Lamentable que el estado natural del sistema de salud parezca ser el del escándalo y la polémica constantes. Eso se infiere del más reciente episodio mediático originado tras los señalamientos hechos por la Contraloría General de la República.

Según el ente de control, no solo ha habido demoras injustificadas de la Fiscalía para dar con los responsables del robo continuado de los recursos de la salud, sino que en los procesos de intervención de la Superintendencia Nacional de Salud en algunas entidades, como el de Saludcoop, habrían mediado intereses de los mismos dueños de la EPS.

En medio de la polvareda levantada en los medios por semejantes afirmaciones, y de otras que irresponsablemente se reciclan, los colombianos no solo oyen voces como la de la exfiscal Viviane Morales y la del Supersalud, Conrado Gómez, en defensa de su gestión frente a estos asuntos, sino las de gobernadores, secretarios de salud y representantes de todo el sector que opinan a favor o en contra y se responsabilizan mutuamente de la situación.

Sin embargo, queda claro, al cabo de una semana de ruidosa polémica, que la génesis de los últimos escándalos son las fallas estructurales de siempre, que se mantienen tras casi veinte años de creado el sistema de salud. Lo grave es que, a pesar de las reformas y las medidas que se ponen en marcha para taparlas, al poco tiempo aparecen más grietas por las que se desbordan los problemas.

Por ejemplo, se pensó que el lío de los recobros, que acrecentaron los gastos de la salud y alimentaron años de corrupción, se solucionaba actualizando el POS. No hubo tal. Meses después de puesto en marcha el nuevo plan de beneficios, los recobros no ceden.

Lo mismo se puede decir de las crecientes deudas que distintos agentes mantienen con los hospitales. Se creyó que se atenuarían mediante los giros directos a dichas instituciones, pero esta semana el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas aseguró que ya les deben más de cuatro billones de pesos.

También se pensaba que las quejas de los usuarios por fallas en la atención se acabarían con medidas como la homologación de planes y la ley antitrámites, para acortar los tiempos en que se otorgan las consultas. Esto tampoco ocurrió. Las organizaciones de pacientes denuncian que se enfrentan a las dificultades de siempre. Mientras tanto, y pese a los publicitados anuncios de control de la corrupción, la plata se sigue perdiendo.

En este estado de cosas, con un sector tan grande y complejo, es fácil señalar culpables. Cualquier funcionario, congresista, político y hasta reina de belleza que necesite dar un golpe de opinión encuentra en la salud una tarima. El problema es que de la bulla y los escándalos, recogidos con avidez por los medios, no queda, aparte del desgaste, ni una sola propuesta sustancial.

Eso se concluye de soluciones facilistas, como que haya un modelo de salud nacional, que se acaben las EPS, que la plata se la den solo a los hospitales, que no haya intermediarios entre médicos y pacientes y que el Estado produzca sus propios medicamentos. Pero ni siquiera quienes proponen las retóricas ideas son capaces de decir cómo llevarlas a la práctica. En medio de tanto globo, los usuarios, que son el objetivo principal del sistema, siguen llevando la peor parte.

Mejorar las condiciones de salud de la gente no es una tarea exclusiva del Gobierno; cada actor está en la obligación de poner de su parte. Y eso empieza por dejar a un lado tanto señalamiento inútil, por deponer intereses y asumir que el debate nacional amplio, en busca de soluciones concretas, no da más espera.

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