Junio 19 de 2008 - EDITORIAL
La Comisión de Reajuste
El presidente Álvaro Uribe instaló el lunes la Comisión de Reajuste Institucional, integrada por un grupo de expertos en temas constitucionales, que revisará aspectos del ordenamiento político y sugerirá reformas. Con miembros tan respetables como el ex vicepresidente Humberto de la Calle, el ex presidente de la Corte Constitucional Eduardo Montealegre y el ex ministro de Hacienda Hugo Palacios Mejía, entre otros, la comisión no tuvo, sin embargo, una génesis afortunada. La idea de crearla surgió en el Gobierno en momentos en que, desde el uribismo, aparecían propuestas que buscaban quitarle poder a la Corte Suprema y cuando el alto tribunal procesa a decenas de congresistas por sus nexos con el paramilitarismo.
Esa coincidencia hizo pensar a muchos que lo que el Gobierno esperaba de la naciente Comisión es que buscara un atajo jurídico para acabar con los procesos de la 'parapolítica' o, incluso, que abriera las puertas a una segunda reelección del Presidente. Pero sus miembros han hecho saber que, por el contrario, se concentrarán en los temas electorales y del régimen de partidos, con la idea de purificar la actividad política y producir y blindar el sistema de la nefasta influencia de corruptelas, mafias y grupos armados ilegales. No será, han enfatizado, una "comisión de bolsillo". De la Calle, por ejemplo, ha declarado de manera tajante que se opone a una segunda reelección y que le parece inconveniente que la comisión aborde reformas de la Justicia que puedan ser leídas como cambios en las reglas del juego en momentos en que la Corte Suprema avanza en el juicio de los 'parapolíticos'.
* * * *
¿A qué se va a dedicar entonces la Comisión? Todo indica que propondrá una reforma política y electoral de fondo, que toque el régimen de partidos, su financiación, la responsabilidad de estos frente a la inclusión en sus listas de personas asociadas con grupos armados ilegales, los avales, el umbral, el régimen de bancadas, el voto preferente, el cabildeo y otros asuntos cruciales para limpiar la actividad política. De hecho, no se descarta que retome la iniciativa de la 'silla vacía', que se hundió de manera tan vergonzosa en el Congreso.
Si esos son los temas que la Comisión va a abordar, bienvenida sea la iniciativa. Pero, aun así, surgen no pocas dudas sobre su viabilidad, oportunidad y representatividad. Para comenzar, el estrechísimo plazo que tiene para entregar sus conclusiones -20 de julio- obliga a trabajar a ritmo maratónico. La proximidad de elecciones, cuando los intereses están a flor de piel, no parece el mejor momento para debatir un proyecto de esta índole. Y si se trata de fortalecer un consenso político, su composición no es del todo representativa.
Tampoco es muy clara cuál va a ser la relación entre la Comisión y el Congreso, que es el que hace o modifica las leyes. Un proyecto académico o excesivamente técnico volvería a caer en las garras de un poder legislativo que acaba de demostrar su falta de voluntad para autorreformarse. No incluir a los sectores políticos que, al final, son los que toman las decisiones puede ser un error estratégico que convierta a la Comisión en un ente irrelevante o inocuo. No hay que olvidar que se trata de un órgano consultivo, sin facultades para sacar adelante las reformas que proponga. Por eso, también habría que preguntarse por el compromiso del Gobierno con "su" Comisión. ¿Respaldará sus propuestas? Si no, ¿quién lo haría? Un texto de unos altos funcionarios y juristas, sin respaldo político, podría terminar en letra muerta.
* * * *
De cualquier forma, se ha abierto un espacio para volver a plantear los temas estructurales de una verdadera reforma política y para recuperar el espíritu del Constituyente del 91, tan desvirtuado en los años posteriores en una sucesión delirante de mezquinos remiendos y nocivas contrarreformas políticas. Hay que esperar, pues, que la Comisión produzca al menos un texto trascendental, que se convierta en punto de referencia importante para la tarea de rescatar la actividad política del envilecimiento al que ha llegado.
Después del hundimiento de la reforma política que incluía la "silla vacía", quedó en claro, en fin, que el Congreso no está dispuesto a meterles el diente a fondo a estos delicados temas. Una y otra vez, el Parlamento ha demostrado que es incapaz de abandonar sus vicios. De ahí que, más allá de que el trabajo de la Comisión sea productivo y ponga sobre el tapete ideas novedosas, queda una gran pregunta: ¿por medio de qué mecanismo va a lograr el país que esas iniciativas positivas se conviertan en normas constitucionales y legales? ¿Referendo? ¿Constituyente? Sería bueno que la misma Comisión dedicara parte de su esfuerzo a resolver ese crucial interrogante.
editorial@eltiempo.com.co
