Otra vez, el ambiente político está enrarecido, tenso y peligrosamente confuso. Quedaron atrás los días de euforia de la liberación de los secuestrados y resurge una sensación de crisis institucional con el mismo denominador de fondo: el enfrentamiento entre el presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia. En esta ocasión, sin embargo, el 'choque' coincide con la revelación de dos escándalos que afectan la imagen del alto gobierno. El de contactos de voceros de grupos paramilitares -en concreto, de 'don Berna'- en la propia Casa de Nariño, y el de vínculos del fiscal seccional de Medellín, Guillermo Valencia -hermano del Ministro del Interior- con la mafia de ese Departamento.

El presidente Uribe ha acudido nuevamente a la fórmula que le ha servido en el pasado para superar momentos difíciles: no hay mejor defensa que el ataque. Pero ha casado peleas sin mucho foco ni criterio selectivo: revivió su denuncia contra el magistrado Iván Velásquez y contra la Corte Suprema; abrió fuegos contra sus antecesores César Gaviria y Andrés Pastrana; provocó al Partido Liberal y agitó la espada contra periodistas críticos...

Preocupa que esta nueva crisis señalara una tendencia al deterioro de la imagen o credibilidad presidencial, capaz de hacerle contrapeso al efecto positivo de los históricos éxitos alcanzados por la seguridad democrática. La sola repetición intermitente de tantos momentos de emotivas crisis va produciendo un desgaste inevitable. Deja la sensación de que las pugnas se van profundizando y los intentos de solución -como el que hizo el Ministro Valencia Cossio con las altas cortes- no son más que paños de agua tibia. De pronto, las heridas ya están demasiado abiertas.

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La proliferación de conflictos resulta dañina para la imagen externa y la estabilidad interna del país. Demasiados frentes simultáneos de pelea son difíciles de controlar para cualquier Presidente y la estrategia de salir a la ofensiva a veces puede devolverse como un bumerán. Además, la pugnacidad generalizada se contagia y alimenta actitudes beligerantes en todos los sectores. Basta ver el tono de las declaraciones de la Corte, del ex presidente Gaviria y del Partido Liberal. Las intervenciones del presidente Uribe en la rueda de prensa del lunes y en la rendición de cuentas de los ministros, tampoco sirvieron para calmar ánimos, ni para abrir caminos de conciliación.

Este polarizado ambiente no facilitará la gobernabilidad. Cuando la Corte Suprema y el Partido Liberal coinciden en descalificar al ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, no parece viable que pueda tramitar las reformas anunciadas. El turbio clima tampoco luce propicio para que se resuelvan interrogantes que han generado los últimos escándalos. La opinión pública aún no entiende bien por qué en la Casa de Nariño reciben a abogados de jefes paramilitares para obtener de ellos información que no se transmite a la justicia. Tampoco es claro hasta dónde buscó el Ministro del Interior al Fiscal General para que le 'ayudara' a su hermano. Ni el grado de penetración del narcoparamilitarismo en la Policía de Antioquia, cuyo comandante renunció ayer en otra secuela del escándalo de marras.

En medio de este torbellino, lo más recomendable es que el Gobierno mantenga la serenidad, no case peleas innecesarias, ni caiga en inconvenientes contradicciones. Como la de denunciar al periodista Daniel Coronell porque respetó pactos con la fuente para no publicar una entrevista hasta que se cumplieran algunas condiciones, pero omitir explicaciones oportunas sobre los contactos en oficinas vecinas al despacho presidencial con abogados de la mafia.

Un elemento particularmente inquietante del nuevo choque de trenes y de sus efectos paralelos es que se produce precisamente cuando se encuentran en Colombia el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, y el juez Baltazar Garzón. Un hecho coincidencial, que no responde a un 'complot' de los medios, como creen algunos asesores de Palacio, pero que sí es indicativo de la atención que le está prestando la CPI a Colombia.

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En todo caso, la imagen de un Presidente enfrentado a la Corte y de confabulaciones mutuas para desprestigiarse no es propiamente el mejor escudo para frenar una mayor participación de la CPI en Colombia. Cabe mencionar aquí la actitud reflexiva y serena del fiscal Moreno Ocampo, que, en medio del berenjenal, ha resaltado que en este país existen instituciones de justicia operantes. Pero sin olvidar que, desde la óptica de la justicia internacionalizada, un enfrentamiento tan agrio entre un Gobierno y una Corte Suprema siempre será considerado como una preocupante grieta institucional. Que de llegar a convertirse en un obstáculo para que opere el sistema de justicia nacional, podría generar argumentos para que algún día entrara a operar la CPI.

El caso es que las cosas no pueden seguir como van. Es imperioso moderar los lenguajes y desarmar los espíritus. Si no se le aplica cabeza fría a esta delicada crisis, las consecuencias pueden ser impredecibles. En un escenario tan turbio, los únicos perdedores seremos todos los colombianos.

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