Varias ciudades -incluida Bogotá- presenciaron la semana pasada una singular protesta: vacas ordeñadas en vía pública contra el decreto que prohibirá la venta de leche cruda en el país a partir del 24 de agosto. Los comercializadores de este producto -leche sin ningún proceso de higienización- denuncian que la medida dejará sin medios de subsistencia a miles de campesinos.

Desde hace treinta años, el Gobierno se esfuerza por erradicar el consumo de la leche cruda. Brucelosis, gastroenteritis y otras enfermedades se cuentan entre sus riesgos. En el 2006, el Gobierno les dio un plazo de dos años a los comercializadores para reconvertirse y cumplir con las normas técnicas del Ministerio de Agricultura. El tiempo se venció y continúa la resistencia de los afectados, con la vocería del senador del Polo, Jorge Robledo, a adoptar esas medidas.

En este debate, el ministro Andrés Arias tiene razón cuando defiende que la leche que consuman los colombianos debe cumplir serios estándares de higiene. El hecho de que más del 30 por ciento de la producción del país se venda sin procesar es más una muestra de la urgencia de la medida que un argumento sólido para seguir vendiendo mala leche. Muchos afectados aceptan el cambio y el mes pasado las secretarías departamentales de salud reportaron 2.845 planes de reconversión aprobados, que corresponden a más de un millón de litros.

La Secretaría de Salud de Bogotá reportó hace tres meses que el 90 por ciento de la leche cruda que se vende en la capital está adulterada. Continuar con este comercio -por tradición o por su consumo popular- es atentar contra la salud de una gran cantidad de hogares pobres.

A los ministerios encargados les toca promover una transición que proteja el bolsillo de quienes hoy consumen leche cruda, refuerce la decisión de quienes se reconvirtieron y vigile a los que le apuestan a un laxo control que engendre en el futuro cercano una venta clandestina y en peores condiciones de salubridad.

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