Así lo indica la decisión de la Unión Europea (UE) de levantar las sanciones impuestas a Cuba en el 2003, cuando el gobierno de La Habana detuvo y condenó a largas penas de prisión a decenas de intelectuales y periodistas disidentes. La determinación europea, que ignoró presiones de Estados Unidos para que no lo hiciera (según la comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión, Benita Ferrero-Waldner), parece producto directo de los cambios que ha puesto en marcha Raúl Castro desde que tomó las riendas del gobierno en febrero.

En su discurso de posesión, Raúl reconoció la necesidad de reformas que beneficiaran al cubano común, sobre todo en materia económica. Sin abandonar el socialismo ni el compromiso con "la continuidad de la revolución", anunció el levantamiento de algunas prohibiciones, como las que limitaban los viajes al exterior. Luego, empezó a concretar otras medidas: permitir a los cubanos la adquisición de una línea de teléfono celular o de Internet, la compra de electrodomésticos y la opción de hacer turismo en los hoteles antes exclusivos para turistas extranjeros.

También son significativas otras reformas recientemente anunciadas, que buscan descentralizar los planes de producción, promover la autogestión y dar estímulos a los pequeños agricultores, así como las que afectan a los trabajadores en general, que incluyen la eliminación del 'techo' establecido por la revolución en materia de remuneraciones y el fin del "excesivo igualitarismo salarial", que impedía pagarles más a los que produjeran más y mejor.

Mientras aún falta ver los efectos económicos y sociales de estas medidas, en el campo político no se han producido cambios comparables: sigue la censura de prensa y la mordaza a la crítica. Razón por la cual Estados Unidos mantiene el bloqueo comercial a la isla y no vio con buenos ojos la decisión de la UE de levantar las sanciones que impuso tras la dura represión que hace cinco años desató el gobierno de Fidel contra la disidencia cubana (75 opositores fueron condenados a penas hasta de 28 años de cárcel).

La decisión europea, motivada también por la ineficacia de las sanciones comerciales para forzar la apertura democrática, suscitó críticas en Washington y en las filas del exilio cubano, indignado porque aún están presos 55 de los 75 disidentes detenidos. Tom Casey, portavoz del Departamento de Estado, dijo que la acción de la UE "legitima a un régimen dictatorial". La situación podría cambiar tras la próxima elección presidencial en Estados Unidos. El candidato demócrata, Barack Obama, ha criticado el bloqueo a Cuba y, aunque no ofrece levantarlo, ha dicho que adoptaría una diplomacia directa para normalizar las relaciones con la isla. Tal vez Raúl Castro esté guardando en la manga un giro político, según lo que pase en noviembre, y ello haga posible que Estados Unidos también "se abra a Cuba". Dependerá, por supuesto, de que La Habana decida abrir sus cárceles.

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La decisión es desafortunada -y preocupante- por donde se la mire. El Simci viene proveyendo desde 1999 las cifras que el gobierno colombiano y las Naciones Unidas consideran oficiales sobre la evolución de los cultivos de coca. La medición del 2007 arrojó un aumento de más de 20.000 hectáreas frente al 2006, pese a que se fumigaron y erradicaron manualmente cerca de 200.000 hectáreas. Pero la consecuencia no fue -como lo indicaría la lógica más elemental- preguntarse si la actual estrategia contra el narcotráfico (fumigación incluida) está fallando, sino cerrar los ojos a la evidencia, descartar el único censo satelital exhaustivo del territorio nacional y anunciar que se va a buscar a otra entidad que lo haga "cada mes o dos meses".

La única otra entidad que viene realizando una tarea similar, un programa de E.U. que no hace un censo sino un muestreo, ha arrojado en los últimos años cifras bastante más altas que las del Simci. Cualquier recién llegado a esta compleja tarea será menos confiable y producirá cifras que dejarán contentos a quienes lo contraten, pero solo servirán para tapar con un dedo la dramática realidad.

Porque el problema no es el Simci. Es la estrategia. Todos los datos, docenas de expertos, conferencias, mediciones y estudios dicen, una y otra vez, lo mismo: la actual estrategia de guerra contra las drogas es un fracaso escandaloso. Los miles de millones de dólares del Plan Colombia fueron útiles en la lucha contra la guerrilla, pero no en el frente antinarcóticos, pues a Estados Unidos sigue llegando la misma cantidad de cocaína colombiana de alta pureza. El reciente aumento de los cultivos en Colombia debería servir, no para despedir al Simci, sino para que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, por fin, se dijeran -como un asesor del presidente Bill Clinton lo afirmara de la economía-: es la estrategia, estúpido. En lugar de culpar al termómetro hay que preguntarse por qué tantos años de la misma medicina no han servido para bajar la fiebre.

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