ordenamiento jurídico no le había proporcionado.

En la sentencia mencionada (en la que por primera vez la Corte no hacía un reproche moral a la prostitución) se fijó, además, la distinción entre el delito de explotación sexual o prostitución forzada por el lucro económico de terceros y el trabajo sexual lícito, que parte del ejercicio de la voluntad libre de quien lo ejerce.

Más adelante, con la Sentencia T-736 del 2015, la Corte estableció que la discriminación a una población marginada como lo son las trabajadoras sexuales también se materializa en aquellas normas, medidas, políticas públicas o programas que, de manera indirecta, coartan el reconocimiento, disfrute o ejercicio de un derecho (en este caso, el derecho al trabajo).

Estas sentencias posicionaron en la jurisprudencia colombiana la postura laboralista del trabajo sexual. Más adelante, sin embargo, y en atención a un ejercicio de litigio comunitario adelantado por trabajadoras sexuales víctimas de violencia y persecución policial, la Corte Constitucional dio un paso más firme y con la Sentencia T-594 del 2016 reconoció que la no regulación del trabajo sexual produce una situación de mayor vulnerabilidad para quienes lo practican y legitima la violencia que algunos agentes de la autoridad ejercen sobre esa población.

En esa ruta, la Corte ordenó al Ministerio del Trabajo reglamentar el trabajo sexual (tiene plazo para presentar una propuesta de reglamentación hasta noviembre) y prohibió a la Policía restringir el derecho a la libre circulación de las trabajadoras sexuales por el simple hecho de ser percibidas como tal y perfiladas como posibles delincuentes en razón de su trabajo.

Finalmente, en la Sentencia T-073 del 2017, la Corte exhortó al Ministerio a priorizar la adopción de medidas que protejan a los trabajadores sexuales en sus lugares de trabajo.

“En síntesis –dicen los investigadores del Observatorio de Trabajo Sexual de la ONG Parces– toda esta jurisprudencia sitúa nuestro ordenamiento jurídico en el plano de la descriminalización de dicha actividad”.

Y eso es “importante”, añaden, pues “ha permitido avanzar en la protección de los trabajadores sexuales, en la desestigmatización de su oficio y en la persecución de delitos como el proxenetismo y la prostitución forzada”.

“Discursos como el de Rojas –remata Lanz– reactivan la confusión que ha reducido un trabajo lícito a la categoría de acto delincuencial y legitimado los excesos policiales. Ese retroceso desvirtúa las medidas de protección del trabajo sexual y pone en riesgo la integridad de quienes lo ejercen”.

Incentivo a la clandestinidad

La activista ‘Mar Candela’, defensora de los derechos de las mujeres y columnista invitada de ‘El Espectador’, cree que “Clara Rojas quiere importar un modelo de regulación que ha fracasado en países como Suecia y Francia, donde las multas o la prohibición no han acabado con la prostitución, sino que la ha transformado”. Y explica que, “al castigar al cliente por acceder al servicio, las prostitutas no tuvieron opción diferente que meterse al clóset a trabajar”, señala.

Según un estudio del Instituto de Estudios Políticos de París, la implementación de multas a clientes de la prostitución en Suecia redujo el número de trabajadoras sexuales en la calle de aproximadamente 2.500 en 1999, a menos de 100 en el 2013. Pero esa misma investigación afirma que la prostitución no disminuyó, sino que se clandestinizó.

Esta medida nos obligaría a clandestinizar el trabajo

Y aunque Clara Rojas ha insistido en que su proyecto no busca criminalizar, sino proteger a las personas en situación de prostitución, los expertos consultados coinciden en que las multas generarían un el clima de mayor clandestinidad que solo aumentaría los peligros para ellas.

Nancy Prada, magíster en Estudios de Género, afirma que cualquier trabajo que se lleve a cabo en esas circunstancias expone a quienes lo realizan a situaciones de extrema inseguridad y violencia. “Ningún oficio clandestino se desarrolla en condiciones dignas ni conforme a la normas de seguridad social. Las multas planteadas solo producirían guetos de aislamiento y mayor marginación donde no solo se profundizarían las vulnerabilidades de quienes ofertan el servicio, sino también los crímenes que la congresista condena”, anota Prada.

Marginadas de las decisiones

Otro de los elementos que preocupan a quienes se reconocen como trabajadoras sexuales es la escasez de mecanismos y espacios que faciliten su participación en el diseño de leyes y políticas públicas para regular su trabajo. “El proyecto de Clara Rojas parte de varias lecturas equivocadas”, dice Laura Alarcón. “Primero, asume que todas las personas que ejercemos este trabajo somos ‘víctimas’ o ‘explotadas’. Segundo, no considera la complejidad y diversidad de modalidades de este oficio, que va mucho más allá del típico prostíbulo y es ejercido por hombres, mujeres, personas transgénero, etc., de diferentes clases y estratos. Y tercero, ignora los espacios que, como prostitutas, hemos gestado para pensar nuestro propio oficio y diseñar nuestras propias propuestas”, agrega la activista.

Precisamente, uno de los reclamos de las personas organizadas en el sindicato Sintrasexco es el desconocimiento de los reclamos de quienes “practican la prostitución de forma libre”. “Quien esté interesado en proponer un proyecto para proteger nuestros derechos debería partir de la premisa de que bajo ninguna circunstancia seremos sujetas pasivas de sus decisiones, sino agentes activas en el proceso de discusión, diseño e implementación de las leyes”, dice Fidelia Suárez, presidenta del sindicato.

El antropólogo Franklin Gil, docente de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, se pregunta en qué tipo de piso investigativo y social se sustenta el proyecto radicado por Clara Rojas. “Ningún diagnóstico académico respaldaría una propuesta como esta y muchas de las organizaciones de trabajadoras sexuales en Colombia se han distanciado de la corriente ‘abolicionista’ de la prostitución en la que se inscribe la congresista”, señala el investigador.

A lo que el abogado Lanz agrega: “Quienes ejercen la prostitución conocen como nadie sus propias necesidades y han venido estructurando sus reclamos. Por eso deberían ser las principales interlocutoras”.

Evasión de lo fundamental

“Idealizar el trabajo sexual y pensar que allí no hay problemas que exigen con urgencia una regulación es tan ingenuo como pensar que bajo propuestas como la de Clara Rojas no subyace un perspectiva moralista que, en últimas, le apunta a esconder bajo la alfombra un fenómeno que no va a desaparecer por más multas que se impongan”, dice el antropólogo Gil.

Con Gil coincide Nancy Prada, para quien más allá de una preocupación auténtica por los peligros que, a falta de una reglamentación, corren las trabajadoras sexuales, lo que ve es una suerte de “pánico moral” con respecto a la dimensión fundamental de la prostitución: la sexualidad.

“Hay oficios como el trabajo doméstico, donde las personas, y en especial las mujeres, son con frecuencia explotadas y sufren violencias y humillaciones que, sin embargo, nos parecen menos graves porque no están atravesadas por el factor sexo”, anota Prada, para quien la regulación de la prostitución parte de la aceptación legal y social del trabajo sexual como un ejercicio autónomo, en el que las personas deciden hacer uso libre de su cuerpo y su sexualidad con fines económicos. “Sin el reconocimiento de esta realidad tan extendida, las leyes seguirán andando hacia el horizonte imposible de la prohibición y la abolición”, concluye.

Tal vez lo más destacable de toda esta polémica es que vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de proteger adecuadamente a quienes, por diversas razones, participan del mundo de la prostitución.

‘Este proyecto se sustenta en el modelo de equidad de género’

La activista y defensora de los derechos de las mujeres Liliana Forero respalda el proyecto de ley de la congresista Clara Rojas y explica que este se fundamenta en el “modelo de equidad de género”, el cual parte de la premisa de que la prostitución es una forma de violencia basada en género y que, por lo tanto, las personas prostituidas son, sin excepción, víctimas de un sistema de explotación sexual agenciado por explotadores directos (quienes pagan por sexo) e indirectos (los proxenetas).

Este modelo, afirma Forero, sí contempla las multas como un mecanismo de sanción económica y pedagógica a “los explotadores”, pero no se limita a ellas, pues es un “modelo integral que le apunta a abolir la prostitución y el complejo sistema de violencias machistas que la hacen posible”.

La primera medida que reivindican quienes se inscriben en esta corriente es la restitución de derechos a las ‘víctimas’, a quienes, según Forero, de ninguna manera consideran criminales o contraventoras.

La segunda medida radica, de acuerdo con la activista, “en sancionar y hacer una extinción de dominio a los que se lucran del sistema prostituyente” y la tercera, “en implementar un modelo de pedagogía social extendida que permita desnaturalizar el imaginario de que la prostitución es un trabajo o servicio” y que le permita entender a la sociedad que, por el contrario, es una violación de los derechos humanos.

Este modelo no considera la regulación de la prostitución como una manera de proteger a las ‘víctimas’, pues, en palabras de Forero, “regularla implica admitir la idea de que es posible pagar por usar o abusar sexualmente de otra persona”.

MARÍA LUNA MENDOZA
Redacción Domingo
lunmar@eltiempo.com

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