En su campaña en pro de la carretera, que inició como Gobernador de Antioquia, el Presidente también ha reconocido la necesidad de convencer a los panameños acerca de las bondades de su proyecto. En el vecino país predomina una opinión pública adversa a la iniciativa por el alto impacto negativo sobre la riqueza ambiental y porque podría generar problemas de seguridad. Y el gran proyecto panameño es la ampliación del Canal.

En Colombia, el debate sobre esta vía terrestre tiene larga historia. Sus partidarios enfatizan que es fundamental para la integración económica de Colombia con Centro y Norteamérica. Sus opositores siempre han señalado que la apertura del Darién tendría como resultado inevitable la destrucción de un lugar del planeta con una importancia singular, clave en el corredor biológico mesoamericano, a través del cual se ha dado el intercambio de la vida silvestre entre Norte y Suramérica por millones de años. Esta fue la principal razón de que la Unesco declarara como patrimonio de la humanidad los parques nacionales limítrofes de Los Katíos, colombiano, y del Darién, panameño, que contienen un representativo mosaico de ecosistemas de esta región, muy ricos en biodiversidad.

En las últimas décadas, y hasta el 2002, los gobiernos de Colombia se inclinaron por esta última posición, respaldada, entre otras, en conceptos del Ministerio del Ambiente y sus centros de investigación. Ahora, el principal promotor del proyecto es el presidente Álvaro Uribe, mientras su ministro guarda silencio.

El Primer Mandatario arguye que la carretera sería una de las formas más eficientes para proteger y disfrutar de este patrimonio natural, que hoy está en franco proceso de deterioro por la extracción de madera y otras actividades ilegales. Infortunadamente, la evidencia internacional no le da la razón: la construcción de carreteras en las selvas tropicales siempre ha conducido a su arrasamiento. Para proteger los ecosistemas limítrofes con Panamá, el Estado colombiano tiene la obligación de fortalecer la gobernabilidad de los resguardos de las comunidades indígenas locales y del Parque Los Katíos, para que allí se imponga la ley. En gran medida es un asunto de policía y, por fortuna, el Congreso acaba de aprobar una ley de procedimiento sancionatorio para los delitos ambientales, que llena un grave vacío legal que favorecía la impunidad de las mafias de la madera y otros grandes depredadores ambientales.

Compartimos el imperativo de culminar la comunicación de Alaska con la Patagonia. Pero la vía terrestre no es la única alternativa posible. Debería contemplarse un 'ferry' entre Cartagena y Colón. Múltiples ejemplos en el mundo enseñan que esta es una modalidad de transporte viable y eficiente. Cumpliríamos así un doble sueño: comunicar las Américas y proteger uno de los sitios de mayor valor ambiental de Panamá, Colombia y el amenazado planeta.

Un salario mínimo legal (461.500 pesos hoy) sería el castigo por adquirir dulces, cigarrillos y demás productos que miles de informales comercian en el espacio público. Hasta dar limosna a un desplazado estaría cubierto por la nueva reglamentación.
El argumento detrás de estos castigos no es desdeñable. El proyecto busca mejorar la movilidad en las calles mediante la imposición de mayores controles y no solo con la polémica multa.

Aumenta el castigo a conductores del transporte público que dejen pasajeros en lugares prohibidos o a los irresponsables que conducen en estado de embriaguez. La presencia de vendedores en semáforos y cruces, atravesando las calzadas, reduce el flujo vehicular y eleva el riesgo de accidentes. Además, un semáforo libre de vendedores es percibido como más seguro por los conductores. Los comerciantes formales también apoyan la medida, ya que les reduce la competencia. No obstante, el artículo elimina de un plumazo los medios de subsistencia de un inmenso número de personas que no tienen otro recurso que vender dulces o pedir limosna con una cartulina en los semáforos. Sólo en Bogotá, según las cifras oficiales del año pasado, 39.500 informales trabajaban en el espacio público. Cada día el desplazamiento interno expulsa a otros cientos a las ciudades. Otra duda está en la capacidad de los policías de tránsito de hacer efectivas las sanciones. Si bien la multa puede ser técnicamente impecable, parece más propia de Dinamarca que de Cundinamarca.

Más allá de ese artículo, el proyecto introduce una interesante serie de cambios positivos a las normas de tránsito: licencias de conducción por puntos; mejor señalización en vías urbanas y carreteras; amnistías para morosos, para recaudar multas atrasadas. Es claro que el nuevo Código de Tránsito debe ser bienvenido. El lunar del artículo que ha provocado el debate social podría superarse si el Presidente objeta ese punto específico, antes de firmar la ley.

editorial@eltiempo.com.co