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Aprueban en quinto de ocho debates proyecto del fuero militar

La iniciativa es clave para la seguridad jurídica de los uniformados.

REDACCIÓN POLÍTICA
La Comisión Primera de la Cámara avaló que militares que comentan delitos de lesa humanidad sean juzgados por jurisdicción ordinaria. La célula legislativa dejó este miércoles a tres debates de ser realidad el proyecto que regula la justicia penal militar en el país.
Entre las modificaciones a la iniciativa, que no ha tenido mayores tropiezos en su trámite legislativo, están eliminar la lista de delitos por los que los militares serían juzgados por la jurisdicción ordinaria y no por tribunales castrenses.
Las únicas faltas de los uniformados que serían de competencia de la justicia ordinaria serían los delitos de lesa humanidad, el genocidio y las desapariciones forzadas.
De igual forma, el tribunal de garantías que se crea con esta enmienda a la Carta ya no tendría la responsabilidad permanente de decidir qué casos irán a qué jurisdicción sino que esa facultad se le regresa al Consejo Superior de la Judicatura.
En opinión de algunos de los ponentes, cuando se le dio esta potestad al tribunal de garantías, la Judicatura estaba siendo eliminada en la fallida reforma de la justicia, pero al hundirse esa iniciativa, se le deben devolver sus facultades al alto tribunal.
El otro cambio es que ese tribunal de garantías, en consecuencia, ya no tendría 8 miembros sino 6, la mitad de los cuales serían militares.
El representante a la Cámara del Polo Germán Navas, se opuso a la iniciativa y la calificó de "inconveniente".
Para Navas, el proyecto "no es más que una secuela de la controvertida reforma a la justicia y, por lo tanto, es tan espurio como la misma".
El congresista dijo además que el proyecto es "una revancha en contra de la justicia ordinaria ante la condena impuesta al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, por los hechos ocurridos en la toma del Palacio de Justicia".
La iniciativa, que avanza hacia la plenaria de la Cámara, es clave para la seguridad jurídica de los uniformados y es una de las prioridades del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
REDACCIÓN POLÍTICA
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