El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, consiguió anotarse una importante victoria con la aprobación del Plan de Desarrollo Bogotá Humana en su primer debate en el Concejo. Lo hizo por encima de los pronósticos pesimistas, que auguraban su hundimiento, dadas las tensas relaciones que subsisten entre los dos poderes de la capital.

Al final, como lo señaló el secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, lo importante fue el "proceso de construcción de un acuerdo entre contrarios". Cabe resaltar también que se trató de un trabajo juicioso, en el que todos los interesados encontraron un espacio amplio para debatir sus ideas y expresar libremente sus opiniones sobre un documento que traza las líneas de la Bogotá de los próximos años.

Lo que se le está entregando al gobierno distrital -y que aún tiene pendiente su última prueba mañana, cuando el documento entre a aprobación de la plenaria- es un voto de confianza en un Plan de Desarrollo que sustenta sus raíces en tres ejes básicos: reducción de la segregación, el agua como factor esencial del desarrollo y el fortalecimiento institucional, entiéndase, lucha contra la corrupción.
Todos, temas afines a un modelo político de izquierda que, en su aplicación posterior, tendrá que interpretar el bienestar de la sociedad en su conjunto y no a parte de ella.

Desde ya es importante advertir que, si bien compartimos ese espíritu conciliador que animó la aprobación del Plan para la capital, es menester subrayar que quedan planteados temas que aún requieren un análisis más realista, pensando en los ciudadanos.

Se trata del aspecto presupuestal, pues, como ya se ha señalado, el documento ha sido tasado en 61 billones de pesos, de los cuales, alrededor del 30 por ciento corresponde a recursos que hay que salir a buscar, bien por la vía del endeudamiento, mediante alianzas público-privadas o por medio de ajustes tributarios.
Nada fácil, especialmente porque se trata de 4,3 billones de pesos que tienen como destino prioritario la movilidad, y allí aún no hay claridad sobre el futuro del metro, la avenida longitudinal (ALO) o el tranvía para la 7a. Y ya se anunció que habrá recursos solo para una troncal de TransMilenio (la de la avenida Boyacá); la otra (la de la carrera 68) quedará en diseños.

Si lo anterior es ambicioso, no lo es menos lo que la administración capitalina pretende en educación: la exigencia de tres grados de preescolar, es decir, educación gratuita desde los 3 años; la creación de un banco para pobres y jornada extendida en los colegios públicos.

También preocupa -y lo decimos apelando a la bandera de la administración- que no exista en el grueso del Plan de Desarrollo un capítulo exhaustivo referido al tema que más costos políticos, sociales y de imagen ha representado para la ciudad en el último medio siglo: la lucha contra los desfalcadores del erario público.

El Alcalde ha expresado que la talanquera contra los corruptos será un tema transversal, presente en cada uno de los componentes de la Administración. Bien. Pero, ¿cómo operará?, ¿bajo la dirección de quién?, ¿con qué recursos? Dudas que se suman a la suerte que pueda correr la Veeduría Distrital, que, cuando apuntaba a dejar de ser una convidada de piedra del Gobierno, vio mermados sus recursos, mientras la Contraloría y la Personería, con un pasado lleno de sinsabores, obtuvieron incrementos presupuestales de casi 300 y 500 por ciento.

Se ha dado un paso, pero el reto que sigue para Petro y su equipo es demostrar que cuentan con la capacidad financiera y la fortaleza institucional suficientes para sacar adelante el Plan. De lo contrario, será la ciudadanía la que juzgue una frustración más.