La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito acaba de entregar su informe sobre cultivos ilícitos en el país. Son malas noticias. Pues, de acuerdo con los datos obtenidos a través de satélites, el área dedicada a estos cultivos aumentó en el último año en un 3 por ciento hasta llegar a 64.000 hectáreas.

La cifra se conoció cuando la presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuéllar, revelaba que el dinero lavado en Colombia -que en su mayoría proviene de las mafias de la droga- hoy es un 3 por ciento del PIB. Cuéllar aseguró que el generado por el narcotráfico ronda los 13,6 billones de pesos anuales, ni más ni menos que el 15 por ciento de lo que el país espera recaudar en impuestos este año.

Los números confirman, como un baldado de agua fría, la buena salud de un colosal imperio criminal que no va a desaparecer mientras no se tomen medidas tan radicales como inviables hoy. Y llevan a la posible conclusión de que, mientras esto ocurre, es deber del Estado ser lo suficientemente imaginativo para contenerlo y cerrarle caminos. Todo parece indicar que el gobierno Santos lo sabe: pese a ser desfavorable, el informe de las Naciones Unidas no fue rechazado con retóricas políticas, sino que fue tomado como un campanazo de alerta.

En Tumaco, hoy en día el desafortunado epicentro del negocio en Colombia, el Ministro de Defensa y el general León Riaño presentaron el pasado viernes una nueva estrategia para hacerle frente al problema: se habló del aumento de las operaciones conjuntas con los países vecinos, de la reducción de la veda que hoy existe para fumigar dentro de una franja de 10 kilómetros en las líneas fronterizas, y del trabajo intenso, de la mano del Ministerio del Interior, para que las consultas previas a la erradicación en zonas de resguardos indígenas sean más efectivas y aceptadas por estas comunidades.

Sobresalió, entre los anuncios, la noticia de que, desde Acción Social y los entes departamentales y municipales, se destinarán 56.000 millones de pesos a un plan piloto para ser desarrollado en Nariño, a fin de brindarles alternativas a los cultivadores.

Está más que demostrado que al atacar la producción y la distribución a duras penas se ha logrado contener y dificultar el crecimiento del emporio de la droga. Se ha dicho hasta el cansancio que sobran los motivos para pensar en replantear aquella estrategia. Pero mientras esto no sea viable, hay que pensar en alternativas audaces para que la lucha sea menos onerosa y más efectiva.

Apoyar a los cultivadores antes que criminalizarlos, como se hará en Nariño, es un paso en la senda correcta. Este cambio, que en Perú sirvió para que el Estado dejara de ser un enemigo y convertirse en un aliado, permitió reducir el área cultivada de 200.000 a 30.000 hectáreas en la década de los 90.

Ya es hora de que a los cultivadores de coca, tantas veces estigmatizados y expulsados de sus regiones, y eternamente atrapados en una guerra sin fin entre los financiadores de la droga y los gobiernos de turno, se les ofrezcan incentivos de fondo para que sus lealtades giren hacia el Estado. Para golpear el primer eslabón de la sangrienta cadena del narcotráfico hace falta mucho más que dádivas: hay que generar empleos dignos y llegar con nuevas ideas para proyectos productivos.

Si el Estado logra conquistar los corazones de quienes hoy se dedican a los cultivos ilícitos, si los reconoce como colombianos que no pueden quedarse atrás, les habrá ganado una batalla crucial a los mafiosos y a los guerrilleros dedicados al narcotráfico. La nueva estrategia del Gobierno parece tener eso claro. Hay que acompañarla.

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