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La Constitución de 1991: social, democrática y plural

Por: RODOLFO ARANGO ESPECIAL PARA EL TIEMPO | 10:23 p.m. | 14 de Junio del 2011

Costituyente

Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa y Antonio Navarro Wolff en la Asamblea Constituyente.

Foto: Archivo/ EL TIEMPO

Desmovilización de 5 grupos guerrilleros en gobierno Barco, da inicio a la gesta de la Carta Magna.

La toma, retoma e incendio del Palacio de Justicia en 1985 llevaron a muchos a la convicción de que habíamos tocado fondo. Pocas veces los colombianos habíamos vivido un horror de tal magnitud.

Más de 100 personas inocentes, incluida la máxima inteligencia jurídica del país, fueron víctimas del odio y la sinrazón de sus compatriotas. La grave ruptura del pacto social despertó la conciencia ciudadana. El movimiento estudiantil cobró fuerza y exigió recuperar la autodeterminación política por vía constituyente, camino cercenado en el plebiscito de 1957.

El gobierno Barco logró, durante el periodo 1986-1990, desmovilizar a cinco grupos guerrilleros. Para sellar el acuerdo de paz, que aspiró sin éxito a incluir a las Farc, se gestó la única constitución verdaderamente democrática de nuestra historia republicana.

Antes, las cartas políticas eran redactadas por gramáticos cercanos al poder y validadas por el Congreso. La del 91, imperfecta y farragosa, fue deliberada y votada por 70 constituyentes, elegidos en forma directa por el pueblo. Su resultado ha contribuido a la transformación del país.

La fórmula política adoptada por el Constituyente, el Estado constitucional, democrático y social de derecho, respondió a la gran deuda social con las personas y los grupos más desfavorecidos. De un Estado de derecho formal, confesional y autoritario, se transitó hacia un Estado constitucional, democrático, republicano, pluralista y social de derecho.

Dentro de las piezas centrales del nuevo andamiaje constitucional están la adopción de una extensa carta de derechos y deberes; las acciones de tutela popular y colectiva; la creación de la Corte Constitucional, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo; la restricción al uso de los estados de excepción, por mencionar solo algunos avances. Asuntos importantes que se quedaron entre el tintero fueron: un ordenamiento territorial favorable para la regionalización del país -como la soñó el gran ser humano Orlando Fals Borda-; una reforma política favorable para una democracia real, y el acceso efectivo a la tierra para millones de excluidos por la pobreza o la violencia, entre otros.

Antes de la reforma de 1991, los derechos fundamentales no estaban presentes en la conciencia ciudadana como ahora. Por el contrario, la máxima "El interés general prima sobre el particular" dejaba traslucir la primacía de intereses colectivos sobre el valor intrínseco de la persona humana. Más de 50 años de estados de sitio recurrentes habían hecho su mella en el ánimo democrático, tanto como el esquema del frente nacional había desmovilizado a la población. El Constituyente pretendió cambiar la cultura política utilitaria, autoritaria y excluyente. La dignidad humana, el pluralismo, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad real y efectiva y la solidaridad social se adoptaron como principios fundamentales para la vida social y política.

Luego vendrían doctrinas constitucionales, desarrolladas por jurisprudentes ilustres, con nuevos métodos de interpretación.
Gracias al desarrollo de la Carta Política por los jueces, en particular de la Corte Constitucional, hoy conforman nuestro acervo jurídico instituciones como el Estado social de derecho, el derecho fundamental al mínimo vital, la tutela por vías de hecho, los estados de cosas inconstitucionales, el derecho fundamental a la consulta previa de grupos étnicos y el control material sobre los actos declaratorios de estados de excepción, entre otros avances.
Si bien la Constitución de 1991 no nos ha sacado de la vorágine de la violencia ni de la trampa de la pobreza, sí ha contribuido a democratizar la sociedad, a desmontar el autoritarismo y a neutralizar millones de injusticias concretas.

Una constitución es un pacto político y social que debe renovarse permanentemente, bien sea para refrendarlo o para modificarlo de forma que responda a las exigencias de los tiempos. Debe ser tan estable que ofrezca un futuro promisorio a largo plazo, pero tan flexible que no impida responder oportunamente a los desafíos sociales y políticos.

Dos décadas son un tiempo prudencial para reflexionar sobre los aciertos y los desafíos de un acuerdo sobre lo fundamental. Los recientes fenómenos de corrupción en áreas como salud, agricultura o minería obligan a revisar el prejuicio según el cual el sector público es venal e ineficaz, mientras el privado es pulcro y eficiente. Más importante que las privatizaciones de instituciones y funciones públicas para combatir la desigualdad económica y la pobreza parece ser una actitud dispuesta a revisar y discutir, con fundamentos empíricos y desapasionadamente, las decisiones colectivas que el país necesita para ser próspero e inclusivo económica y socialmente, sin dominación ni sujeción a poderes privados. Es hora de deliberar democráticamente sobre la conveniencia de derogar la Ley 100 de 1993.

El acceso a la propiedad y a la tierra para los campesinos; un estatuto de trabajo que garantice los principios laborales mínimos y fundamentales; la protección plena a las mujeres y a sus derechos sexuales y reproductivos; la justicia con las comunidades afrocolombianas, no suficientemente reconocidas y garantizadas en sus derechos en la norma fundamental; el pleno respeto de los derechos de las personas con diversa orientación sexual; los derechos de los animales y de la naturaleza. Todos estos son desafíos avizorados por los constituyentes de 1991, pero que aún carecen de un desarrollo adecuado en cuanto a la preceptiva constitucional y legal.

La principal tarea inconclusa de la sociedad colombiana está en el ámbito cultural. La integración de la comunidad política se encuentra en una situación análoga al estado de la infraestructura de carreteras, puentes y caminos.

La construcción de un pueblo que actúe cooperativamente; que confíe y no desconfíe; que se enorgullezca de su pasado indígena, negro o mestizo en lugar de denigrarlo; que cultive y extienda su riqueza lingüística y no la niegue; que quiera ahondar en sus raíces en vez de parecerse a sus antiguos amos; que ejerza su soberanía y no se venza ante el neocolonialismo, la depredación ambiental o el saqueo de los recursos naturales; que no se deje llevar por el facilismo del consumo, sino que oponga resistencia intelectual y estética a la banalización de la complejidad y la riqueza de la existencia. Esa es la sociedad anhelada por el pueblo constituyente que dio origen y se mantiene fiel a la Constitución de 1991.

Conversatorio con el ex presidente Gaviria

En el foro La Constitución: 20 años, que realizarán EL TIEMPO y la Universidad de los Andes, el próximo martes 21 de junio, el director de este diario, Roberto Pombo, dialogará con el ex presidente César Gaviria sobre la Carta Política que hoy nos rige, la cual fue posible gracias a su papel en la difícil coyuntura de 1991. Ese día, protagonistas y expertos se darán cita en el Auditorio Mario Laserna, de la Universidad, a partir de las 8:30 a.m.

Recordando la Constituyente

La familia, núcleo de la sociedad
El Estado debe garantizar su protección


La Constitución Política de 1991 consagró a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y estableció como deber del Estado garantizar su protección integral. La Asamblea Constituyente también determinó, en su Artículo 42, que "la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables" y aprobó sancionar "cualquier forma de violencia" en su contra. De otro lado, en la norma se consagró que tienen igualdad de derechos los hijos concebidos tanto en el matrimonio como fuera de él.

Sí, a extinción de dominio
Por enriquecimiento ilícito

La figura de extinción de dominio fue consagrada en la Carta de 1991 para castigar el enriquecimiento ilícito. En el Artículo 34 se estableció que "por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social".

Lo aprobado hace 20 años

El 31 de junio de 1991, la Asamblea Constituyente le dio el sí, dentro del nuevo régimen del servidor público, al fin del nepotismo en la administración pública.

En la Carta se consagró que "los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente". También se determinó que tampoco podrán designar a "personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación".

RODOLFO ARANGO
ESPECIAL PARA EL TIEMPO

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