El excontratista Emilio Tapia denunció amenazas y un supuesto intento de secuestro.

El excontratista Emilio Tapia debe responder por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho, por su presunta participación en el escándalo del 'carrusel de la contratación'. 

La audiencia continuará este viernes, en la que se definirá si es cobijado con medida de aseguramiento o no. El excontratista ya aceptó el delito de concierto para delinquir.

El fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Ricardo González, no pidió cárcel para Tapia, pero sí solicitó ante la juez 60 de control de garantías prohibir al excontratista salir del país y ordenar la notificación mensual ante el centro de Servicios Judiciales de Paloquemao.
 
"Esta es la que mejor opción pues no es tan restrictiva, tampoco es tan laxa y no deja al acusado con riesgo de fuga latente", indicó el fiscal.
 
Igualmente González señaló que con esta medida también se permite continuar con los acercamientos que se están realizando entre Tapia y el ente acusador con el fin de que este colabore y entregue información no conocida sobre el escándalo del 'carrusel de la contratación'.

Los detalles de la acusación

De acuerdo con el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Ricardo González, entre los años 2008 y principios del 2010 sirvió de intermediario entre contratistas, particulares y funcionarios del estado, para a cambio de comisiones, concertar la adjudicación de contratos de malla vial y de valorización en Bogotá.

Entre las pruebas que la Fiscalía tiene en contra del excontratista, se encuentra el registro de 26 viajes realizados a Miami en Estados Unidos, para reunirse con el entonces alcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, su hermano el exsenador Iván Moreno, el también contratista Julio Gómez y el abogado Álvaro Dávila Peña.

Según las autoridades, dichos viajes fueron realizados para  realizar acuerdos previos que permitieron favorecer a ciertos consorcios en la adjudicación de almenos dos contratos de malla vial y siete de valorización de forma indebida. Entre las empresas licitantes que se beneficiaron de estos pactos, se encuentran las pertenecientes al clan Nule.

Para el procurador Luis Hernando Ortiz, el señor Tapia si constituye un peligro para la sociedad dado la gravedad de los delitos que le fueron imputados.

"No lo estamos comparando con un sicario, esa no es la clase de peligro que constituye para la sociedad, lo grave son los delitos por los que es acusado porque por esas acciones la ciudad ha perdido mucho dinero y el caos que esto ha generado en Bogotá es evidente", señaló el procurador.

El abogado de Tapia, Luis Ignacio Lyons España, señaló que la Procuraduría desconoce varias de las situaciones a las que se ha visto sometido su defendido entre las que se cuenta varias amenazas y un supuesto falso allanamiento que pretendía secuestrarlo.

Frente a los posibles acercamientos entre el excontratista y la Fiscalía, Lyons señaló que hasta ahora están empezando pero que si pueden confirmar que se ha iniciado un proceso de colaboración.

REDACCIÓN JUSTICIA.