"Estamos más lejos que nunca del objetivo de erradicación de las drogas." Con esta lapidaria frase encabeza su declaración, hecha pública en Río de Janeiro el miércoles, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, un organismo compuesto por ex presidentes y personalidades que espera que la voz de América Latina sea oída -y tenida en cuenta- en el proceso que lidera la ONU para evaluar la década de "guerra contra las drogas".

En la Comisión están los ex presidentes de Colombia César Gaviria, Ernesto Zedillo, de México, y Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, y otras personalidades e intelectuales de la región, que les dan peso a las propuestas. El documento, titulado 'Drogas y democracia en América Latina: hacia un cambio de paradigma', constata lo que ya es un lugar común: treinta años de un empeño proseguido con jesuítica persistencia por Estados Unidos para combatir la producción de drogas ilegales como la cocaína y la heroína han resultado en un fracaso palmario.

En América Latina, centro de producción de cocaína que además abastece a E.U. de heroína y genera drogas sintéticas, el resultado no solo es una violencia creciente, sino un aumento del consumo y una amenaza creciente a la democracia. La Comisión exige abrir un debate internacional franco para tratar al consumidor como un paciente del sistema de salud pública, no como criminal, así como poner el énfasis de la estrategia en la prevención y atacar al crimen organizado, no al campesino productor o al consumidor. Llega incluso a pedir la despenalización de la marihuana.

La justificación de las propuestas es clara. En lugar de acabar con las drogas, esta "guerra" está erosionando seriamente la estabilidad de las naciones productoras. El negocio sigue alimentando a grupos armados como las Farc o los talibanes. El consumo no da muestras de ceder y los precios y la pureza de la droga apenas si han sentido el embate de los miles de millones de dólares invertidos en combatirla. De lugares de tránsito, Brasil y Argentina se han convertido en centros de consumo. Hasta Guinea-Bissau, en África, llegan los narcos colombianos en su búsqueda de nuevas rutas. Los seis mil millones de dólares invertidos desde el 2000 en el Plan Colombia no han reducido la cantidad de toneladas de cocaína que produce el país, y la superficie cultivada, que disminuyó algunos años por la fumigación, está aumentando de nuevo. Ni siquiera la erradicación manual parece funcionar. La Iniciativa Mérida, en México, otro país absorbido por el remolino del narcotráfico, es más de lo mismo.
Los partidarios de esta estrategia represiva suelen decir que el problema está contenido. Pero ese es un pobre resultado para tantos años de esfuerzos. Sin contar con que el Estado se enemista con el campesinado de las zonas productoras y, en lugares como Colombia, produce el paradójico efecto de echarlo en brazos de las Farc o de otros grupos armados.

Sin pretender que se renuncie a todo lo que se está haciendo, la Comisión pone el énfasis en el centro del problema: sin una reducción drástica del consumo en Estados Unidos y Europa, el narcotráfico seguirá intacto. Muchas de las medidas que propone -diferenciar el daño que causan las distintas drogas, despenalizar la marihuana, tratar el consumo como un asunto de salud pública- van en esa dirección. Y son un llamado a la administración estadounidense de Barack Obama y a la Unión Europea para que, por fin, hagan frente a ese problema de fondo que arrastran sus sociedades. Un debate y unas propuestas que no pueden ser más que bienvenidos y oportunos, cuando la ONU se apresta a hacer el balance de diez años de una guerra escasa en victorias.