Mientras el país asistía, atónito y jubiloso, a la liberación de Íngrid Betancourt y sus 14 compañeros, una importante noticia pasó casi desapercibida. La Corte Constitucional anunció que su sentencia de exequibilidad del acto legislativo que dio origen a la reelección del presidente Uribe en el 2006 es cosa juzgada y que no tiene competencia para revisarla, transcurrido más de un año. Esta decisión, combinada con la oleada de respaldo al mandatario y su política de seguridad a raíz del rescate de los secuestrados, debe servir para desmontar la idea de Uribe de refrendar la legitimidad de su segundo mandato mediante un plebiscito para repetir las elecciones del 2006, y también el inconveniente enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, pese a que influyentes voces desde todas las orillas le sugieren que dé el paso atrás, en Casa de Nariño no parecen pensar lo mismo.

Todo indica que el Presidente está esperando conocer el fallo integral de la Corte Constitucional (como siempre, solo hubo un comunicado). Insatisfecho si la decisión es solo de forma, aspiraría a que se despeje cualquier duda sobre la legitimidad de su mandato. Así, como lo dijo el ministro de Interior, Fabio Valencia Cossio, mientras Uribe decide si pone "el semáforo en verde o rojo", el país está en amarillo. El Gobierno no convocó a extras al Congreso, pero todo el mundo espera en ascuas si el 20 de Julio se presenta o no la famosa pregunta. Y corren toda clase de versiones sobre una reforma de fondo a la Justicia.

Poco antes del rescate, en respuesta a las duras críticas que le hizo el mandatario a raíz de su sentencia contra Yidis Medina, y pese a que rechazó de manera tajante lo que calificó de "agravios y descalificaciones" del Presidente, un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia le bajó temperatura a la crisis. Se evidenció su deseo de evitar "estériles polémicas" políticas; el tono fue más cuidadoso que el de la sentencia y no hubo cuestionamiento alguno a la legitimidad de las elecciones del 2006.

El delicado enfrentamiento de poderes que vive el país por el choque entre las cúspides del Ejecutivo y de la Justicia ha creado explicable nerviosismo en diversos sectores económicos y sociales y no poco desconcierto en el exterior. Empresarios, obispos y otros personajes coinciden en la necesidad de apaciguar los ánimos y buscar rápida salida a un insólito choque de poderes que, de prolongarse, podría tener nocivos efectos sobre la estabilidad institucional y económica del país. Hasta uribistas como la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, Humberto de la Calle, de la Comisión de Reajuste Institucional, en el Partido de la U y en Cambio Radical han aludido a la inconveniencia del referendo.

Sobran los argumentos sobre su inviabilidad técnico-jurídica. Por dura o inapropiada que haya sido la Corte suprema en su sentencia, una cosa es cuestionar el acto legislativo de reelección y otra el abrumador triunfo electoral de Uribe en el 2006. La decisión de la Corte Constitucional absuelve toda duda jurídica. La liberación de los secuestrados y la disparada a niveles sin precedente de la popularidad del Presidente no dejan duda sobre su legitimidad popular. Y no sobra advertir que, en todos los sondeos de opinión, el respaldo al referendo es notablemente más débil que el apoyo al Presidente o a su eventual reelección en el 2010.

Lo sensato sería que el presidente Uribe, cuya legitimidad no está en cuestión, se baje de ese bus, que puede conducir a un despeñadero. Ya se pronunció la Corte Constitucional. Nada más hacía falta.

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