A raíz de los sistemáticos golpes que les ha propinado el Estado a las Farc, flota en el aire la pregunta de cuál sería la estrategia de respuesta de esta guerrilla a tan repetidos y contundentes reveses.
El carro bomba de 80 kilos de anfo que explotó ante el Palacio de Justicia de Cali el domingo por la noche y dejó cuatro muertos y una veintena de heridos -todos víctimas inocentes- parece ser la línea de acción que ha escogido. Aunque no se puede descartar de todo al narcotráfico, según las autoridades la columna 'Manuel Cepeda Vargas', responsable en el pasado de varios atentados en Cali, estaría detrás del sangriento hecho, que, de acuerdo con algunos analistas, puede ser señal de que las Farc buscan incrementar la violencia en las ciudades.

A pesar de que nunca han abandonado las acciones terroristas en áreas urbanas, no deja de ser preocupante que estas se conviertan en el escenario de esta guerrilla para enviar el mensaje de que no están derrotadas. En los últimos meses se han presentado unos seis atentados con cargas explosivas en Bogotá, vinculados a extorsiones de comerciantes. Las estaciones de policía de Suba y Meissen, en la capital de la república, también han sufrido ataques.

Si la respuesta de las Farc se concentra en el terrorismo urbano, se requerirán estrategias locales de respuesta y mayor coordinación con las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali.
Atentados como el del domingo no solo generan zozobra en los ciudadanos, sino también cuentan con un peligroso efecto multiplicador, ideal para una organización desmoralizada y debilitada con ánimo de hacerse sentir. Aunque las áreas urbanas son espacios propicios para el funcionamiento de pequeñas células terroristas, también hay muchos más ojos y oídos ciudadanos, útiles en las actividades de inteligencia y seguimiento.

Que el Palacio de Justicia de Cali haya sido el blanco de este cobarde ataque también es un aspecto preocupante. Ante la destrucción de expedientes de procesos contra guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes en el incendio causado por el atentado, es importante atender la petición de mayor seguridad para los complejos judiciales del país. Convertir a la rama judicial en objetivo militar es una bárbara estrategia, más propia de las bandas del narcotráfico, y confirmaría las alianzas que estarían funcionando en esta zona del país. Los cuerpos de seguridad y la ciudadanía en general deben estar alerta ante la posibilidad de que las acciones terroristas de los grupos urbanos de las Farc sean cada vez más indiscriminadas.

Es apresurado afirmar que los atentados son las únicas respuestas que les restan a las Farc después de los duros golpes de este año. Se necesitan más elementos de juicio que respalden el escenario de una guerrilla atomizada, sin comando central y absorbida por el narcotráfico y el terrorismo. Por otra parte, no se puede magnificar ni hacerle el juego a la campaña de desestabilización y pánico sicológico que buscarían las Farc con una escalada de violencia y bombas en las ciudades.

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