Tres graves hechos de los últimos días confirman que la inseguridad urbana en Bogotá está empezando a generar preocupantes brotes de intolerancia. El linchamiento de un ladrón por un grupo de taxistas, la captura de un presunto violador en medio de las amenazas de los habitantes de un barrio y la muerte por una bala perdida de un profesor universitario revelan distintas caras de un mismo problema: los capitalinos se sienten tan inseguros y desamparados que están tomando la ley por su propia mano.

El pasado lunes en la madrugada, una turba de taxistas mató a golpes a un miembro de una banda de asaltantes después del atraco contra un colega. La red de taxis de la ciudad ha sido una aliada de la Fuerza Pública en temas de seguridad, al evitar robos y alertar ante ilícitos. Sin embargo, estos ojos y oídos que auxilian a la Policía, en ocasiones se comportan como gavilla, asustando a los ciudadanos que por desgracia se ven envueltos en problemas con ellos.

Ayer, las autoridades evitaron otro linchamiento en la localidad de Bosa. Un hombre acusado de violar a una niña de 10 años tuvo que ser protegido ante las amenazas de los habitantes del barrio San Bernardino. Una decisión de un juez de garantías le dio la libertad al presunto agresor sexual y fue calificada como "aberrante" por el alcalde Samuel Moreno. Ver en libertad al violador despertó la furia de los vecinos y ha puesto a los jueces de Bogotá en el centro de las críticas de la Administración Distrital.

En otro caso reciente, un comerciante hirió a un estudiante y mató a un profesor al pensar equivocadamente que le estaban robando el carro. Esta tragedia ha reabierto el debate del desarme en la capital. Según las estadísticas de las autoridades, las armas de fuego están involucradas en el 70 por ciento de los homicidios, el 29 por ciento de los suicidios y el 51 por ciento de los hurtos de personas, entre otros delitos. A pesar de que la capital ha tenido un programa permanente de desarme, el Distrito no cuenta con mayores herramientas legales para fortalecer estos controles. Con esto en mente, el ex alcalde Luis Eduardo Garzón lideró la recolección de 1'800.000 firmas en alianza con mandatarios de 13 ciudades del país para presentarle al Congreso un proyecto de ley de restricción del porte de armas. Lamentablemente, esta iniciativa popular ni siquiera fue considerada por los congresistas y murió en la pasada legislatura.

Una mirada al pasado fin de semana en Bogotá revela cifras alarmantes. Más de tres mil riñas se presentaron en toda la ciudad por venganzas, violencia intrafamiliar e intolerancia. A esto se añade que en 4 de cada 10 riñas hay un menor de edad presente. Estadísticas de la Policía Metropolitana muestran que cada día, en promedio, son capturados 30 menores -un salón de clase- por cometer todo tipo de delitos en la ciudad.

La seguridad en Bogotá ha sido protagonista de sendos debates en el Congreso y el Concejo Distrital, así como de rifirrafes entre el burgomaestre local y el Ministro de Defensa. Las encuestas de percepción ciudadana también destacan que los capitalinos se sienten más seguros en el barrio que en la ciudad y que problemas como la venta de droga están en aumento.

En vez de discutir si las dificultades de seguridad nacen de la convivencia o de las ramificaciones del conflicto armado, las autoridades distritales están en mora de responder a la ciudad con una estrategia integral.

Iniciativas que apunten a reducir la intolerancia deben hacer parte de esta nueva política de seguridad. Pero también el mejoramiento de los sistemas de información, la conexión con la administración de justicia y el enfrentamiento con la delincuencia organizada. Todo esto para evitar que los linchamientos se vuelvan imágenes comunes, como en Perú o en Guatemala.

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