De la reforma constitucional se excluyó a bandas criminales y narcotraficantes.

El marco jurídico para la paz cerró el lunes definitivamente la puerta para que las bandas criminales, los narcotraficantes o incluso civiles como los exintegrantes del DAS puedan ser cubiertos por los beneficios que se espera ofrecer con esta iniciativa al término del conflicto armado.

En la proposición sustitutiva, con la cual se pidieron cambios a la ponencia radicada para séptimo debate, se dejó claro que los beneficios jurídicos de esta reforma constitucional estarán sujetos “a la terminación del conflicto armado interno” y tendrán como condición, entre otras, “el reconocimiento de responsabilidad”.

Esto se traduce en que la justicia transicional solo se podrá aplicar cuando se acabe la confrontación armada y que quienes quieran acogerse a los beneficios deberán confesar su participación en los hechos que sean investigados penalmente. 

“En ningún caso se podrán aplicar instrumentos de justicia transicional a grupos armados al margen de la ley que no hayan sido parte en el conflicto armado interno”, dice un parágrafo incluido en la noche del lunes, con el cual se excluye a las ‘bacrim’ y a los narcos. 

El autor del proyecto, senador Roy Barreras (‘la U’), aseguró que, de esta forma, se blindó la iniciativa para que “quede por fuera todo aquel, así sea funcionario del Estado, que haya cometido delitos que no tengan que ver con el conflicto armado”.

En horas de la tarde se generó una polémica por una propuesta del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien pidió cambiar la frase “agentes del Estado” por “servidores públicos” para ampliar los beneficios de la iniciativa a civiles. No obstante, los ponentes se opusieron y derrotaron al Gobierno en esta pretensión.

REDACCIÓN POLÍTICA