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¿El 'turismo' político a Cuba golpea el proceso de paz? / Análisis

Gobierno hizo pública su preocupación. Fiscal y Procurador vuelven a chocar por 'visitas' a Farc.

El Gobierno Nacional siente que el ‘turismo’ político a La Habana (Cuba), sede de los diálogos con las Farc, puede atravesársele a su apuesta por terminar con 50 años de guerra. Por eso, decidió romper su silencio ante el tema y aseguró que no está dispuesto a que los viajes de “funcionarios y particulares” a la isla para hablar con la insurgencia entorpezcan la mesa de diálogo.
El expresidente Álvaro Uribe, crítico de las conversaciones con las Farc, revivió este fin de semana el tema al asegurar que, según el artículo 5 de la Ley 782 del 2002, todo aquel que no tenga permiso del Jefe de Estado para hablar con un grupo ilegal se puede "incurrir en responsabilidad penal".
Este pronunciamiento va en contravía de la tesis de la Fiscalía de que no es delito viajar a La Habana y en cambio coincide con la de la Procuraduría de que sí lo podría ser. No obstante, más allá del debate jurídico, lo que no quiere el Gobierno es que su principal apuesta se vea golpeada por el ruido que genera lo que denominó el ‘turismo’ político a Cuba.
Desde hace un año, cuando en septiembre del 2012 se le informó a Colombia el inicio formal de una mesa de negociación con la guerrilla para buscar el fin del conflicto, el Ejecutivo determinó, como un inamovible, que el diálogo tenía que hacerse por fuera del país para evitar que la paz se convirtiera en un ‘show’ mediático, político, y hasta turístico.
El referente más cercano, el cual analizaron a fondo el presidente Juan Manuel Santos y sus asesores, fue la fallida zona de distensión del Caguán, un territorio del oriente colombiano que fue totalmente despejado de Fuerza Pública para, durante el Gobierno de Andrés Pastrana (1998 - 2002), explorar con las Farc una salida política a la guerra. Este experimento fue un estruendoso fracaso.
Durante esa época prácticamente no era una novedad ir hasta la zona de distensión, por lo que casi cualquier persona, nacional o extranjera, podía viajar a esta región sin mayor control. Y no son pocas las voces que coinciden en que este exceso de permisividad en las visitas impidió, en parte, que se lograra un acuerdo.
De aquí es donde surge la preocupación de Santos y, por eso, inició los diálogos con las Farc en Cuba y lo haría eventualmente con el Eln en Uruguay, teniendo un estricto control para las autorizaciones de con quiénes se reúnen por fuera de la mesa los delegados de las guerrillas.
El Gobierno quiere evitar que el ruido con el que cargan la política y quienes la ejercen pueda llegar a entorpecer el diálogo, que hace un año comenzó con fuerza y hoy se percibe como lento, según los propios protagonistas. Por eso sacó la mesa de diálogo del país y se reservó el derecho de autorizar o no el permiso para reunirse con la insurgencia.
Pero, aún sin un pronunciamiento público y oficial sobre quiénes se están yendo de ‘turismo’ y sin autorización a Cuba, el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, rompió el silencio para dejar en claro que la premisa de la confidencialidad se debe respetar por ambas partes y que solo con previa autorización del Jefe de Esto se puede ir a la isla y reunirse con los negociadores de las Farc.
Iragorri advirtió que el Gobierno Nacional “está muy preocupado con algunas personas particulares o funcionarios que han viajado sin autorización del Presidente, hay que mirar por qué están haciendo ese turismo a Cuba, viajando sin la autorización del Gobierno, que es el único que puede autorizar la presencia o de un funcionario o de particulares en la isla”.
El Ministro del Interior evitó referirse de fondo al tema y se abstuvo de entregar los nombres de las personas que le generan “preocupación” al Gobierno por sus viajes a Cuba, pero lo que sí trascendió de otras fuentes oficiales es que, incluso, algunas de ellas estarían viajando a La Habana a través de Panamá.
Esto encaja con el reciente pronunciamiento del procurador Alejandro Ordóñez (crítico del proceso de La Habana), quien advirtió que indagará si hay méritos para procesar a los funcionarios públicos que hayan viajado a Cuba a reunirse con las Farc sin permiso del Gobierno.
No obstante, tampoco reveló nombres. Y si bien la guerrilla tiene un salvoconducto para estar en la isla, las condenas e investigaciones por todos sus crímenes continúan. Siguen siendo delincuentes a la luz de la justicia y la opinión.
De hecho, en la polémica entró a terciar el fiscal General, Eduardo Montealegre, quien aseguró que el hecho de viajar a La Habana a dialogar con los delegados de las Farc no puede constituirse en un delito, ya que una situación muy distinta se presentaría si la gente lo hiciera con la intención buscar apoyo para una actividad ilegal.
No es la primera vez que Ordóñez y Montealegre han confrontado por asuntos relacionados con la paz. El Procurador, más conservador, es más severo a la hora de tolerar menos justicia con los delincuentes políticos. El Fiscal, más liberal, parece más dispuesto a entender, desde la justicia, los sacrificios de esta en aras de la paz.
Lo que siempre ha querido evitar el Ejecutivo es que las negociaciones de Cuba se conviertan en otro Caguán, ya que el ‘turismo’ político y mediático solo sirve para que las Farc ganen un espacio que si bien no atenta directamente contra el proceso de paz, sí generaría un ruido innecesario que podría, incluso, hacer sentir a la guerrilla una fortaleza y hasta un respaldo que no tiene.
El Ejecutivo ha aceptado dos veces que comisiones de congresistas viajen a La Habana para explicarles a los negociadores de las Farc los tiempos legislativos necesarios para poder tramitar las leyes necesarias para implementar los acuerdos del proceso, si se dan, y para dialogar sobre los alcances de la iniciativa que busca que los referendos puedan votarse el mismo día de las elecciones de Congreso o Presidente para refrendar el fin del conflicto.
“Este no es el referendo de la paz. Ese referendo tiene que ser negociado con la contraparte y eso es lo que vamos a ver si es posible en los próximos días”, reveló el martes pasado el presidente Santos. Claro que aún falta fijar una fecha para esto.
Pero son este tipo de acciones las que distintos sectores critican. Es el caso del senador de ‘la U’ Juan Lozano, quien en sus más recientes intervenciones ha sido más cercano a la oposición que a la coalición del Gobierno, a la que pertenece el partido que presidió.
Lozano, ante el Senado y en los medios, ha dicho que autorizar comisiones de congresistas para que viajen a Cuba es “caguanizar” el actual proceso de paz, porque, a su juicio, con este tipo de acciones solo permite algo que el Gobierno ha querido evitar como es la politización de los diálogos.
Otro punto que comenzó a dejar en evidencia que el Gobierno sí está analizando las señales de alerta que le permitan frenar a tiempo la “caguanización” del proceso de paz es la petición de las Farc de que el sacerdote Jesse Jackson encabece una misión humanitaria para liberar al estadounidense Kevin Scott, secuestrado por esa guerrilla hacen tres meses.
Lo que incomodó al Gobierno es que la petición de la guerrilla se dio justo en momentos en que Jackson se reunía con voceros de las Farc en Cuba, la semana pasada, y que, a pesar del no rotundo a esta posibilidad que emitió el presidente Santos, tanto la guerrilla como el estadounidense insisten en su participación.
Al margen de este pulso, Scott sigue secuestrado como evidencia de que la insurgencia, con este caso, parece haber incumplido su promesa de no plagiar a más personas con fines políticos o extorsivos.
Sin referirse directamente a este tema, el columnista Gabriel Silva escribió recientemente en EL TIEMPO que la guerrilla cree que ha ganado espacio a nivel nacional e internacional, pensando, incluso, que en sus manos podría estar la llave de la reelección de Santos con el proceso de paz. Por eso, planteó la posibilidad de romper el diálogo.
“Las Farc están envalentonadas. Las actitudes recientemente asumidas por ellas, con las que han pretendido desconocer las reglas del juego de las negociaciones de La Habana, son de una torpeza infinita. No es de extrañarse. Ese grupo terrorista se ha caracterizado por leer equivocadamente, una vez tras otra, la realidad nacional”, escribió Silva, cercano a Santos y directivo de Buen Gobierno, fundación que trabaja por la reelección de las políticas del Jefe de Estado.
Todo este panorama plantea un debate sobre los viajes no autorizados a Cuba de personas de distintos espectros políticos, lo que el Gobierno quiere controlar para evitar daños colaterales a los diálogos de paz.
Y esto divide opiniones. Al contrario de lo que piensa el Gobierno, León Valencia, de Nuevo Arco Iris, dijo que quien viaje a Cuba a reunirse con las Farc “no tiene que pedir permiso”, pero, sin embargo, el constitucionalista Juan Manuel Charry advirtió que“si se rompen esas reglas de juego se puede distorsionar el proceso y afectarlo”.
La columnista María Jimena Duzán escribió en ‘Semana’ que "una cosa es reunirse con los paras para obtener beneficios personales como lo hicieron muchos congresistas en Ralito y otra muy distinta es hacerlo para colaborar con el proceso de paz. Bajo esa tesis, media Colombia que estuvo en el Caguán sería delincuente".
Si bien el propio Jefe de Estado quiere terminar con una guerra de más de 50 años y 220.000 muertos, también ha advertido que no lo hará a “cualquier precio”. Por eso, la Casa de Nariño comenzó a abordar el debate de manera pública para evitar que el ‘turismo’político interfiera en el desarrollo de los diálogos de La Habana.
Y el mensaje es claro: participación de otros sectores en la mesa, tal vez sí y con condiciones, pero no un ‘show’ mediático que ‘caguanice’ la gran apuesta del Gobierno de Santos. En los próximos días se sabrá qué tanto caló entre las partes y en la misma opinión pública.
DANIEL VALERO
REDACCIÓN POLÍTICA
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