Cientos de miles de mexicanos han salido a las calles ataviados de blanco para protestar por la violencia del crimen organizado que desde hace años se adueña del país. Con antorchas, velas y linternas como símbolo de libertad frente a las mafias, los ciudadanos se tomaron las plazas de las ciudades principales en la noche del sábado pasado. Su mensaje estaba resumido en una pancarta dirigida a gobernantes y legisladores: "Si no pueden, váyanse".

La cuestión es que hasta ahora no han podido. Como su antecesor, Vicente Fox, son varios los esfuerzos contra el delito que ha emprendido, con más aparato que éxito, el presidente Felipe Calderón desde su posesión hace dos años. En marzo del 2007 lanzó la Estrategia Integral para la Prevención del Delito y el Combate de la Delincuencia, que ha sido un fracaso, según las estadísticas. México es hoy campeón mundial de secuestros al año (Colombia, que ostentó el lamentable título, ocupa ahora la novena posición, por debajo de México, Venezuela y Ecuador) y también el escenario donde los carteles de la droga libran sus más sangrientas luchas.

Cada día, según la Secretaría de Seguridad Pública, hay más de 7 ejecuciones en el mundo de la droga y los asesinatos de narcotraficantes subieron de 2.221 en el 2006 a 2.561 en el 2007.
Pero lo peor es que en el año que corre van 2.774 asesinatos, 64 por ciento más que el año pasado. Cada vez surgen más episodios de balaceras entre narcos, o entre narcos y agentes del orden.

Ante el revés de su primera iniciativa, el gobierno federal, 32 gobernadores estatales, congresistas, magistrados y fuerzas sociales suscribieron el pasado 21 de agosto el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. La respuesta de las mafias fue una masacre en Yucatán, que dejó doce cuerpos decapitados, perpetrada posiblemente por el temible grupo de sicarios Los Zeta, ex miembros de cuerpos élite antidroga, hoy al servicio del cartel del Golfo. No era la primera vez que los criminales empleaban tan bárbaro recurso: el año pasado decapitaron a 16 militares.

Parte de la gravedad del problema es la connivencia entre policías y militares y la mafia. Según el diario mexicano El Universal, el 6 por ciento de los secuestradores han sido o son aún miembros de las fuerzas armadas. Entre el año 2000 y el 2006 cayeron en manos de las autoridades 56 antiguos agentes vinculados a grupos de secuestradores, aunque también es verdad que han muerto miles de militares y policías en la lucha contra el crimen.
Solo en el primer trimestre del 2007 fueron asesinados 61 agentes.
Desde los tiempos del tenebroso Arturo el 'Negro' Durazo, un jefe de la Policía corrupto hasta la médula, y aun antes, esta institución vive bajo sospecha. Por eso, uno de los principales propósitos del plan de seguridad de Calderón ha sido limpiar la Policía. A fines de julio, sin embargo, el país se conmovió al saber que varios agentes participaron en el secuestro y asesinato del niño Fernando Martí, hijo de un empresario, cuya muerte desencadenó esta masiva protesta.

Con cierta angustia, los colombianos revivimos nuestro pasado en el caso mexicano. Hay que decir que las autoridades de ese gran país nunca advirtieron con claridad el cáncer que subía pierna arriba, y se negaron a mirarse en el espejo de Colombia porque, decían, "a nosotros no nos puede pasar eso". Tristemente, les está pasando. Desde aquí instamos a los mexicanos a que continúen la lucha en las calles, como lo hicieron el sábado y como hemos intentado hacerlo los colombianos, porque la guerra contra la violencia mafiosa y el secuestro la tienen que librar y ganar todos los ciudadanos, no solo los funcionarios del Estado.

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