La cifra es escalofriante. Aunque cueste creerlo, en lo que va corrido de este año 5.165 niños han sido abandonados a su suerte en Colombia. En el 2011, cerca de 350 fueron recogidos por las autoridades en calles, potreros y basureros. De este total, 94 eran recién nacidos y 168 habían sido abandonados en centros hospitalarios.

A pesar de las medidas adoptadas este año, las cifras no han sido distintas. De los 5.165 niños abandonados reportados por Bienestar Familiar hasta el 25 de agosto, 58 eran recién nacidos y 80 habían sido dejados por sus padres o cuidadores en centros asistenciales.

Aunque las causas de semejante fenómeno son múltiples y complejas, entre otras, la pobreza y la indigencia, los embarazos no deseados o tempranos, la violencia sexual e intrafamiliar, las adicciones al alcohol y las drogas y la pobre educación sexual, hay una que las cruza a todas y es la percepción general de que el acto de tirar un niño a la calle no es un delito, ni siquiera cuando se trata de los más indefensos de todos: los recién nacidos. Muchos de ellos, simplemente, no sobreviven.

Se trata de un drama cotidiano y cruel, del cual no se eximen ni las grandes ciudades, donde se han registrado casos escandalosos de abandono y de muertes violentas. Esta situación no es resultado de ausencia de normas que amparen los derechos de los niños. De hecho, pululan. Eso sí, el país y todos sus estamentos fallan, y gravemente, en su aplicación y cumplimiento. Lo demuestra el que hoy cerca de 14.000 menores de edad esperan el socorrido recurso de una adopción, con todas las implicaciones de corte emocional y social que esto conlleva.

Cuando se está ante un panorama tan estremecedor, llaman la atención propuestas como la de la senadora Claudia Wilches, autora de un proyecto de ley que busca habilitar 'cunas de vida', es decir, sitios en los que padres u otros cuidadores puedan entregar, de manera anónima, bebés no deseados de hasta 6 meses de edad. El propósito es disminuir los riesgos que para su salud y su vida implica un abandono en la calle, además de atenuar el impacto de la degradación de su condición humana.

Dichos lugares, que estarían en hospitales y clínicas, centros de salud, iglesias, EPS y centros de beneficencia, contarían con un marco de seguridad específico y la presencia de personal idóneo, que se haría cargo del cuidado de los pequeños. Desde este espacio, en el que permanecerían por poco tiempo, serían remitidos a Bienestar Familiar.

Se trata de una iniciativa audaz, que genera debate. Quienes la defienden parten del hecho de que salvarán vidas en condiciones dignas. Sin embargo, sus críticos opinan que, al no haber sanciones, se estimula el abandono.

En la mitad se sitúan analistas para los cuales las 'cunas de vida' tendrían que ser el punto de llegada y no de partida de la protección de los niños. En otras palabras, que deberían estar enmarcadas en políticas y acciones sociales serias, que atiendan integralmente a la niñez y ataquen las causas que desembocan en la violación de sus derechos.

La propuesta, que está en la mitad de su trámite en el Congreso, ofrece una oportunidad valiosa para que, en torno a ella, el país asuma, desde todas las aristas, un necesario debate, que debe partir de la poco valorada premisa de que los niños son el activo más importante de cualquier sociedad, y de que no será posible construir futuro entre todos si no se les garantiza una crianza digna y saludable.

El Legislativo pone el asunto de nuevo sobre el tapete, y ninguna instancia puede sacudirse la responsabilidad que le toca en la defensa y protección del grupo más vulnerable: la infancia.