Expertos coinciden en que 'micos' terminarían por hundir reforma
Por: REDACCIÓN POLÍTICA |
El proyecto de reforma de la justicia alcanzó a ser analizado de manera conjunta por el Gobierno, las altas cortes, el Fiscal y el Congreso. El 3 de mayo hubo una reunión con tal fin. Presidencia
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Gobierno se prepara para presentar en sesiones extras objeciones al proyecto.
Durante todo el fin de semana, un equipo de juristas encabezado por la Secretaría Jurídica de la Presidencia trabaja a marchas forzadas en la elaboración del texto con el que el Presidente objetará en el Congreso no solo los cuatro 'micos' que denunció públicamente, sino todos los vicios que carga la iniciativa.
Altas fuentes del Gobierno aseguraron que el anuncio del Presidente es la cuota inicial del hundimiento de la reforma que puso en jaque a la justicia. En palabras de funcionarios de la Casa de Nariño, se buscan los "puntos neurálgicos para enterrarla". Por ahora, la estrategia pasa por mantener en la 'nevera' la publicación de la reforma aprobada.
Las objeciones serán presentadas ante el mismo Congreso, que dio el sí a una reforma inundada de vicios jurídicos. El Ejecutivo les juega a dos escenarios: que el Congreso acepte la revisión del texto y que por mayorías decida enterrar la iniciativa, o que se oponga y que sea entonces la Corte Constitucional la que dé la última palabra.
Y nadie en ese equipo considera que puntos positivos de la reforma -como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura- se alcancen a salvar del trámite que comenzaría esta misma semana.
La posibilidad de que Santos fracase con su inédita fórmula "está descartada", asegura Fernando Carrillo, director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, quien, además, es uno de los autores intelectuales de la estrategia.
Carrillo encontró la fórmula que, en teoría, permitiría frenar la vigencia de un acto legislativo que parecía ineludible. Una sentencia de la Corte Constitucional del 2007 que establece que, ante vacíos institucionales generados por las reformas de la Carta Política, la promulgación podría asimilarse a la de las leyes ordinarias.
Es decir que el Gobierno tendría facultad para ponerlas en vigencia y, por lo tanto, también para objetarlas.
En el diseño de la estrategia participaron varios exmagistrados, como Rodrigo Escobar -ponente de la decisión de la Corte en el 2007-, la contralora Sandra Morelli, el procurador Alejandro Ordóñez, el secretario general de Palacio, Juan Mesa; el ministro del Interior, Federico Renjifo, y el saliente ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
La otra propuesta, la de permitir la promulgación de la iniciativa para demandarla ante la Corte, no convenció. Implicaba dejar pasar una norma que muchos consideran contraria a los intereses del país. Los expertos señalan, en todo caso, que se necesitan más argumentos jurídicos para impedir definitivamente que entre en vigencia una de las reformas más polémicas de la Carta del 91.
'Conciliación violó normas'
Fernando Carrillo, director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, aseguró que el presidente Santos tuvo que elegir entre "dos deberes": "Promulgar una reforma constitucional o velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico".Para Carrillo, Santos no podía quedarse "cruzado de brazos". Por eso presentó las objeciones por inconveniencia o por inconstitucionalidad al Congreso. Agregó que los conciliadores tendrán que explicar sus actuaciones. "Allí se violaron rampantemente las normas legales", dijo.
¿Se afecta la relación con el Congreso?
No parece que las duras críticas que el presidente Juan Manuel Santos les hizo el jueves a los legisladores que conciliaron la reforma de la justicia vayan a afectar la relación del mandatario con el Congreso."Hay un Legislativo muy cercano al Presidente, dispuesto a seguir sus solicitudes. Los congresistas saben que les va mejor en la coalición y prefieren estar en buenos términos con el Jefe del Estado", dijo Patricia Muñoz, catedrática de la Universidad Javeriana.
Prueba de esto es que los partidos de la coalición salieron el viernes a respaldar a Santos en su decisión de objetar la reforma.
Por supuesto, este apoyo deberá confirmarse a partir del próximo 20 de julio, cuando se reanuden las sesiones.
Las frases
Juan Manuel Santos
Presidente de la República
"No vamos a dejar que, por aprobar una reforma para descongestionar la justicia (...), terminemos haciéndoles el juego a quienes quieren escapar de ella."
Juan Carlos Esguerra
Exministro de Justicia
"Han aprobado ustedes una buena reforma (...). Con el tiempo irán a aparecer los reconocimientos y las ponderaciones."
Álvaro Uribe Vélez
Expresidente, en Twitter
"Reforma justicia acordada por Gobierno y Congreso no es gobernabilidad, carece de apoyo ciudadano, es manguala que obra contra la democracia."
Simón Gaviria
Presidente de la Cámara
"La leímos por encima, no con el detalle y la minucia; confiamos que el Gobierno le estaba dando el aval".
Indignación y reforma de la justicia
Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales Plural
La idea de que la Constitución del 91 les dio demasiado poder a los jueces y a los ciudadanos era su razón de ser. Primero se promovió un cambio para permitir que los investigados votaran la reforma. Luego, vino el proyecto del Gobierno, que poco se ocupaba de mejorar el funcionamiento de la justicia. En realidad, pretendía acabar con el cuestionado Consejo Superior de la Judicatura y crear un nuevo estatuto de inmunidades para congresistas y altos funcionarios del Estado. En el transcurso de los debates, el Gobierno patrocinó todo tipo de cambios sin explicación alguna y con el único propósito de complacer a los congresistas y asegurar su apoyo. El resultado está a la vista: se acaba con la pérdida de investidura y se excluye a la sala penal de la Corte Suprema de las investigaciones por la 'parapolítica', los carteles de la contratación y la salud. Se establecen beneficios adicionales para los investigados y se abre la puerta a la excarcelación de los 'parapolíticos' y los responsables de graves delitos cometidos desde el poder del Estado. Las razones de su hundimiento no se encuentran, pues, solo en la actuación de las comisiones de conciliación.
El Gobierno subestimó la indignación ciudadana. Creyó que las reacciones en contra serían algo pasajero y hasta último momento apoyó la reforma. El repudio generalizado a este marco jurídico para la impunidad lo obligó a rectificar al borde del abismo. Para salvar su propio prestigio, Santos decidió desconocer no solo la reforma, sino las reglas de la Constitución. La fórmula presidencial crea un paréntesis constitucional que solo puede resolverse por dos vías. La primera, acudiendo a la Corte Constitucional para lograr que se declare su inconstitucionalidad. La segunda, apoyando el referendo derogatorio promovido por organizaciones sociales, académicos y constituyentes.
Justicia sí, reforma no
Antonio Navarro Wolff, expresidente de la Constituyente
La Asamblea Constituyente hizo eco de un clamor popular tan fuerte hace 21 años como lo es hoy. Debían evitarse desmanes de los políticos estableciendo sanciones severas para quienes cometieran irregularidades estando en ejercicio de sus cargos, especialmente en los cuerpos colegiados, empezando por el Congreso. Se establecieron, entre otras cosas, un régimen penal de instancia única ante la Corte Suprema, un mecanismo expedito de pérdida de investidura y la muerte política para quienes fueren condenados penalmente por delitos comunes. Esas sanciones han funcionado muy bien en casos como la 'parapolítica' y los 'carruseles' que han generado enriquecimiento ilícito o favorecimiento ilegal de ocupantes de altos cargos del Estado. Todo eso fue derrumbado por la reforma de la justicia, que comenzó como un instrumento de descongestión judicial y se transformó en un verdadero Frankenstein. Con razón se ha levantado una ola de indignación con unos congresistas que manosearon la Constitución legislando en causa propia.
Hoy dice el Presidente que devolverá, con objeciones, la reforma al Congreso. No sé cómo va a hacerlo sin violar la Constitución. Ojalá lo logre. Pero en previsión de un camino jurídicamente incierto, lo mejor es apoyar al Comité Ciudadano de Promotores de la Revocatoria de la Reforma, que usaría por primera vez el artículo 377 de la Carta. Sin pasar por el Congreso, con la firma del 5 por ciento (1,5 millones) del censo electoral, se puede convocar un referendo revocatorio del esperpento.
El comité ciudadano (no político) ya existe. Hay que ayudar a inscribirlo en la Registraduría con 150.000 firmas. Invito a los ciudadanos, a los medios de comunicación, a las organizaciones sin ánimo de lucro, pero también a los partidos y movimientos políticos que están contra la reforma, a que los apoyemos. Justicia sí, reforma no.
REDACCIÓN POLÍTICA
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