El uso de la famosa cruz roja que simboliza en Occidente al organismo neutral consagrado en las Convenciones de Ginebra -ratificadas por Colombia y otras 191 naciones- se prohíbe para fines distintos de los humanitarios y de socorro. Infringir esa prohibición -cosa que se ha hecho con lamentable frecuencia desde el siglo XIX- no es un crimen de guerra, ni es penalizable por la justicia internacional. Pero es un delito. Con agravantes, contemplados en el Código Penal colombiano.

Los efectos de lo que el Presidente presentó como una falla humana no dejan de ser significativos. Unos políticos y otros jurídicos. No se trata en este caso de un "crimen de guerra", como lo presentó una cadena internacional de noticias, y ni siquiera de una violación grave del derecho internacional humanitario (DIH), por lo que la justicia internacional no interviene. Pero sí es una infracción del DIH y correspondería a la justicia nacional penalizar el uso indebido del emblema.

La forma más grave de ese uso se llama "perfidia", definida en el Protocolo I de Ginebra de 1977 como "actos que, apelando a la buena fe de un adversario, con intención de traicionarla, den a entender a este que tiene derecho a protección, o que está obligado a concederla". El Fiscal General declaró que no ve perfidia, aunque esto podría ser materia de investigación. Como también el hecho de que en una operación tan cuidadosamente planeada, un miembro de las fuerzas especiales hubiera llevado consigo sin permiso -y ponérselo sin una orden- el emblema de la Cruz Roja Internacional.

Más allá de si hubo perfidia o no, un Estado de Derecho (y un soldado de élite lo representa) no debe valerse de métodos de guerra prohibidos. Hacerlo alienta la lógica, que tanto ha costado a Colombia, del "todo vale". Las sociedades civilizadas se pusieron de acuerdo hace mucho, mediante las Convenciones de Ginebra, en que en la guerra el fin no justifica todos los medios. Emplear el emblema para una operación de rescate pone en peligro la esencial función humanitaria que en conflictos armados cumple el CICR, que, con razón -y, dicho sea de paso, con delicadeza- se quejó.

También ha sido desafortunado que, justo antes de que estallara la polémica por el uso del emblema protegido del CICR, el Gobierno se peleara con los suizos, guardianes exclusivos de la neutralidad que encarna la Cruz Roja. La protesta del gobierno de ese país por la investigación que abrió la Fiscalía contra el mediador Jean Pierre Gontard es en este sentido comprensible.

Más allá del revuelo creado, no hay que olvidar que la lamentable infracción del DIH se produjo en el contexto de un operativo que, sin muertos ni disparos, logró devolver a la libertad a 15 personas que llevaban largos años de un infernal cautiverio en manos de -estos sí- verdaderos criminales de guerra. Este es el hecho fundamental. El uso indebido de un emblema protegido es una mancha que hace que la 'Operación Jaque' no hubiera sido "perfecta". Pero no le resta valor ni mérito alguno a una exitosa acción humanitaria que Colombia y el resto del mundo siguen aplaudiendo.