Al último de sus cuatro debates en la plenaria de la Cámara llegará en los próximos días el estatuto de víctimas en medio de una paradoja: mientras que sus impulsores quieren retirar el proyecto, sus opositores buscan su aprobación. Sin embargo, una mirada más cercana al trámite parlamentario de esta iniciativa revela los motivos de esta aparente contradicción.

La oposición liberal, que ha promovido esta ley de víctimas desde su concepción con la participación de organizaciones de la sociedad civil, se retiró del tercer debate hace dos semanas y calificó de "descuartizamiento" las modificaciones del texto legislativo que aprobó la mayoría uribista en la Comisión Primera de la Cámara. Los reparos opositores no son una voz solitaria: las organizaciones de víctimas realizaron una gira por Estados Unidos con congresistas y asesores de la nueva administración Obama para explicar el rechazo.

Organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado preocupaciones frente a la ley, si fuera aprobada tal como ahora está redactada. Para Bruno Moro, coordinador residente de la ONU en Colombia, la legislación impulsada por los uribistas tiene vacíos importantes en los estándares internacionales, que llevarían a eventuales contestaciones. Por su parte, Víctor Abramovich, relator para Colombia de la CIDH, reitera que la ley "sería impugnada ante instancias internacionales". En momentos en que la agenda de derechos humanos entrará a influir en las relaciones con el gobierno de Obama, no parece prudente ignorar estándares internacionales ni alterar de manera contraproducente una ley clave en los procesos de reparación.

Este ambiente enrarecido no es gratuito, pues el Gobierno promueve una ponencia que restringe derechos de las víctimas y discrimina entre ellas. El texto, que llega a su último debate, impone a las víctimas de agentes estatales una serie de requisitos adicionales, como una condena ejecutoriada por el sistema judicial, para acceder a la reparación. Esta exigencia, de complicada presentación, diferencia de hecho a unas víctimas de otras. Además, la reparación de quienes han sufrido violencia es independiente de las condenas penales que la justicia imponga a los victimarios.

Otra falencia del proyecto es encargar al sistema judicial de la reparación de procesos masivos como el desplazamiento, en vez de a un ente administrativo ad hoc, lo cual también abre dudas sobre el compromiso oficial con mecanismos expeditos.

En materia fiscal, la ley determinaría un tope de 40 salarios mínimos en el pago de indemnizaciones. Esto implicaría, según el Ministerio de Hacienda, unos 22 billones de pesos en 20 años. No obstante, hoy en día no hay topes en la indemnización que las víctimas del Estado pueden obtener si la justicia falla a su favor. Otro tema polémico fue la exclusión del "deber de garantía" de Estado. De acuerdo con esto, el Estado repara por "solidaridad" y no por responsabilidad. En medio de escándalos como los 'falsos positivos' y otros casos recientes que comprometen a miembros de la Fuerza Pública en violaciones incalificables de los derechos humanos, resulta por lo menos extraño que el Gobierno promueva un artículo que libera al Estado de responsabilidad.

En conclusión, el espíritu original de la ley de víctimas ha quedado en buena parte desvirtuado. Los problemas que generará la aprobación del texto actual están advertidos, así como sus potenciales repercusiones internacionales. En un país con tantos años de conflicto, no sería recomendable una ley de víctimas que abre más heridas de las que cierra. El Gobierno debe recuperar el espíritu conciliador de las primeras fases del trámite o posponer esta discusión para la próxima legislatura.

editorial@eltiempo.com.co