En un informe que presenta este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en Ginebra, el relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, insta al Gobierno a dar a conocer los avances logrados en las exhumaciones y, concretamente, en las investigaciones relacionadas con La Macarena y otros cementerios (lea más noticias sobre fosas comunes en Colombia).

Heyns evalúa en su informe el nivel de cumplimiento por parte de las autoridades colombianas de una serie de recomendaciones efectuadas por su predecesor en el cargo, Philip Alston, tras una visita al país que éste realizó en 2009. Al analizar lo ocurrido desde entonces, Heyns confirma que el Estado adoptó "ciertas medidas para prevenir las ejecuciones extrajudiciales"", entre ellas quince medidas concretas emanadas del Ministerio de Defensa, pero a pesar de esto "se siguen denunciando casos de ejecuciones sumarias y las investigaciones penales y disciplinarias no avanzan".

El representante de la ONU lamenta que a pesar de la informaciones que indican que "más de 3.000 personas pueden haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a las Fuerzas Armadas", el Estado no le haya comunicado sobre el resultado de las investigaciones penales y disciplinarias conexas y tampoco le haya indicado si se habían aplicado sanciones.

En este sentido, pide mayores esfuerzos para asegurar la rendición de cuentas de los responsables y una protección eficaz a las víctimas (como familias) y testigos". Además Heyns manifiesta su inquietud por aparentes "represalias y presiones" contra los jueces militares que han intentado colaborar con la Justicia civil y menciona las denuncias según las cuales la Defensoría Militar ha obstaculizado las investigaciones.

Como aspecto positivo, Heyns destaca que un número importante de casos han sido trasladados de la justicia penal militar a la ordinaria, aunque declara su preocupación por los "continuos intentos del fuero militar de hacer valer su competencia".