Si el karma de Belisario Betancur terminó siendo la tragedia del Palacio de Justicia, el de Virgilio Barco el narcoterrorismo, el de César Gaviria los problemas de la cárcel de Envigado, el de Andrés Pastrana la entrega del Caguán y el mío propio el Proceso 8.000, el acuerdo humanitario se ha convertido en el principal estigma del presidente Álvaro Uribe. Esto se explica porque, aunque está claro que su gobierno no es culpable del secuestro de las personas capturadas y retenidas miserablemente por las FARC para canjearlas por guerrilleros presos en las cárceles, sí es responsable de no haber encontrado con la guerrilla los términos de un acuerdo que hubiera permitido salvarlos, preservando vidas como las de Gilberto Echeverri, Guillermo Gaviria, los once diputados del Valle y varios soldados y policías que fueron asesinados. El sacrificio, por cuenta de esta inexplicable dilación, de estos colombianos inocentes, que formaban parte del grupo de los denominados intercambiables, quedará para la historia como una dolorosa huella de la administración Uribe.

Mientras la posición de las FARC con respecto al intercambio humanitario ha sido consistente pero cruel, la del gobierno ha sido intolerante y errática. Se ha limitado a nombrar facilitadores y mediadores, nacionales e internacionales, que, con la reciente excepción del presidente Chávez y la senadora Piedad Córdoba, no han pasado de ser acuciosos defensores teóricos de la necesidad del acuerdo para el intercambio sin tener mayores facultades ni posibilidades para sacarlo adelante. El gobierno ha debido, desde hace mucho tiempo, nombrar un Alto Comisionado para los temas humanitarios y coger el toro del canje por los cachos. Sin embargo, el Comisionado Restrepo no ha tenido ni el tiempo ni la convicción para ocuparse de este capitulo de la gran tragedia humanitaria que sufre nuestro país, y que resulta de estar viviendo una época de post-conflicto sin que haya terminado el conflicto armado.

El ex presidente López Michelsen fue la primera persona que vio las profundas repercusiones que esta inaplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario tendría para el país, su historia y su imagen. Por ello, desde el mes de septiembre de 2003 declaró que la causa del acuerdo humanitario sería su "última causa". Lamentablemente, murió sin haber podido alcanzarla. Me correspondió el privilegio de acompañarlo en este empeño heroico durante sus últimos años, que vivió con una pasión envidiable a través de una actividad febricitante durante la cual escribió columnas, concedió reportajes, asistió a foros nacionales e internacionales, polemizó y hasta viajó a las selvas profundas del Putumayo para asistir a la frustrada operación de devolución de los soldados Almanza y Logarda. La tarea que tuve el honor de cumplir al lado suyo, sin embargo, no se limitó a "echar carreta", como se dice coloquialmente, ni a emitir opiniones públicas. Por el contrario. Como lo demuestra la selección de documentos que incluimos al final de este libro, hasta los últimos meses de su vida estuvimos muy activos en la búsqueda de fórmulas de entendimiento que en diversas oportunidades presentamos al gobierno, a las FARC y a otros facilitadores. De ahí que recuerde como si fuera ayer la tristeza con que me dijo, pocos días antes de morir: "Ernesto..., y pensar que me voy a ir de este mundo sin ver el acuerdo humanitario."

El Derecho Internacional Humanitario y sus posibilidades de aplicación en Colombia nunca le fueron extraños. Paradójicamente, su primer contacto con el tema fue para rechazarlo. La historia merece ser contada. En los años setentas los militares habían logrado convencer al país de la "inconveniencia" de aprobar en Colombia los protocolos de la Convención de Ginebra que contemplaban la aplicación de las normas sobre humanización de la guerra  a conflictos internos como el que se vivía en Colombia. La argumentación se sustentaba en el supuesto de que la consagración normativa del Derecho Internacional Humanitario conllevaba un reconocimiento automático del estado de beligerancia de las FARC como parte legítima del conflicto armado colombiano. Atendiendo estos planteamientos, en el año de 1977, cuando se planteó la suscripción de los protocolos humanitarios de Ginebra, el gobierno del presidente López se opuso con pies y manos. Más tarde, en un valiente 'mea culpa' público, el ex presidente reconocería que había sido asaltado en su buena fe por Héctor Charry Samper, su embajador en Ginebra, quien, aliado con la cúpula militar de entonces y con algunos mandos reaccionarios de la cancillería, se convirtió en el líder opositor de las normas humanitarias. Tan vehemente fue la oposición colombiana por aquella época que, como referiría de manera anecdótica unos años después el propio López, el entonces embajador de Pinochet  en Ginebra renunció al uso de la palabra por sentirse "totalmente representado" por los argumentos del embajador Charry, quien sostenía sin avergonzarse que "las guerras no son para humanizarlas sino para ganarlas", una declaración que  suscribirían hoy, con entusiasmo, algunos de los halcones-asesores que rodean al presidente Uribe, dedicados a dividir el país entre terroristas, no terroristas y "aliados" de los terroristas.

Desde entonces, López Michelsen insistió con vehemencia en la necesidad de aprobar los Protocolos I y II de los Convenios de Ginebra para incorporar0los a nuestro ordenamiento legal. En el año 1994, cuando mi gobierno defendió la aprobación de los  protocolos en el Congreso, López afirmó que, internacionalmente, podía resultar más dañino para el país dejar de firmar los convenios que aceptar el estado de beligerancia para la guerrilla, pues con la aprobación de los instrumentos se ponía fin a una guerra civil sin reglas de ninguna clase distintas de "un cierto temor de Dios", como escribió Stephen Randall en su biografía de López. No obstante, el ex presidente fue más allá: afirmó que el estatus de beligerancia tendía a desaparecer en el mundo moderno y agregó que para legitimar el intercambio humanitario se podía llegar incluso a justificar una declaratoria de "beligerancia restringida" que permitiera, bajo la vigencia de una situación de guerra declarada y al margen de la normatividad penal ordinaria, llegar a negociar sentencias judiciales. El ex presidente consideraba que dicho reconocimiento resultaba fundamental para exigir a las FARC el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario, empezando por la inmediata liberación de todos los secuestrados.

La propuesta, como todas las de López, fue recibida con sospechoso entusiasmo por parte de Raúl Reyes, a nombre de las FARC, y con desproporcionado rechazo por parte de los voceros del pastranismo gobernante. Pero la carambola del ex presidente iba, como todas sus jugadas, en otra dirección: pretendía que las FARC dejaran de lado el juego de pedir un acuerdo regido por unas normas cuya vigencia desconocían. Si estaban por el reconocimiento de la beligerancia tenían antes que cesar las prácticas antihumanitarias como el secuestro, cuya condena es considerada por el DIH, con el mando jerárquico militar y la presencia territorial, como elemento fundamental para que un Estado pueda solicitar y reconocer la condición de beligerante a una parte involucrada en un conflicto doméstico. Sorprende el alcance premonitorio de los planteamientos audaces del ex presidente cuando, al comenzar el año 2008 y después de producirse la entrega de Clara Rojas y Consuelo de Perdomo por parte de las FARC, el presidente Hugo Chávez lanzó la tesis explosiva sobre el reconocimiento del grupo armado como fuerza insurgente, un reconocimiento que solo será posible, en términos del Derecho Internacional Humanitario, como bien lo señala el ex presidente López en las columnas aquí publicadas, cuando las FARC renuncien a prácticas de guerra como el secuestro, el bombardeo indiscriminado en zonas rurales, la colocación de explosivos en zonas urbanas y el reclutamiento de menores. Solo esta renuncia, clara y explícita, abriría las puertas para un reconocimiento político de la organización guerrillera, indispensable para avanzar en la suscripción de los acuerdos posteriores de paz.

Precisamente, la principal confusión relacionada con la posibilidad del acuerdo humanitario, que el ex presidente López avizoró con tanta perspicacia,  es la que se deriva de confundir el proceso de humanización del conflicto con la búsqueda de la paz, que constituye un concepto totalmente distinto. El Derecho Internacional Humanitario no se hizo para terminar las guerras sino para humanizarlas, y en efecto, cuando dos partes enfrentadas no son capaces de ponerse de acuerdo, por vías políticas o militares, para cesar sus hostilidades, están moralmente obligadas a reducir el daño que ocasionan a los civiles involucrados en su enfrentamiento armado. Tratar de hacer la paz antes que el acuerdo humanitario es como buscar curar la infección provocada por una herida antes de cerrarla. Esta confusión explica por qué la disputa por el intercambio humanitario ha quedado convertida en un pulso político entre el gobierno y las FARC por ver quién gana más espacios en medio de la guerra. El gobierno y las FARC no están trabajando por el acuerdo humanitario sino haciendo política con él, así como están haciendo política con la mediación de Chávez, con el caso de Emmanuel, con la recuperación de los cuerpos de los diputados, con la bomba en la Escuela Superior de Guerra, con la tragedia épica del profesor Moncayo pero, sobre todo, están haciendo política con el tema del despeje de los municipios de Pradera y Florida, que se ha convertido en la manzana de la discordia que ha impedido la negociación del intercambio.

Mientras las FARC insisten, tercamente, en el despeje de estos municipios para hacer la negociación del intercambio humanitario, el gobierno se opone, con similar tozudez, a concederlo. Tal vez porque ninguno de los dos está pensando en la liberación de los secuestrados sino en sacar un rendimiento político del despeje o del no despeje, colocando a su adversario en la incómoda posición de hacer concesiones políticas en medio de la guerra. Y así estamos, desde hace cinco años, mientras los secuestrados se pudren en la selva. Lo paradójico del asunto es que ni las FARC ni el gobierno tienen  argumentos de peso para pedir o negar el despeje. Las FARC saben perfectamente que el área de Florida y Pradera no es la única zona del país en que podrían negociar la liberación de los secuestrados, y el gobierno no ignora que tiene toda la capacidad de despejar y asegurar setecientos kilómetros cuadrados por sesenta días sin afectar para nada su política de seguridad democrática, mucho más después de conocerse resultados como los que llevaron a la muerte de Raúl Reyes.  Tan absurda es la posición de las FARC, según la cual el área de Pradera y Florida sería la única del país donde podrían acceder a la negociación humanitaria, como la del gobierno nacional, expuesta a través de la infantil e irresponsable campaña del ministro de Agricultura en contra del despeje, cuando afirma que en los pocos días que duraría el despeje, y en presencia de centenares y observadores y periodistas de todo el mundo, la guerrilla establecería canales de narcotráfico, construiría depósitos de armas y abriría corredores militares estratégicos.

El problema de fondo es que tanto el gobierno como las FARC están colocando sus propias conveniencias militares y políticas por encima de los principios que deberían motivarlos a la celebración del intercambio humanitario, como la defensa de la libertad y de la vida de los secuestrados y rehenes. La hipersensibilidad que rodea esta discusión nace de la confusión entre el despeje humanitario de dos municipios del Valle y el despeje del Caguán, realizado por el gobierno del ex presidente Pastrana, cuando este aceptó entregar a la guerrilla una especie de "territorio Marlboro" de miles de kilómetros cuadrados sin presencia de autoridad legitima alguna, sometido a la ley de la selva, sin plazos definidos para su ejercicio ni responsabilidades explícitas. La "descaguanización" del despeje en el Valle sería un excelente punto de partida para sacar adelante el intercambio humanitario, que se encuentra por cuenta de este impasse en un punto muerto desde hace cinco años.

Lamentablemente, la confusa posición del gobierno del Presidente Uribe no ayuda en este cometido. En agosto de 2005 el gobierno declaró de manera enfática que no podía despejar por respeto a la Fuerza Pública. Un mes después, como respuesta a una solicitud que le planteamos con el ex presidente López en el Encuentro del Suroccidente por la Paz, el presidente aceptó despejar y asegurar un área en el sitio conocido como Bolo Azul, próximo a los municipios solicitados por las FARC, y en esa misma oportunidad fijó un plazo, nombró al Alto Comisionado de Paz como su representante y fue incluso más allá, al aceptar que se sentaría en la mesa a negociar sin condiciones. Un par de meses después, sin embargo, y de manera sorpresiva, aceptó una propuesta de Francia, Suiza y España, países facilitadores del intercambio, para despejar una zona de casi doscientos kilómetros cuadrados en jurisdicción de los municipios de Pradera y Florida. La forma como se presentó la iniciativa a los medios, en rueda de prensa desde Palacio, sin haber sido consultada previamente con las FARC, motivó el rechazo por parte de estas últimas. Pasadas las elecciones, el gobierno dio marcha atrás y regresó a la posición  de negación absoluta del despeje.

Un aspecto relacionado estrechamente con el anterior tiene que ver con la negación de la existencia del conflicto por parte del gobierno y de la obligatoriedad del Derecho Internacional Humanitario por parte de las FARC. Ambos pretenden así desconocer la exigibilidad en el cumplimiento de los compromisos humanitarios. Por varios meses, el gobierno del presidente Uribe negó la existencia de un conflicto armado afirmando que lo que había en Colombia era una "amenaza terrorista", estrategia de común ocurrencia, según el ex presidente López, para desconceptuar como malhechores a los contradictores políticos y evitar así sentarse con ellos a negociar salidas para la humanización de los enfrentamientos militares. Las FARC, por su parte, han manifestado reiteradamente que no se someten a las disposiciones internacionales que regulan la humanización de la guerra porque ellos no firmaron los Protocolos de la Convención de Ginebra. Quieren, no obstante, que se les apliquen las normas que no reconocen.

Tan monumental confusión de intereses llevó al ex presidente López a sugerir en el Segundo Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo que, para salir del atolladero, se dejara de lado el acuerdo humanitario y se pensara en la suscripción de un "acuerdo político" que contextualizara los compromisos entre la guerrilla y el gobierno. El presidente Uribe le respondió de manera airada que su gobierno no necesitaba acuerdos con terroristas para hacer respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario. López ripostó: hablar de que no hay conflicto pero sí hay terrorismo es una contradicción, porque el delito de terrorismo no existe como tal y autónomamente; lo que existen son actos criminales cometidos durante un conflicto armado, actos que producen efectos aterrorizantes en los términos de los artículos 144 y 343 del Código Penal. Nuevamente quedó claro que, a lo largo de estos años, lo único más grave que la falta de voluntad de las partes para suscribir el acuerdo de intercambio ha sido su ignorancia sobre la naturaleza del Derecho Internacional Humanitario, sus orígenes y sus alcances.

El carácter obligatorio del DIH para las partes involucradas en conflictos internos plantea una discusión diferente. Aunque el Derecho Internacional Humanitario carezca de una fuerza coercitiva que asegure su aplicación, quien aspire en el mundo de hoy a su reconocimiento como parte de la comunidad ética global tiene que aceptar y practicar los contenidos morales de sus estatutos humanitarios. La aplicación de los derechos humanitarios, su respeto y concreción a través de acuerdos, no son una opción para los gobiernos y las partes involucradas en un conflicto, sino una obligación de perentorio cumplimiento  que está referida a la defensa de principios esenciales como la vida y la libertad, principios que no pueden ser sometidos a condiciones subordinantes. Los acuerdos humanitarios, por su misma naturaleza, son incondicionales, y su legitimidad y sus  alcances están señalados por lo que acuerden las partes. Colocar como condición para sentarse a negociar que el contrario reconozca de antemano lo que se pretende negociar es como aceptar sentarse a discutir la venta de un inmueble siempre y cuando el posible comprador acepte un precio inmodificable fijado de antemano por el vendedor. Otra cosa es que lo que se pacta en la mesa de negociaciones se convierte en ley para las partes. Por eso se ha dicho, con razón, que dada la naturaleza ética de los acuerdos humanitarios, estos no se hacen sino se construyen a partir de la confianza de las partes e inspirados en el respeto de conductas concretas como la defensa de una escuela, la garantía de la libertad de unos combatientes o el respeto de unas organizaciones humanitarias.    Este argumento de peso fue el mismo que le permitió al político conservador Fernando Londoño y Londoño, padre de uno de los más caracterizados enemigos del intercambio humanitario de  hoy, salvar su vida y recobrar su libertad cuando, desde su lugar de secuestro, le escribió una carta al entonces presidente, Carlos Lleras Restrepo, solicitándole un despeje militar para facilitar su regreso a la libertad: "Repare usted", le decía en su  angustiada misiva, "en que frente al derecho de la sociedad para castigar el delito se levanta en este caso el derecho de un hombre a la vida". El despeje se hizo, el ilustre político recobró su libertad y el andamiaje institucional no se vino abajo. Ni entonces ni después, cuando el ex presidente Turbay Ayala acordó los términos humanitarios de liberación de los embajadores secuestrados por el M-19 en la sede de la legación de República Dominicana en Bogotá, ni cuando, varios años después, durante mi gobierno, suscribimos un acuerdo con las FARC que permitió la liberación de los soldados secuestrados en la toma de la base de Las Delicias.

Esta naturaleza moral de lo humanitario es lo que explica por qué los gestos unilaterales, como la liberación de algunos guerrilleros presos por parte del gobierno y la de Clara Rojas, Consuelo González, Jorge Eduardo Gechem, Gloria Polanco, Orlando Beltrán y Luis Eladio Perez por parte de las FARC, no tienen mayores consecuencias en la definición del intercambio negociado que permitiría la liberación de todos los secuestrados y prisioneros intercambiables. La liberación de los presos de la guerrilla, sin mediar un acuerdo con las FARC, para entregar a los secuestrados y colocando de por medio la exigencia de que los insurrectos renuncien a su militancia armada, dificulta la negociación y siembra una gran desconfianza entre las partes. Lo recomendable sería que el gobierno se sentara a la mesa sin inamovibles de por medio y que las FARC no sometieran a los civiles a la tortura de convertirlos en moneda de intercambio, liberándolos inmediatamente.

¿Que la suscripción del acuerdo desmoraliza a las tropas?

¡Necedades! ¿Qué puede desmoralizar más a un soldado o a un policía hecho prisionero en combate: saber que el gobierno por el cual lucha hará todo lo que esté constitucionalmente a su alcance para regresarlo sano y salvo a su casa, o que lo abandone a su suerte en manos de sus captores desalmados?

¿Que la negociación se puede convertir en un acicate para la comisión de nuevos secuestros más adelante?

Cuando al ex primer ministro Ariel Sharon le preguntaron qué haría si alguno de los cuatrocientos guerrilleros palestinos que liberó para intercambiarlos por tres soldados israelíes y un empresario volvía a sus actividades revolucionarias, él respondió tranquilamente: "Pues muy sencillo: volver a capturarlo".

¿Que las leyes existentes no son suficientes para hacer  expedito el acuerdo humanitario?

Falso. Las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario son tan obligatorias para quienes las invocan a su favor como para quien pretende no aceptarlas. No se necesitan más leyes, el acuerdo es la ley entre las partes.

La reciente baja en combate de Raúl Reyes en las selvas del Putumayo plantea nuevos interrogantes en el camino del acuerdo humanitario. Aunque horas antes de producirse el operativo el presidente Uribe había reiterado su negativa al despeje de los municipios vallecaucanos, es claro que la desaparición de Reyes, considerado como el líder de la fracción política dentro de las FARC, puede llevar en el corto plazo a un recrudecimiento de la guerra en el sur, donde presumiblemente se encuentran hoy los cuarenta secuestrados intercambiables. La hipótesis según la cual las FARC podrían ejercer alguna forma de retaliación por lo de Reyes en cabeza de algunos de los secuestrados debe descartarse a la luz de lo que ha sido el comportamiento tradicional de dicha organización: aceptar los costos de la guerra como propios de la guerra y no aplicar la ley del talión para hacer recaer sobre civiles inocentes, como los parientes de los comandantes de las Fuerzas Armadas o los secuestrados, el peso de derrotas políticas o militares. Lo deseable sería entonces que el Presidente Uribe, con la autoridad y legitimidad que le dan estos importantes avances en su política de seguridad democrática, acelerara la búsqueda del acuerdo humanitario, despejando Pradera y Florida, convocara a la comunidad internacional a acompañarlo en este empeño inaplazable y buscara la manera de que el presidente Chávez siguiera colaborando.

En forma alternativa podría pensarse una fórmula a través de la cual se pudiera negociar el acuerdo por fuera y luego se produjera la devolución de los secuestrados en Colombia, en un territorio que sería desmilitarizado exclusivamente para el propósito humanitario de asegurar la vida de los liberados.

Los documentos que recogemos en este libro, y cuyo núcleo duro son las columnas que el ex presidente López escribió en el periódico El Tiempo durante varios años, constituyen una verdadera antología de sus aportes al inconcluso debate sobre los alcances de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario al conflicto armado colombiano. Sus precisiones sobre la diferencia entre rehenes y secuestrados, que dio lugar a un debate burocrático con la Cruz Roja Internacional, que se resistía a gestionar la liberación de civiles secuestrados porque estos, como rehenes, "debían ser liberados inmediatamente por la guerrilla"; su tesis sobre la posibilidad de que la Comisión de Encuesta, un organismo de verificación de alto nivel del sistema de Naciones Unidas, avalara el proceso de negociación del gobierno con las FARC; la no menos importante propuesta, que hicimos pública a través de la senadora Dilian Francisca Toro, entonces presidenta del Senado de la República, para que una misión médica pudiera visitar a los secuestrados y prisioneros canjeables y certificar sus condiciones de salud, liberando de forma inmediata a quienes presentaran condiciones realmente precarias, todas estas iniciativas quedan aquí recogidas como testimonio de la última lucha que quiso librar el ilustre ex presidente López Michelsen y que no pudo concluir porque, como observó en una reflexión final y lapidaria, el gobierno no estaba interesado en una solución, sino en una victoria frente al drama humanitario.

Abril de 2008