Las denuncias de la revista Cambio sobre los vínculos del personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, con la cúpula de DMG han desatado una tormenta política. Las grabaciones reveladas por el semanario no solo lo tienen contra las cuerdas, sino que le han generado un lío político al propio alcalde mayor de la capital, Samuel Moreno.

El contenido de las llamadas evidenciaría una relación entre William Suárez, cuñado de David Murcia, y el Personero, así como la posible entrega de 200 millones de pesos. Además, la revelación de una reunión entre este, el senador del Polo Democrático Iván Moreno y las cabezas visibles de DMG a pocos días de las elecciones de octubre del 2007 ha despertado interrogantes sobre la financiación de la campaña del actual alcalde.

Tanto Rojas Birry como el mandatario capitalino han salido a dar la cara a la opinión pública. El primero reconoció que la reunión política tuvo lugar, pero que la campaña declinó el apoyo; tampoco admitió haber recibido personalmente dinero de la captadora ilegal y culpó al racismo. El segundo, por su parte, negó la entrada de aportes en efectivo y en especie e invitó a Rojas Birry a que, ante las actuales circunstancias, "evaluara la conveniencia de continuar en su cargo".

Y es precisamente la conveniencia para la ciudad, la Administración Distrital y su partido, el Polo Democrático Alternativo, lo que el Personero debería considerar antes de seguir aferrado al cargo. Su posición es de la mayor importancia dentro del gobierno de la ciudad. No solo es el representante del Ministerio Público en la capital, sino el garante de los derechos humanos de los bogotanos y ejerce vigilancia sobre más de 60.000 funcionarios distritales.

Si bien el aparato de justicia siempre tendrá la última palabra, las dificultades que enfrenta Rojas Birry para cumplir con su misión no son de índole jurídica, sino ética y política. ¿Con qué autoridad la Personería puede defender como institución los derechos de los capitalinos cuando su cabeza visible está bajo sospecha de tener nexos económicos con una empresa que estafó a decenas de miles de habitantes de la ciudad? Todo esto sin contar las graves acusaciones de lavado de activos.

Las voces que exigen que el funcionario dé un paso al costado siguen creciendo. Incluyen tanto al presidente del Polo, Carlos Gaviria, como al propio alcalde Moreno en su comunicado. Como la Personería es independiente del Palacio Liévano, la invitación a evaluar la permanencia en el cargo es a lo más lejos que el burgomaestre -quien impulsó y promovió su elección- puede llegar. Este llamado refleja que los dirigentes del Polo están dimensionando el alto costo que la Alcaldía y el partido tendrían que asumir si el Personero decide permanecer en el cargo.
El embrollo en que está hoy el Alcalde complica la difícil tarea que hoy enfrenta la Administración al tratar de mejorar sus bajos índices de gestión. Aunque no existen pruebas que permitan afirmar que su campaña recibió dinero de DMG, el manto de duda sobre el Palacio Liévano enrarece aún más la golpeada gobernabilidad de Moreno Rojas.

Y no menos importante es la conveniencia para la ciudad de tener a su Personero acusado de nexos con DMG. La defensa de los derechos de los bogotanos y la vigilancia sobre las entidades distritales son tareas de tiempo completo que requiere de los órganos de control tanto legitimidad política como transparencia personal. Ambas constituyen activos que a Rojas Birry se le agotaron en este escándalo. Por esto, el Personero Distrital debe atender el sensato pedido del Alcalde Mayor y defenderse por fuera del gobierno de la ciudad.