El enfrentamiento entre el Presidente y la Corte Suprema ha llevado al país al borde de una ruptura constitucional.

El enfrentamiento desmedido entre el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia ha llegado muy lejos y lo que antes se anunciaba como un choque de trenes hoy es una colisión de marca mayor con impredecibles consecuencias para la institucionalidad del país. Aquellos desacuerdos iniciales sobre temas jurídicos -tutelas sobre sentencias, el tratado de límites entre las Cortes Suprema y Constitucional- se transformaron en una peligrosa disputa de carácter personal que ahora tiene todos los elementos de una auténtica crisis institucional.

La aparición del presidente Uribe por televisión el jueves a medianoche para reaccionar duramente contra la sentencia de la Corte Suprema en el caso de Yidis Medina, que calificó de política, y su anuncio de un referendo para convocar a nuevas elecciones produjeron una conmoción. Su descalificación del alto tribunal, que llegó a tildar de cómplice del terrorismo agónico, la reiteró en un curioso intercambio 'periodístico' con el ministro de la Protección, Diego Palacio, el viernes, lo que parece llevar la crisis a un punto de no retorno. Tal que el ministro del Interior, Fabio Valencia, quedó con la tarea de redactar con celeridad la pregunta del referendo e, incluso, de convocar al Congreso a extras.

La decisión de la Procuraduría de abrir pliego de cargos a Palacio, al ex ministro Sabas Pretelt y otros altos funcionarios por su presunto papel en la 'Yidispolítica' elevó varios grados la tensión. Y como para rematar, el comisionado Luis Carlos Restrepo y el ministro Palacio denunciaron a los magistrados de la Corte ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

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La situación aproxima al país al borde de una ruptura constitucional. La Corte, al emitir el esperado fallo de sentencia contra la ex representante Medina, hace una alusión innecesaria e improcedente sobre los efectos de la legitimidad del acto legislativo que permitió la reelección del Presidente, lo cual dio lugar a la drástica reacción de Uribe, proponiendo nueva elección presidencial. Tan equivocada la provocación inicial de la Corte como desproporcionada la reacción de Uribe.

La bola de nieve ha sido empujada por las dos partes. La Corte no se ha cuidado de dar a sus decisiones ropajes exclusivamente judiciales y ha dado pie para que se le diga que se extralimita. Y el Presidente, al confrontar una decisión judicial con la voluntad popular, actúa con una pugnacidad poco recomendable en un jefe de Estado que debe velar por la estabilidad institucional y buscar salidas reflexivas y serenas.

El referendo no parece una receta adecuada para la enfermedad: la condena de Yidis ha puesto en tela de juicio el acto legislativo que se aprobó con su voto contaminado y no las elecciones presidenciales del 2006. Aunque el jefe de Prensa de Casa de Nariño dijo que solo se quiere confirmar la legitimidad de la elección del 2006-2010, es inevitable que surja la sospecha de que, con el disfraz de repetir las elecciones, quizás se apunta a un tercer período para Uribe.

Y sobran los interrotantes. ¿Se limitaría a una nueva elección presidencial (la presidenta del Congreso ya insinuó nuevas elecciones para esa corporación)? ¿Sería por lo que queda del actual periodo, o por cuatro años? ¿Se ha pensado en el daño que haría a la economía -en momentos de crisis mundial-, a la imagen del país y a la estabilidad institucional tal periodo de incertidumbre? ¿Quién asegura que, abierta la caja de Pandora, el Congreso no introduzca más temas?

¿Ha pensado el Gobierno en que la reforma política que debe presentar la Comisión de Notables el 20 de Julio y la eventual repetición de elecciones deben ir en la misma dirección? ¿Con qué normas se haría la nueva elección presidencial? ¿Será el Congreso capaz de tramitar -y el país de aguantar- el debate simultáneo de un inédito referendo y el de cambios de fondo en las reglas de juego de la política?

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El país mira ahora hacia la Corte Constitucional, a la que la Corte Suprema compulsó copias de su sentencia. Justo cuando se atraviesa un proceso de fortalecimiento del Estado y la economía, esta colisión de poderes puede terminar borrando lo construido con tanto esfuerzo desde el 2002. Sería un error de dimensiones históricas poner en peligro uno de los activos más valiosos y reconocidos de Colombia: su estabilidad institucional y su respeto a la ley.

El presidente Uribe es el mandatario más popular, posiblemente de toda la historia, e incluso supera a la mayor parte de sus colegas en el mundo actual. Pero el apoyo popular no sustituye las normas que regulan el ejercicio del poder y no es argumento para prolongar mandatos más allá de lo que fija la Carta. Ni para arriesgar los controles y contrapesos indispensables en una democracia. La popularidad no exime a los gobernantes de cumplir la ley. Nunca antes había necesitado el país más cabeza fría y sensatez que ahora.

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