200 expertos sostienen reparos a esta iniciativa que pasó en primer debate.

El proyecto de ley de Patrimonio Sumergido comenzó a moverse, en aguas del Congreso, en medio de las críticas de 200 académicos y arqueólogos, que promueven una campaña en Internet.

Esta semana pasó en primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara, con diez votos a favor y dos en contra, pese a que la academia considera que este "es inconstitucional" y "abre la puerta a feriar el patrimonio del país".

Al desacuerdo con el proyecto de ley se suman las renuncias a sus cargos, el año pasado, de Emilio Piazzini, subdirector científico del Instituto de Antropología e Historia (Icahn); y del exalcalde Jaime Castro, quien dejó la Comisión de Antigüedades Náufragas, una entidad adscrita al Ministerio.

¿Qué está en juego?

La iniciativa definirá cómo rescatar y explotar el patrimonio hundido en nuestros mares.

El de la ministra de Cultura, Mariana Garcés, es el cuarto proyecto de ley sobre este tema en los últimos 9 años. Los anteriores, también controversiales, se hundieron o los retiró el Gobierno.

La actual iniciativa, discutida en el seno de la Comisión de Antigüedades Náufragas, planteaba contratar de forma directa con exploradoras marinas para ubicar, rescatar y posiblemente explotar económicamente lo hallado en el fondo del mar.

También crea una comisión que definirá qué de lo rescatado es patrimonio arqueológico y qué no; y dice que se les podrá pagar a los rescatistas entregándoles entre 10 y 25 por ciento de lo que encuentren.

La representante a la Cámara Juana Carolina Londoño promovió varios cambios al proyecto: que la contratación tendrá que ser por licitación pública, las empresas exploradoras deben proteger el patrimonio del país y que el pago a estas no sea del 25 por ciento sino hasta del 50.

"Se deja como remuneración única para el contratista el 50 por ciento del valor bruto establecido para los lingotes y monedas de oro y plata y piedras preciosas que hubiesen sido extraídas", dice Londoño en su justificación de los cambios.

Los reparos a la iniciativa

Según el abogado Gonzalo Castellanos, experto en patrimonio cultural, "esto es fatal, porque se parte de la base de que la declaratoria de los bienes subacuáticos es posterior al rescate. La premisa debe ser: todo es patrimonio hasta que se demuestre lo contrario", dijo.

En esa misma línea se han pronunciado los directores de los programas de arqueología del Externado, la Nacional, la Sociedad Colombiana de Arqueología y la organización Terra Firme.

"El patrimonio subacuático no debe tener un trato distinto al terrestre. ¿Aceptarían los colombianos la venta de las estatuas de San Agustín o de la colección del Museo del Oro?", cuestionan en una carta radicada en el Congreso.

La otra punta de este debate son las empresas exploradoras marinas. ELTIEMPO.COM conversó con varios de los miembros de la Professional Marine Explorers Society, que agremia a las rescatistas. Para Daniel de Narváez, miembro de esta sociedad, ninguna empresa se va meter a rescatar un naufragio "por tan poco", y recordó que en varios países les dan, por lo menos, el 50 por ciento de lo rescatado.

La ministra Garcés afirma que para el Gobierno "no todo lo sumergido es patrimonio" y que urge tener una legislación para el tema. "Como están las cosas hoy, el patrimonio subacuático no es ni para Dios ni para el diablo", había expresado en otra ocasión.

Para Castellanos, de la actual Ley dependerían casos como el del galeón San José, del que existe un litigio entre la Sea Search Armada y el Estado colombiano.

"Si el proyecto llega a ser ley, consolidaría erróneamente para empresas de rescate que han demandado al país expectativas económicas de varios miles de millones de dólares que tendría que pagar el Estado", dijo.

Y lo reiteran los arqueólogos: "Colombia, con este proyecto de ley, tácitamente se retracta de su posición. ¿Deberá pagar los 17.000 millones de dólares exigidos por la compañía norteamericana?".

Debido a esta polémica, el próximo martes, la Ministra recibirá a los académicos para discutir sus reparos.

La Comisión de Antigüedades Náufragas

Integran esta Comisión Fabio Echeverry, designado por Álvaro Uribe en su administración; Rodolfo Segovia Salas, exministro de Minas; Carlos Gustavo Arrieta, exprocurador, y Germán Montoya. Además de representantes del Mincultura, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Secretario Jurídico de la Presidencia.