La tormenta institucional desatada por la histórica purga de 27 oficiales del Ejército, entre ellos tres generales, asociada a una vergonzosa cadena de 'falsos positivos' por cuenta de jóvenes asesinados y presentados como "bajas en combate", hicieron insostenible la permanencia en el cargo del general Mario Montoya. El comandante del Ejército, el primer oficial de tan alto rango que deja el uniforme por violaciones de los derechos humanos, pidió ayer la baja y, según se interpreta en los altos círculos militares, lo hizo en solidaridad con sus subalternos que en la última semana fueron retirados del servicio.

El desenlace de este escándalo anunciado no podía ser otro. Nadie entendería que la línea de responsabilidad militar no subiera más arriba, precisamente por el mando que tenía Montoya sobre los altos oficiales que el miércoles pasado retiró el Presidente de la República. En lo político, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, deberá dar las explicaciones del caso en los debates en el Congreso y asumir los costos políticos que se deriven de su rendición de cuentas en torno a tan bochornosos episodios.

La opinión pública seguirá con especial atención la ruta que en materia de derechos humanos trace al Ejército -donde todavía parece no haber un consenso firme en esas materias- su nuevo comandante, el general Óscar González, jefe del comando conjunto del Caribe.

La comunidad internacional es cada vez menos tolerante con la violación de los derechos humanos y es en ese marco en el que tendrá que trabajar. Tomar esta realidad a la ligera o jugar con la ambigüedad puede resultar muy costoso para la legitimidad de la difícil guerra que libra el Estado colombiano contra el terrorismo. De cara al nuevo Congreso estadounidense, donde los demócratas -tan duros en este tema- seguramente gozarán de una mayoría absoluta, habrá que hacer valer el coraje con que actuó el presidente Uribe, quien, sin vacilación alguna, retiró a un importante número de altos oficiales ante cuyas narices ocurrieron crímenes tan lamentables como inaceptables.

Por eso no luce inteligente salir a pelearse a los cuatro vientos con personajes como José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, a quien el presidente Uribe caricaturizó como "cómplice de las Farc". Vivanco puede ser arrogante y a veces ligero y falto de criterio, pero se lo reconoce como un serio defensor de la causa que habla al oído de muchos de los congresistas demócratas. Y no se ven bien ataques de este calibre, precisamente cuando sale a la luz pública el cuadro de horror de tantas ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes de las barriadas más humildes de nuestras ciudades. No es bueno que la purga de la semana pasada se interprete como concesiones al enemigo. El famoso 'síndrome de la Fiscalía' parece, en el fondo, temor a la ley.

La salida del polémico general Montoya, a pocos meses de que cubriera de gloria al Ejército con la Operación 'Jaque', habla bien del ánimo del Gobierno de dar la cara. Eso sí, hay que aprovechar el remezón, que ojalá sea el último, para corregir el rumbo de la política de seguridad democrática, tan urgida de una redefinición de su marco ético y legal.

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Síntomas de crisis

La crisis económica global es hoy una realidad en el estado de ánimo y las mentes de la mayoría de colombianos. Los datos de la más reciente encuesta bimestral de Gallup muestran que crece la inconformidad de los habitantes de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla con respecto a la agenda económica de la administración Uribe. El optimismo generalizado, reforzado por los duros golpes a la guerrilla de mediados de año, ha empezado a dar paso a un creciente malestar ciudadano.

A pesar de los altos niveles de la imagen y la gestión del Primer Mandatario -75 y 77 por ciento, respectivamente-, las opiniones frente a su manejo de la economía están divididas: 52 por ciento lo aprueba mientras que el 44 lo desaprueba. En cuanto al costo de vida y al desempleo, la desaprobación de la gestión presidencial se trepa al 61 por ciento en ambas materias. No sorprende, entonces, que la mayoría de los encuestados -un 51 por ciento- no respalde las políticas de lucha contra la pobreza del actual Jefe de Estado.

Otras políticas, como la de atención a la niñez, la asistencia a la vejez y la política rural, también bajaron sus niveles de aceptación ciudadana. A esto se añaden crecientes índices de pesimismo que revela la encuesta: el 42 por ciento cree que la situación del país está empeorando, frente al 73 por ciento inmediatamente después de la 'Operación Jaque'. Mientras que en marzo de este año sólo una quinta parte de los colombianos calificaba a la economía como el principal problema que enfrenta el país, hoy ese indicador llega a los 47 puntos. En Bogotá y Medellín, grandes impulsoras del optimismo nacional de los últimos años, la percepción negativa de sus respectivos rumbos es creciente, a la par con sendas caídas de la aprobación de sus mandatarios locales.

Los datos configuran en estas cuatro grandes ciudades del país un escenario poco halagüeño: incertidumbre ante la economía, desconfianza en la respuesta del Estado y un creciente pesimismo ante el rumbo del país. La confianza, tanto de inversionistas como del ciudadano del común, ha sido un pilar permanente del mensaje y la agenda política del presidente Uribe. No obstante, un sombrío panorama económico, que golpee empresas y hogares, podría convertirse en un desgastador de la imagen presidencial más efectivo que todos los opositores y escándalos recientes juntos.

Si a lo anterior se suma la falta de una hoja de ruta clara del Gobierno para enfrentar los fuertes coletazos de la crisis financiera internacional y morigerar sus efectos en el presupuesto público, la inversión y las proyecciones macroeconómicas, las tendencias de estas percepciones negativas se profundizarán. Las consecuencias en las opiniones sobre la reelección presidencial ya empiezan a sentirse: el 35 por ciento desaprueba que el Presidente se pueda presentar en el 2010. Los tiempos del optimismo económico, al igual que la bonanza, han llegado a su fin. La agenda de la Casa de Nariño debe ajustarse rápidamente a estos nuevos escenarios, donde la preocupación por el empleo y el costo de vida superan cada vez más el fervor por los logros del orden público y la seguridad.

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