Diciembre 17 de 2009
La verdad del infierno
El informe final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, revelado ayer tras más de un año de investigaciones, revive uno de los capítulos más trágicos y controvertidos de la historia contemporánea del país. Como quedó grabado en la memoria de los colombianos, el 6 de noviembre de 1985 un comando del M-19 "tomó a sangre y fuego" el edificio vecino a la plaza de Bolívar y secuestró a decenas de personas, incluyendo a los magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Luego de 28 horas de enfrentamientos con la Fuerza Pública, que desataron un infierno en la construcción, la toma terminó con un trágico saldo de 12 desaparecidos y 95 muertos, entre guerrilleros y rehenes.
Las conclusiones de la Comisión -conformada por la Corte Suprema e integrada por tres ex presidentes del alto tribunal- describen fallas en la protección de los magistrados, la flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario por parte del M-19 y el exceso de fuerza del Ejército en la operación de retoma. El documento no solo encuentra responsabilidades en el gobierno de la época, encabezado por Belisario Betancur, sino que insta al ex mandatario y a sus altos funcionarios a "aceptar la responsabilidad política" por el accionar militar.
Después de más de 24 años, y a pesar de múltiples libros y piezas periodísticas publicadas sobre el tema, es justo y necesario que el país conozca un recuento autorizado de la toma del Palacio de Justicia y de las atroces desapariciones y ejecuciones que le siguieron. Aunque la Comisión responsabiliza al comando guerrillero por el asalto y muestra su conexión con el cartel de Medellín, las autoridades civiles y militares del momento también tienen su cuota en lo ocurrido. El texto afirma que "nunca hubo intención real del Gobierno de tratar de salvar la vida de los rehenes" y que este "tomó la decisión de censurar" a los medios de comunicación.
Sin ninguna atribución judicial ni facultades para derivar responsabilidades individuales, esta Comisión de la Verdad ostenta un mandato "ético, académico e histórico" orientado al esclarecimiento de los confusos hechos. Aparte de resaltar el desprecio de los guerrilleros por los civiles y la Justicia en sí misma, las recomendaciones del informe sobre la necesidad de reconocer las responsabilidades políticas deberían ser adoptadas por quienes hace 25 años lideraban el Gobierno y la Fuerza Pública.
Como lo afirman los autores del reporte, un gesto en esa dirección ayudaría a cerrar tan fatídico capítulo, tanto a los familiares de las víctimas y desaparecidos, como al resto de los colombianos.
Reconocer los errores del Estado en la retoma -su exceso en el uso de la fuerza, su énfasis en no dialogar y la ausencia del presidente Betancur- no implica en absoluto el desconocimiento de las atrocidades del M-19 en el asalto y la constatación histórica de la narcoalianza que lo inspiró en parte. Ningún proceso de paz podrá borrar de los ex integrantes de ese grupo el hecho de haber sido útiles a los intereses de la mafia de Pablo Escobar.
Una actitud así tampoco se puede traducir en una falta de respaldo al papel de la Fuerza Pública en la lucha contra los grupos ilegales, tanto ayer como hoy. Las comisiones de la verdad son precisamente instrumentos que la sociedades emplean para aclarar y poner en blanco y negro los excesos propios de la guerra.
Así mismo, son útiles para derivar de esas investigaciones las lecciones pertinentes para que tan trágicos acontecimientos no se repitan. Casi un cuarto de siglo después, las víctimas de este holocausto merecen tanto la reparación como la verdad y la administración de justicia. Y que estos tres aspectos de la memoria se reflejen en los fallos, los textos de historia, las placas conmemorativas, los restos forenses y las compensaciones a que haya lugar.
